“La idea no es generar una carga ni un perjuicio económico para las empresas”, aclaró Pablo Marrero, quien participó en la redacción del proyecto y es el responsable de la división de coordinación y acciones estratégicas del Programa Nacional de Discapacidades (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Marrero afirmó que la ley, de aprobarse, será un instrumento para lograr mayor inclusión y “sensibilización” en la materia. Admitió que requerirá de un trabajo “en equipo” con las empresas y las personas con discapacidad en lo que hace a “capacitación, educación y preparación” que llevará tiempo. “No es que a partir de la ley se vaya a las empresas a tocar timbre y decir que tienen que cumplir con esto. Hay que pulir muchas cosas que por sí sola la norma no va a hacer”, alegó el asesor del Mides.
Sistema de cuotas
En 2011 había en Uruguay 719.030 personas con discapacidad, según el último censo. Casi siete de cada diez (477.791) no buscaban empleo y otros 29.176 no estaban en edad de trabajar (menores de 12 años). Los activos eran 212.063, pero 7,6% estaban desempleados (16.056).
De los desocupados, el censo relevó 8.776 personas con problemas de visión, 3.160 con dificultades para caminar y/o para subir escalones, 2.110 con limitaciones para entender y aprender, y 2.010 con discapacidad auditiva.
Marrero dijo que actualmente el Pronadis cuenta con 700 perfiles laborales de los cuales unos 100 lograron insertarse. Agregó que en el registro nacional de personas con discapacidad —que el proyecto amplía para el empleo en el sector privado— figuran unas 6.800 habilitadas para trabajar. Asimismo, indicó que no hay buena información de cuál es la inserción de los discapacitados en el sector privado porque muchos no se registran ni informan.
En la exposición de motivos del proyecto votado ayer en comisión, se justifica el “sistema de cuotas obligatorias de reserva de puestos de trabajo” para discapacitados como una estrategia que se ha implementado en varios países de Latinoamérica. Menciona que para redactar el texto fueron consideradas las experiencias de Brasil, Ecuador y Venezuela. En Brasil, por ejemplo, la legislación obliga a las empresas con 100 o más empleados a reservar a ese grupo de 2% a 5% de los puestos. En Ecuador se fija un mínimo de 4% en empresas públicas y privadas que tengan al menos 25 empleados.
El primer artículo —que fue el más discutido— establece que las firmas privadas con “25 o más” trabajadores “deberán emplear a personas con discapacidad, en un porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores en todo nuevo ingreso que se genere a partir” de la vigencia de la ley.
Para las empresas que incumplan con esa disposición establece sanciones, entre ellas multas recaudadas por el Ministerio de Trabajo (MTSS) que luego volcará a la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, cuya creación se prevé en el artículo 20º del proyecto. Dicha comisión será un órgano colegiado con representantes del Poder Ejecutivo, instituciones de educación, del PIT-CNT y las cámaras empresariales, que tendrá a cargo el “seguimiento, control y apoyo a la inclusión laboral” de las personas con discapacidad.
El articulado plantea además que las empresas deberán generar las condiciones adecuadas para el desempeño del trabajador que incorpore. Para apoyar el acceso y mantenimiento del discapacitado en el empleo la iniciativa crea la figura técnica del “operador laboral”.
Agrega que el discapacitado no podrá ser despedido, salvo “notoria mala conducta, causa grave superviniente o incompatibilidad del grado” de dificultad con el puesto y siempre que no haya otra tarea compatible. Si la empresa incumple con eso, deberá abonar un despido extra de seis meses de sueldo.
Prevé un régimen de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por hasta tres meses, adicional al descanso anual normal.
Establece beneficios —como preferencias en las compras estatales y en las contrataciones directas que realice el Mides, entre otros que se reglamentarán— para las empresas que cumplan con lo dispuesto en el propio proyecto.
Preocupación.
La iniciativa despierta resistencias en parte del empresariado.
Fostik expresó “preocupación” al evaluar el texto, “dejando de lado el tratamiento humano y social de no excluir a las personas con capacidades diferentes”.
Dijo que la iniciativa “crea puestos de trabajo por ley” y advirtió limitantes prácticas para que las empresas puedan cumplir con la cuota prevista. Comentó que “no es lo mismo” cumplir con las condiciones de adaptabilidad del ámbito de trabajo para una firma con más de 100 empleados que para una de 25. Asimismo, planteó que se presentan restricciones en el sistema de transporte público y de accesibilidad para el traslado hasta el lugar de trabajo de parte de las personas con discapacidad.
“Para hacer algo tan bien argumentado, debió ser mejor tratado, y va camino a crear problemas de cumplimiento. No está estudiado que esta ley se pueda cumplir; yo le atribuyo condiciones de incumplimiento forzado”, dijo el directivo de la gremial de industriales.
Cuestionó el tratamiento que ha tenido el proyecto porque, dijo, no contó con intercambio suficiente y aportes del empresariado.
Además, citó la ley de responsabilidad penal empresarial como una restricción adicional.
Consideró que no hay tantas personas discapacitadas disponibles para insertar. Estimó, a partir de datos de las empresas registradas en el Banco de Previsión Social, que se requerirían más de 24.000 discapacitados aptos para trabajar.
“¿Por qué el Estado ha tomado en los últimos 15 años un promedio de 16 discapacitados por año? Como el Estado incumple le trasladan a la actividad privada la responsabilidad por ley”, afirmó.
“La universalidad, la obligación y la exigencia a partir de 25 empleados hacen que no sea viable. Es una muy buena intención que se debe ajustar. No hay duda que compartimos socialmente que estas personas no deben ser excluidas del mundo del trabajo”, enfatizó.
Por su parte, Eduardo Shaw, de la organización Deres que promueve la responsabilidad social empresarial, declaró a Búsqueda que la organización no ha tomado posición sobre el proyecto. Indicó que desde abril hay grupos de trabajo integrados por varias firmas socias que están analizando la iniciativa y en general las temáticas de discapacidad e inclusión.
Agregó que Deres promueve la inclusión de las personas con discapacidad de manera voluntaria como parte de la responsabilidad social empresarial. Y apuntó que “todo proceso de cambio debe realizarse de forma gradual y ser evaluado periódicamente” para ajustarlo.
Otras fuentes empresariales opinaron que la contratación de personas con discapacidad debería ser voluntaria y en función de “incentivos claros”, o bien obligatorio pero exclusivamente para empresas grandes.
Advirtieron que tal como está planteado el proyecto, se generará una “rigidez muy importante” en la contratación de nuevos empleados en un momento que ya está “complicado” desde el punto de vista del nivel de actividad.
Públicos
En el ámbito estatal, para el que rige la obligación, la inserción de discapacitados dista “mucho” de ser cumplida, evaluó Marrero.
En 2015 ingresaron 22, es decir 0,33% de las vacantes generadas ese año, cuando deberían haberse incorporado al menos 269 (4%) conforme con la ley vigente, según la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
Entre el 2010 y el 2015 entraron al sector público 256 personas con discapacidad: 41,8% con dificultades motrices, 18,4% de audición y/o habla, 14,4% visuales, 10,2% intelectuales y psíquicas, y 15,2% de otro tipo.
El jerarca del Pronadis alegó que se mantienen reuniones con la ONSC para que la administración se adecue a la exigencia establecida. En esa línea, informó que se trabaja en la redacción de un convenio para sensibilizar y capacitar a los responsables de recursos humanos de las dependencias públicas, entre otras cosas para brindarles apoyo en el diseño de perfiles con discapacidad al momento de realizar los llamados.
Agregó que desde el gobierno se avanza para la creación de un Instituto Nacional de Discapacidad teniendo en cuenta las recomendaciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
