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“Lo que pasa en Brasil siempre afecta a todo el continente, en lo económico y también en lo político”, dijo el senador frenteamplista Marcos Otheguy (Lista 711). Históricamente ha sido así y por eso Uruguay vive con un ojo puesto en su vecino mayor. Más aún ahora que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta un proceso de destitución —impeachment— por supuestas maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas de su gobierno y que a su antecesor Luis Inácio Lula da Silva se lo involucra en el gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, llamado Lava Jato.
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Ayer miércoles la Fiscalía divulgó una charla telefónica grabada por la Policía entre Rousseff y Lula de apenas 30 segundos, en la que la presidenta deja ver su intención de intervenir en caso de que la Justicia fuera tras su antecesor. Esto complica aún más la situación de los dos referentes del Partido de los Trabajadores (PT).
—Mirá, estoy mandando a ‘Bessias’ (en alusión a Jorge Messias, subjefe de asuntos jurídicos de Presidencia) con el papel para que lo tengamos, usalo solo en caso de necesidad, que es el acta de asunción. ¿Está bien?— dijo Rousseff.
—Ajá. Está bien, está bien— respondió Lula.
Durante la tarde de ayer miles de manifestantes se volcaron a las calles de San Pablo para protestar por la designación de Lula como ministro. Tras conocerse la grabación telefónica se desataron nuevas protestas en Brasilia y otras ciudades. Hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que tenían como consigna “va a caer hoy”. Los diputados de la oposición, por su parte, pedían en cántico la renuncia de Dilma.
Desde el Frente Amplio se defiende a Lula y al gobierno que lidera el PT. Otheguy asegura que hay una “estrategia de la derecha de la región” que busca “generar un clima de inestabilidad política en el continente, tomando como base a Brasil en particular”. El senador socialista Yerú Pardiñas tiene “preocupación” por la “institucionalidad” en Brasil y “los embates” a Rousseff y Lula.
Las implicancias del Lava Jato, un sistema que desvió entre 2004 y 2012 unos U$S 2.400 millones de Petrobras a empresas, llegaron a Lula, acusado por la Fiscalía de São Paulo de ser “uno de los principales beneficiarios” del desvío de dinero. Al punto tal que el viernes 4 unos 200 policías y 30 auditores registraron su casa y lo llevaron a declarar esposado. La reacción de Rousseff fue contundente: ayer miércoles Lula pasó a ser su ministro de la Casa Civil, su mano derecha en el gobierno. Así el ex mandatario, escudado en sus fueros, eludirá el proceso judicial y solo puede ser sometido ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Para Pardiñas, se quiere “minar” el liderazgo de Lula de cara a su candidatura en las elecciones de 2018, porque “ya fue demostrado que no participó de actos de corrupción”.
“No se puede seguir jugando con el desprestigio de ciertas personalidades porque eso afecta la democracia y la institucionalidad del país, que hoy no está bien al igual que su economía”, afirmó. Asimismo, planteó su “preocupación por los problemas de corrupción”, que “es un flagelo que hay que erradicar de los Estados y la izquierda no está ajena a caer”.
Desde la oposición, el diputado colorado Ope Pasquet criticó la designación de Lula como ministro. “Es una locura”, dijo a Búsqueda. Y advirtió que la situación política actual en Brasil puede acarrear problemas económicos. En cuanto a las acusaciones sobre el ex presidente, Pasquet aseguró que será la Justicia quien determine si son ciertas. “Si se demuestra algún delito, tendrá que sancionarlo. Si sale absuelto habrá quedado tendida la alfombra roja para que regrese en triunfo al Palacio de Planalto”.
La Justicia brasileña sospecha que Lula posee dos viviendas pagas por las constructoras Odebrecht y Oas, dos empresas seriamente implicadas en el Lava Jato.
En Uruguay el Partido Nacional pedirá que se instale una comisión investigadora en Diputados, porque sospecha de una incidencia de Lula en el ex presidente José Mujica durante la adjudicación de la obra de la planta regasificadora a la filial brasileña del consorcio GNLS, cuya constructora fue Oas hasta que quebró en febrero de 2015 (ver página 12).
Los amigos.
Mujica y Lula se definen como amigos hace años y la corrupción destapada en Brasil no afecta su relación. De hecho, cuanto más compleja es la situación de Lula, Mujica más lo apoya. Cuando el mensalão, un esquema de pago de coimas a congresistas montado por el Partido de los Trabajadores, golpeó la imagen del ex presidente brasileño, Mujica lo defendió. “Lula no es un corrupto como sí lo era Collor de Mello y otros ex presidentes brasileños”, dijo en el libro “Una oveja negra al poder” de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. Pero a continuación narró cómo un apesadumbrado Lula le dijo poco antes del 1º de marzo de 2010 que había tenido que “lidiar con muchas cosas inmorales, chantajes”.
El Lava Jato vuelve a colocar a Lula en otro caso de corrupción durante su gobierno y una vez más Mujica lo respaldó. “Que lo investiguen. No sé qué va a hacer Brasil pero Lula es mi amigo. Tengo amigos a los que voy a visitar en la prisión”, dijo Mujica a “Folha do São Paulo” el martes 15. Pero advirtió que “hay mucha pasión política y puede haber intereses en acabar con la carrera política de Lula”.
Linchamiento.
Al mismo tiempo que Lula era designado ministro, en el Senado uruguayo los representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) planteaban una exposición escrita que condena la forma en que la Policía brasileña detuvo a Lula. En primera instancia, el Partido Colorado no acompañó que se envíen esas palabras a Brasil, pero luego se retractó y dejó solo al Partido Nacional en contra.
El blanco Javier García dijo a Búsqueda que si bien “cada uno puede tener su opinión”, no corresponde hacerlo porque es un tema “estrictamente sobre el funcionamiento interno del país”.
La declaración del MPP cuestiona la legalidad del operativo de “tono sensacionalista” porque Lula no se negó a declarar, sino que ya lo hizo tres veces en lo que va del año. La senadora Constanza Moreira, del sector Casa Grande, calificó de “jugada mediática” la detención y aseguró que “es horrible lo que hace la Justicia”, porque Lula no “piensa fugarse del país” ni “quiere obstaculizar la investigación”.
En tanto, el semanario “El Popular”, afín al Partido Comunista, publicó el viernes 11 que hay “un linchamiento público” contra el ex mandatario y que “el golpismo” busca “impedir su candidatura para el 2018”.
