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Empresas de cable quieren que la nueva ley de medios obligue a canales de TV abierta a ofrecer su señal sin precios “excesivos”
La Cámara Uruguaya de TV para Abonados propone que un tribunal arbitral regule los montos que cobran los canales de aire, para asegurar el acceso de todo el país a “la cultura nacional”
La Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados tiene a estudio el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que propone derogar la actual legislación, conocida como “ley de medios” y votada durante el gobierno de José Mujica. En el marco de ese análisis, en los últimos días fueron invitados a exponer su opinión distintos representantes del sector, entre ellos la Cámara Uruguaya de TV para Abonados (CUTA), que el miércoles 5 manifestó su apoyo al proyecto de ley.
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No obstante, la cámara planteó su interés en que se modifique el artículo 40 del proyecto, que establece que si un canal de aire le ofrece gratis su señal a una empresa de cable, siempre que estén dentro de la misma área geográfica de cobertura (los canales abiertos de Montevideo tienen una cobertura de 60 km a la redonda), el cableoperador tiene la obligación de transmitirlo. Pero si el canal de televisión abierta quiere cobrar por la retransmisión de su señal, el cable ya no tiene la obligación de incluirlo en su grilla.
Desde la CUTA, que nuclea a 78 empresas de TV para abonados del interior del país, propusieron agregar un inciso en el proyecto de ley con el objetivo de garantizar que todos los cables del país puedan incluir los canales de TV abierta uruguaya, “debido a la importancia que esas señales implican para la cultura nacional”. En la actualidad si los canales abiertos no desean ofrecer su señal a un cableoperador, no tienen por qué hacerlo.
A su vez, la cámara planteó que cuando las partes no lleguen a un acuerdo económico o se establezcan montos excesivos, se cree un tribunal arbitral constituido a través de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) para que fije un precio razonable.
Cortocircuitos
La relación entre los canales de aire de Montevideo y los cables del interior siempre ha tenido cortocircuitos. Los canales han llegado a negarse a vender su señal a los cables o han ofrecido hacerlo únicamente en forma de paquete solicitando “precios excesivos”, dijo a Búsqueda el abogado y asesor de la CUTA, Juan Felipe Orticochea.
Es por eso que desde el sector privado quieren que se regule el tema para evitar ese escenario, ya sea mediante un tribunal arbitral o, por ejemplo, una tarifa fijada por el Poder Ejecutivo, explicó el abogado.
En el texto que propone incorporar a la legislación, la CUTA argumenta que “en virtud del interés nacional que representan los servicios de difusión de contenido audiovisual de TV abierta de Montevideo y en atención al derecho de información de la población, resulta de interés general su difusión por medio de los servicios audiovisuales de TV para abonados de todo el país”.
En ese sentido, solicitan que todos los cableoperadores puedan retransmitir “en forma íntegra” cualquier señal de televisión abierta de Montevideo. Y en el caso de que se requiera una contraprestación por parte del canal de aire y las partes no lleguen a un acuerdo, los interesados tengan la posibilidad de solicitar al ente regulador “la constitución de un tribunal arbitral a efectos de que establezca las condiciones comerciales por la retransmisión de los contenidos (…) con el fin de asegurar la continuidad del servicio y garantizar el derecho a la información de los usuarios”.
Must carry.
El artículo 117 de la actual “ley de medios” establece el “must carry”, que implica que los cables están obligados a transmitir los canales abiertos que llegan a su zona de influencia, a la vez que ordena que esto sea gratuito. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese artículo, en el entendido de que los canales tienen derecho a cobrar una compensación.
“Quedó una incongruencia. Por ejemplo, que el cable de Las Piedras está obligado a transmitir los canales abiertos de Montevideo, pero ellos te pueden cobrar lo que quieran. Entonces el nuevo artículo 40 (con el inciso que propone la CUTA) busca solucionar eso”, señaló Orticochea.
Para el abogado, los canales abiertos tienen un valor cultural importante en todo el país, ya que son las señales que ofrecen contenido nacional. Y lo que ocurre en zonas de frontera, donde mayormente se encuentran las empresas de cable, es que si estas no ofrecen los canales abiertos de la capital, los habitantes se vuelcan a señales extranjeras de Brasil o Argentina.
“Es importante que en todos los puntos del país se vea las señales con contenido nacional y que se garantice a las empresas el derecho de comprar y transmitir esas señales a precios razonables”, afirmó.
Durante la instancia, el diputado colorado Martín Melazzi opinó que las condiciones establecidas en el artículo 40 “son una injusticia con los cables del interior”, dado que el primer punto (la coincidencia en el área geográfica) nunca se podría cumplir. Y por tanto, las cableras siempre van a necesitar la autorización, ya sea gratuita u onerosa, para retransmitir las señales.
“Pero eso no sucederá en Montevideo. Entonces creo que habría que estudiar si esos dos puntos no tendrían que quedar afuera y que todos los cables de Montevideo también quedaran incluidos en este inciso que los obliga, en forma gratuita u onerosa, a llegar a un acuerdo; eso los pondría en igualdad de condiciones”, opinó.
Según Melazzi, la idea es “potenciar el valor de los canales abiertos a través de los cables”.
Apertura
La delegación de la CUTA también trató durante la exposición en el Parlamento la situación económica crítica que atraviesan las cableras del interior, debido a la baja de abonados por la competencia de los servicios en Internet y al aumento de los costos.
Por eso, manifestaron su acuerdo con el artículo 48 del proyecto de ley, que pone fin al monopolio de Antel en los servicios de datos fijos a los hogares y autoriza a las empresas de cable sumarse a ese rubro.
Sin embargo, algunos diputados señalaron que ese artículo podría violar el principio de igualdad garantizado en la Constitución, dado que el proyecto prevé que se les otorgue licencias a las empresas de cable pero no a otros operadores satelitales, como DirectTV. Desde la CUTA entienden que ese derecho no se vería vulnerado, ya que no se trata de casos iguales.
“La TV satelital hoy tiene permisos para transmitir en todo el país, entonces sería un competidor fuerte para Antel. Pero si se libera totalmente el mercado, nuestras pequeñas empresas no van a poder competir con empresas de calibre internacional”, explicó Orticochea.
