La sociedad anónima Alur, propiedad de Ancap, decidió en 2010 construir una planta de bioetanol a partir de granos, que producirá 70 millones de litros de etanol y 60 millones de kilos de alimento animal por año. En diciembre hizo el primer llamado para el suministro llave en mano de una planta bajo el sistema Inside Battery Limits (ISBL). Según Alur, el llamado fue entregado a ocho empresas: Maguin (Francia), De Smet (Bélgica), Praj (India), APTI (EE.UU), ICM (EEUU.), Abengoa (España), Elecnor (España) y Desmet Ballestra (Bélgica). Así figuran en un informe presentado por Alur ante la Justicia.
En abril de 2011 Alur recibió siete ofertas de los proveedores invitados a participar, de acuerdo a la información oficial. Fueron preseleccionadas las de Praj, APTI, Abengoa y Elecnor. En junio se amplió el llamado a los cuatro preseleccionados; se agregó el “suministro de la obra civil” de la planta.
En agosto fueron seleccionadas las españolas Abengoa y Elecnor como finalistas y se les pidió una propuesta de asociación con Alur que incluya —además de la planta y la obra civil— la realización de los “periféricos asociados”. Alur decidió avanzar con Abengoa y negoció con esa empresa los términos del emprendimiento.
Entre setiembre del 2011 y junio del 2012 firmaron una carta intención, Abengoa actualizó su propuesta, Alur recibió una “oferta técnico comercial de los periféricos asociados a la planta” y decidió no aceptarla, hacer los periféricos por su cuenta y redactar el contrato con los españoles solo para la planta más la obra civil.
En ese período Pérez Morgan y Correa se reunieron con autoridades del gobierno intentando, sin éxito, que se les permitiera participar del proceso, ya que aún la planta no estaba adjudicada.
A mediados del 2012 el senador Jorge Saravia dijo que sospechaba de una “maniobra” por la cual alguien “se lleva 50 palos verdes”, dado que no le cerraban los números de la planta (Búsqueda Nº 1.665).
Este año, en marzo, Pérez Morgan y Correa concurrieron a la Comisión de Industria del Senado, donde hablaron de una sobrefacturación “monstruosa” en el proyecto. Como consecuencia de esos dichos, Alur presentó una demanda contra ellos por “difamación” y Sendic otra por “calumnias”. Además en los últimos días la empresa sucroalcoholera los demandó por “desacato” luego de que los empresarios revelaran información incluida como prueba. En tanto, en la Justicia del Crimen Organizado hay otra denuncia por el tema, del abogado Gustavo Salle.
Números.
En el juzgado los empresarios pidieron en junio que Alur presentara las ofertas que recibió por la planta. El juez relevó a la empresa de la confidencialidad, ordenó que se presentaran los documentos y dispuso la reserva hacia terceros de su contenido.
Según la información aportada por Alur en el juzgado, a la que accedió Búsqueda, por el “suministro importado” de los componentes de la planta las empresas cotizaron entre U$S 40,2 millones y U$S 49,4 millones. La instalación del sistema ISBL subió los montos a entre U$S 63,3 millones (la oferta más baja, de Praj) y U$S 99,8 millones (la más alta, de De Smet).
Con la cotización de la obra civil incluida, las cuatro empresas preseleccionadas plantearon el monto total: Abengoa ofertó por U$S 82,3 millones, APTI por U$S 87,7 millones, Praj por U$S 82,3 millones y Elecnor por U$S 89,8 millones.
El costo total del emprendimiento, según confirmó el presidente de Alur, Leonardo De León, en el juzgado, será de U$S 147 millones. Pero la empresa no especificó qué implican y cuánto cuestan los “periféricos”, que son la parte de la obra que hará por su cuenta.
Cuestionamientos.
Ya con los números sobre la mesa, Pérez Morgan dice que la “sobrefacturación” es “peor de lo que pensaba”.
En diálogo con Búsqueda sostuvo que “hay empresas de relleno que se presentaron directamente para perder” con valores “ridículamente altos”.
“La planta vale 40 millones, que era lo que nosotros decíamos. El problema es cómo se llega en una primera etapa a 82 millones de dólares. No saben cómo explicarlo y se amparan en el derecho privado que les da Alur para no presentar esa oferta”, dijo.
“Si es tan transparente como dicen, ¿por qué no abren los números?”, desafió.
“El sobrecosto viene no de la planta en sí, sino de los adicionales para la construcción de la planta. Las plantas valen más o menos todo lo mismo, porque no se puede mentir en eso. Lo que varía es de ahí a llegar a 82, y los periféricos”.
Allí se incluyen rubros “intangibles” que a juicio de los empresarios son los que fueron inflados. Por ejemplo, mencionaron una oferta que cotiza los fletes a U$S 3,4 millones y otra que pide U$S 10 millones por asesoría y alojamientos.
Pérez Morgan dice además que hay al menos una empresa que no se presentó al llamado. “Tenemos contacto directo con ICM y dice que nunca presentó una oferta para Uruguay. Esto que están diciendo ellos es mentira”. Según la versión de Alur, ICM envió “una estimación para una planta construida en Estados Unidos, sin cumplir con el llamado en todos sus términos, por lo que la oferta no calificó”.
El empresario radicado en Brasil también afirma que la empresa que es presentada como APTI en realidad no es APTI, sino que la oferta la envió la empresa española Isolux Corsán y ofrecía tecnología APTI. Además dice que “la oferta venía sin firmar, o sea que es trucha”.
Por esos motivos Pérez Morgan afirma que “no hay empresas estadounidenses” entre las que se presentaron al llamado. También sostiene que dos ofertas con valores diferentes fueron firmadas por la misma persona.
Preguntas.
En la audiencia del 29 de julio el abogado de los empresarios denunciados, Pablo Donnangelo, y el fiscal Carlos Reyes interrogaron a De León sobre los detalles económicos, y el presidente de Alur se negó a contestar.
El abogado preguntó “en qué consistió la propuesta de asociación” pedida por Alur a los dos finalistas. En las actas consta que “por asesoramiento de sus letrados patrocinantes” De León no contestó la pregunta.
Donnangelo le preguntó también “cuál era el alcance de la propuesta de periféricos asociados”, a lo que el jerarca de Alur tampoco respondió.
El representante de los denunciados inquirió si Alur estaba dispuesta a presentar en el juzgado la propuesta actualizada de Abengoa de febrero del 2012 y el informe de adjudicación que elaboraron los equipos técnicos. De León sostuvo que iba a evaluarlo.
También el presidente de Alur fue cuestionado sobre las diferencias en los precios. El ítem “ingeniería y servicios” fue cotizado por Praj en U$S 800.000, el “precio aproximado internacional” es de U$S 500.000 y la cotización de Abengoa fue de U$S 5,6 millones. “¿Esta diferencia no le llamó la atención”, preguntó Donnangelo. Según el acta, De León “no conocía el detalle”.
En el ítem “instalaciones auxiliares de proceso y montaje electromecánico” Abengoa cotizó U$S 28,7 millones de dólares. “¿No le llamó la atención dicho monto por tal concepto siendo que, por ejemplo, Praj cotizó por ese mismo ítem U$S 17,9 millones?”, preguntó el abogado. El jerarca no respondió.
“¿Está en condiciones Alur de poner en disposición de la sede los informes de la comisión técnica y/o asesora en el curso del proceso de compra?”, preguntó Donnangelo. “Por consejo de sus profesionales manifiesta que no responderá la pregunta”, dice el acta.
“Chantaje”.
Tras el interrogatorio, De León expresó “la molestia” que le “ha generado en el ambiente familiar, laboral, de las amistades de uno, que tiene que explicar los disparates que se dicen en los medio de prensa”. Además reprochó que “el 95%” de las preguntas de la defensa de los empresarios surgen de la prueba presentada por Alur.
“Hemos analizado las pruebas presentadas por parte de los denunciados. Todas ellas hacen referencias a búsquedas de Google. (...) Luego de toda la información que hemos presentado es poco serio que estemos discutiendo sobre búsquedas de Google, ya que estamos comparando boñatos y peras (...). Autos 2.0 hay muchos, algunos salen 16.000 y otros 70.000 dólares. Las diferencias son las prestaciones”, afirmó.
De León cuestionó también la experiencia de Serrana Bioenergía. “Con todos los contactos que tenemos en Brasil, (...) no hemos podido identificar antecedentes de esta empresa”, afirmó.
El vicepresidente de Ancap, Germán Riet, dijo en el juzgado que cuando los empresarios quisieron entrar en la competencia por la planta les explicó que “era absolutamente imposible (...), cuando ya se había conocido públicamente un monto estimado de la obra, permitir ingresar al proceso competitivo a una empresa de la cual no habíamos obtenido absolutamente ningún antecedente”.
Entre las pruebas que Alur presentó ante la Justicia se incluye un correo electrónico que Correa envió a Sendic el 24 de febrero de 2012. Según el acta, la defensa de Alur sostuvo que en ese correo “se formula una suerte de chantaje para el caso en que no se permita a la empresa Serrana Bioenergía tener algún tipo de participación en la construcción de la planta”.
El texto del correo, en la parte aludida, Correa se presenta como “ciudadano y frenteamplista de toda la vida” y afirma: “Cuando me refiero a ‘implicancias que se puedan derivar y que ahora podemos evitar’ estoy pensando en la repercusión pública de este tema si no se aclara debidamente. Me parece muy bien que estén ‘absolutamente tranquilos en la consistencia de este proceso’, pero usted sabe bien que en política hay que ‘serlo y parecerlo’”.
Más adelante dice: “Me anima el mejor espíritu de colaboración. Por eso es que primero planteo el tema dentro de nuestra fuerza política. De lo contrario habría acudido a otras tiendas que sin duda sacarían gran provecho político a todo esto”.
“La fiesta”.
El martes 12 el tema estuvo sobre la mesa en el Senado, donde se discutieron los resultados económicos de Ancap y la oposición pidió sin éxito formar una comisión investigadora.
Saravia preguntó “por qué se van a pagar U$S 100 millones más por la planta de etanol”. Dijo que no le contestan los pedidos de informes. Cuestionó el gasto en los “periféricos” y dijo que Ancap compró la caldera en U$S 8 millones y “en 2 o 3 los biodigestores”, por lo que no le cierran los números.
“¿Quién paga la fiesta?”, inquirió.
Durante una gira por Bella Unión el presidenciable colorado Pero Bordaberry dijo que según sus técnicos la planta de etanol “cuesta tres veces más de lo que realmente tendría que costar”.
El candidato colorado criticó “regalos de U$S 50.000 que hace Alur”.
“Y cuando pregunté por ello en el Senado me contestaron que no es mucha plata para una empresa como Alur. Es mucha plata, y lo que cuesta de más la planta de etanol en Paysandú también es mucha plata. Esos fondos tendrían que ir al desarrollo más eficiente del proyecto”.
Información Nacional
2014-08-14T00:00:00
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