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Hace poco más de un año Uber desembarcó en Uruguay sin pedir permiso a la Intendencia de Montevideo (IMM), que es la encargada de regular el servicio de transporte público en la ciudad. Durante ese tiempo, la empresa mantuvo una relación tensa con las autoridades de la comuna, que consideran que su actividad es “ilegal”. Si bien la IMM finalmente optó por regular a las aplicaciones de transporte —que conectan a choferes que tienen autos particulares con clientes— y envió hace unas semanas un proyecto a la Junta Departamental, todavía entiende que Uber opera por fuera de la ley y sigue con operativos para frenar su actividad.
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Por ejemplo, en los últimos meses la IMM hizo operativos para detectar, multar y retirar la chapa de los vehículos que usan Uber. La empresa se comprometió a pagar el monto para que las chapas sean devueltas a sus propietarios, pero la comuna instaló un procedimiento “burocrático” para retenerlas el mayor tiempo posible —unos dos meses—, dijeron a Búsqueda choferes que usan la aplicación.
Ante esa situación, la recientemente creada Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (Acua) solicitó ayuda a los ejecutivos de la empresa para que brinden algún tipo de apoyo a los choferes mientras la matrícula de sus autos está retenida, ya sea a través de un subsidio o del alquiler de un vehículo para que puedan trabajar durante ese tiempo. Sin embargo, la empresa no respondió al pedido, comentaron a Búsqueda fuentes de la gremial, que reúne a unos 500 choferes de aplicaciones, en su mayoría de Uber. Ese tema fue uno de los más tratados en las asambleas de la gremial. “Nos dieron la espalda”, comentó uno de los dirigente de Acua.
Al tiempo que la relación con la gremial exhibe ciertas tensiones, los ejecutivos de la empresa cambiaron su actitud y bajaron el perfil frente a las autoridades de la IMM, que quiere aprobar un proyecto para regular su actividad y con el cual ellos tienen discrepancias.
La iniciativa de la comuna plantea, entre otras cosas, que quienes deseen usar una aplicación de transporte deberán pedir permiso a la comuna, la cual podrá limitar la cantidad de coches de Uber —u otras aplicaciones— que circulen por la capital. El texto exige un canon de $ 1,70 por kilómetro recorrido y que los vehículos que se usen no tengan más de cuatro años de antigüedad. A su vez, da potestad a las autoridades para marcar un límite en la tarifa y evitar que los precios estén por debajo de los costos (una práctica que a veces es empleada por las empresas para eliminar a la competencia y luego volver a subir los precios).
El 25 de noviembre, en una comisión de la Junta Departamental, el gerente general de Uber en Uruguay, Iván French, pidió disculpas por los “errores cometidos en el pasado”. French fue citado por los ediles —junto con otros ejecutivos vinculados a la empresa— para discutir sobre el proyecto para regular las aplicaciones. En una entrevista con “El Observador” publicada el martes 6, el ejecutivo insistió con su intención de negociar sobre el tema.
Si bien los representantes de Uber dijeron que están a favor de que se regule la actividad de las plataformas, plantearon algunos reparos. Consideran que el canon es muy alto, que la antigüedad de los vehículos (no más de cuatro años) debería ser mayor y se oponen a tener que entregar datos sobre los usuarios.
A partir de los planteos que realizaron los distintos actores en las comisiones de la Junta —también concurrieron representantes de los trabajadores del taxi, Cabify, Easy Taxi, Cutcsa y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, entre otros— los ediles del Frente Amplio plantearon agregarle algunos puntos a la propuesta enviada por la comuna. La idea de los legisladores oficialistas, que son mayoría en la Junta Departamental, es limitar la jornada de los trabajadores de Uber y las empresas similares a 12 horas, dijo a Búsqueda el presidente de la Comisión de Movilidad, Martín Nessi.
Además, pretenden que el canon exigido pueda ajustarse cada determinado tiempo, lo que se puede implementar cambiando el tipo de moneda en que se paga de pesos a Unidades Indexadas. Otro de los puntos que están estudiando es especificar quién debe pagar ese monto, si la empresa o los choferes de las aplicaciones. Además, a la bancada del Frente Amplio le parece fundamental que lo que se recaude de ese canon sea destinado a un fondo especial para el transporte urbano.
Por otra parte, los ediles quieren prohibir que las empresas ofrezcan promociones que superen los costos de forma encubierta —es decir, a través de promociones que incluyan regalos como, por ejemplo, entradas para ir al cine—.
Si bien estas son las líneas generales de los cambios que busca introducir los representantes oficialistas, Nessi dijo que el tema y los detalles todavía están siendo discutidos. El objetivo, de todas formas, es que el decreto esté aprobado antes de fin de año.
El Parlamento también tiene proyectado aprobar una ley nacional —elaborada por el diputado José Mahía— antes de esa fecha. El texto es complementario a la iniciativa de la IMM y plantea que los servicios contratados por medios electrónicos sean regulados por las mismas leyes que rigen para otros medios. Así, por ejemplo, una empresa como Uber deberá respetar la regulación que existe en esa materia, y también deberá respetar las leyes laborales y pagar tributos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en un proyecto de decreto para instrumentar la ley y definir qué impuestos cobrará a Uber y a las compañías similares. Por un lado, está la situación de los conductores, a quienes está la posibilidad de gravarlos con el IVA y con el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) si superan cierto límite de renta, dijo a Búsqueda una fuente del Poder Ejecutivo.
En el MEF opinan que, como una parte de la renta que se genera es en Uruguay, la actividad de la empresa Uber también es gravable. El porcentaje que se le cobrará todavía está a consideración, agregó la fuente.
