Empresarios ven “más burocracia” en sistema de competitividad

Si bien todas las gremiales que comparecieron consideran necesaria una mayor coordinación entre los Ministerios e institutos que hacen a los temas productivos y de competitividad del país, ponen en duda que eso se logre porque quede establecido en una ley. 

Ley “innecesaria”.

Al comparecer en el Parlamento, la economista de la CNCS Ana Laura Fernández reclamó que se institucionalice la participación del sector privado como asesor de las políticas sobre competitividad.

En la misma línea, la asesora económica de la UEU María Laura Rodríguez alegó que el sector privado “debe estar presente en este sistema” y propuso que participe de la reglamentación de la norma. “(…) De la competitividad formamos parte todos, y los principales afectados son las empresas y, en particular, los exportadores. Por lo tanto, es necesario que discutamos en conjunto las distintas políticas”, alegó.

Acerca del diseño institucional previsto en el proyecto de ley, Rodríguez dijo que hace falta “mayor coordinación” entre los organismos para “enfocarse mejor en la competitividad”. En su opinión, si ello se logra por ley o por otra vía no es lo “más relevante”.

Sobre ese punto, el asesor jurídico de la CNCS, Juan Mailhos, fue tajante: “Esta ley es totalmente innecesaria”. Y agregó: “Para fomentar la competitividad —que es lo que intenta el empresario, el bolichero y el que se levanta todos los días y se calza las alpargatas— no necesitamos todo este festival sino que se apliquen los recursos que tiene el Estado dispuestos para esto, que se coordine. El problema que tenemos es que muchas veces coordinar lo público con lo público nos cuesta mucho, ni le voy a decir coordinar lo público con lo privado”.

“No es necesario este proyecto de ley”, consideró también Gabriel Murara, empresario y directivo de la CIU.

El asesor económico de esa gremial Sebastián Pérez sostuvo que la reorganización de las áreas del Estado relativas a la competitividad se podía haber hecho  por decreto, para darle más “flexibilidad”.

También cuestionó que la iniciativa a estudio prevea la implementación de un “observatorio productivo”. Dijo: “Tengo mis dudas de si es necesario, porque me imagino que esto después va a terminar en la necesidad de disponer de recursos, y la verdad es que los sectores público y privado ya hacen un enorme esfuerzo desde el punto de vista de la recopilación, la sistematización y la elaboración de estadísticas”.

El gerente de la ARU, Gonzalo Arroyo, señaló que el “ámbito de trabajo que crea el proyecto de ley, con participación de siete Ministerios y diez institutos públicos”, genera “escepticismo” sobre la “efectividad”, al ser un espacio “tan amplio  y diverso”. A su juicio, no será allí donde se logren solucionar los problemas de competitividad del país, entre los cuales mencionó la política macroeconómica, la inserción comercial internacional y la inversión en logística.

“Estamos discutiendo el instrumento, no estamos cuestionando sus objetivos”, aclaró ese representante ruralista.

Juan Canessa, de las Cooperativas Agrarias Federadas, apuntó que si bien un sistema que apunte a la coordinación y buen funcionamiento de las instituciones en torno a la competitividad puede ser una “buena herramienta”, preguntó si ello generará una “burocracia más grande” o dará un “beneficio mayor”. Y si genera un beneficio, “¿será volcado nuevamente al sistema o se reinvertirá? ¿Cómo se hará?”, interrogó.

Al cierre de la sesión de la comisión, el ex presidente y actual senador José Mujica reflexionó: “No podemos pretender que el sector privado aumente la productividad si no aumentamos la productividad del Estado. La productividad del Estado en un país desgraciadamente pequeño que no tiene masa crítica, pasa por un Estado que le vuele la bata y que defienda al país, y es lo que no tenemos. Hay gente que cree que el Estado mejora achicándolo, y pienso que nos vamos a joder bien jodidos. Lo que pasa es que tenemos un Estado gordo. Nuestro problema es de productividad dentro del Estado”.