Empresarios ven “difícil de tragar” protocolización de despidos

En los próximos días los consejos directivos de la Cámara de Industrias y de Comercio y Servicios (CNCS) analizarán el documento de dos carillas que Murro entregó a sus presidentes —Washington Corallo y Carlos Perera— mientras algunas autoridades del gobierno y asesores de los empresarios estaban en Ginebra, Suiza, en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el ámbito de ese organismo, ocho años atrás ambas gremiales empresariales presentaron una queja contra aspectos de la ley de negociación colectiva.

De hecho, luego de la reunión que mantuvo junto a directivos de su gremial con el presidente Tabaré Vázquez y algunos ministros el lunes 27 por el 150º aniversario de la institución, Perera dijo a Búsqueda que están de acuerdo con “el punto sobre la ocupación y piquetes”, pero en otros aspectos “de la queja no está dada la solución”. Sobre el protocolo para despidos, comentó: “Todos somos iguales ante la ley y no es nuestro principio” que el mismo sea “aplicable para unos (los sindicalistas) y no para otros (los empresarios)”.

“A prima facie, la propuesta no contempla lo que queremos, aunque reconocemos el esfuerzo del Poder Ejecutivo”, opinó Corallo consultado por Búsqueda. Además, consideró que “se agregan cosas no previstas. Estamos lejos todavía”.

El planteo que entregó Murro es visto con cierto escepticismo por parte de algunos integrantes del gobierno. Una fuente oficial opinó que el mecanismo de prevención de conflictos que se propone resulta similar al aplicado en Chile, donde termina siendo difícil para los sindicatos cumplir con los plazos fijados. “Pero si seguís adelante, quedás con las manos libres” para ocupar o llevar a cabo una huelga, manifestó.

“Difícil de tragar”.  

En su primer punto el documento presentado por Murro plantea un protocolo de prevención de conflictos laborales. Conforme con el mecanismo propuesto —según dijeron las fuentes—, los trabajadores y los empresarios deben seguir una serie de pasos frente a la Dirección Nacional de Trabajo y luego ante el Consejo de Salarios del sector, entre otras instancias que tienen un plazo perentorio para arribar a un acuerdo a la hora de emprender medidas de huelga, ocupación, envíos al seguro de paro o reestructuras de plantilla. De no alcanzar un entendimiento —en el lapso de unos 20 días, que es lo que llevaría cumplir con las distintas etapas—, las partes quedan habilitadas a resolver qué acciones tomar.

A los ojos de algunos empresarios, el protocolo de prevención de conflictos planteado por las cámaras tiempo atrás se desdibuja en la propuesta del gobierno y “se da de bruces” con el decreto de las ocupaciones (Nº 165/006), al no plantearse su derogación. Asimismo, sostienen que la herramienta que se propuso para prevenir conflictos del lado sindical ahora se pone “en espejo” del lado empresarial con “indeterminaciones”; entienden que el documento lo agrega para el caso de “despido, reestructura o situaciones similares que se determinen” y no se conoce cuáles pueden ser los casos ni quién los determinará.

“Ocupaciones hay de vez en cuando y despidos hay a cada rato”, remarcó un empresario. Alegó que los ceses de personal son parte de la gestión de las empresas que se van reciclando, reduciendo costos e incorporando nuevas tecnologías para mejorar su competitividad. “Nadie despide de gusto, es muy costoso y problemático”, agregó. Y consideró que la propuesta del gobierno está inspirada en el convenio 158 de la OIT, que regula la finalización de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

“Si para despedir debo seguir un protocolo, justificando, avisando y dando causa para que haya un problema (con el sindicato), hay una afectación directa al poder de dirección de la empresa. Eso es difícil de tragar”, reflexionó otra fuente.

Además, el documento del gobierno incluye la creación de un “Consejo de Trabajo” — una aspiración del PIT-CNT planteada tiempo atrás a Vázquez—para analizar iniciativas legislativas que surjan en materia laboral. Las gremiales empresariales rechazan esta idea porque consideran que se duplicarían ámbitos inútilmente.  

Una fuente oficial compartió que ese Consejo termina duplicando los organismos ya fijados por la ley que instala los Consejos de Salarios.

Otro tema que aborda la propuesta gubernamental es la “ultraactividad” de los convenios colectivos. Al respecto, se indica que tras el vencimiento del plazo del acuerdo se mantendrán sus cláusulas hasta tanto no haya otro que lo sustituya, salvo que se negocie lo contrario en el Consejo de Salarios del sector. Para las gremiales, la regla debe ser la inversa: que no exista ultraactividad, excepto si el Consejo de Salarios lo estipula.