Como en otras épocas, este verano los argentinos volvieron a Punta del Este buscando calma después del trajín del año y de las calamidades en su país. Algunos son dueños de esas casas y apartamentos que en invierno quedan vacíos, de los barcos amarrados en el puerto del balneario, de establecimientos agropecuarios; ellos y otros compatriotas suyos también tienen depósitos en el sistema financiero local. Una década atrás muchos estaban nerviosos: bajo presión internacional y del kirchnerismo, el gobierno del presidente José Mujica había roto con la histórica reticencia a entregar datos tributarios con los que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudiera olfatear en los patrimonios argentinos en Uruguay rastreando evasión.
Ya en 2011, desde el momento en que se anunció que se daría ese paso, hubo inquietud. También entre quienes en Maldonado, Colonia y en otras partes del país se benefician de la radicación de capitales argentinos, ya sean bancos, constructores o agentes inmobiliarios. Hasta los porteros de los edificios puntaesteños se sintieron en peligro: “¿Perderé el trabajo si los argentinos, en masa, venden los apartamentos” por temor a que en su país los pesquen subdeclarando riqueza?
Para los jerarcas uruguayos y el sistema político de la época era un tema delicado. Estaba planteada una cierta encrucijada: si Uruguay no firmaba un tratado de intercambio de información, el país podía recibir sanciones económicas por negarse a cooperar en el combate internacional de la evasión fiscal. Y si lo hacía, el riesgo era el de una fuga de capitales. A comienzos de la década de 2010, alrededor de 20 de cada 100 dólares depositados en el sistema financiero local eran de argentinos.
El convenio bilateral acaba de cumplir 10 años de vigencia y, según consultas efectuadas por Búsqueda entre distintos actores, aquel temor se fue disipando una vez que quedó claro que la AFIP se apegaría al texto y no abusaría de los pedidos de información. Las estadísticas muestran que la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya recibió una cantidad creciente de solicitudes en los primeros años hasta alcanzar un máximo de 94 en 2016, para luego bajar en los siguientes —a entre 15 y 22 anuales— de la administración del presidente Mauricio Macri. Ya con Alberto Fernández y el kirchnerismo otra vez en el poder, en 2020 la cifra se ubicó en el mínimo (13) de toda la serie entregada a Búsqueda por la DGI en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. En los años recientes, en particular durante la pandemia de Covid y debido a flexibilizaciones en los requisitos aprobadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou, más argentinos pasaron a ser residentes fiscales en Uruguay y también repuntó el número de solicitudes de datos hechos por la AFIP: volvieron a superar la veintena (29 en 2021 y 23 en 2022). En enero de 2023 cursó una.
De todos modos, sobre todo en los primeros años del convenio una cantidad no menor de pedidos fueron respondidos a la oficina de impuestos argentina denegando la información, con un máximo de 61 de un total de 94 en 2016. A su vez, en 2022 la DGI rechazó nueve de las 23 solicitudes que le envió la AFIP.
Hubo un total de 358 pedidos de información cursados desde la AFIP a su par uruguaya desde 2013 y hasta enero pasado. Aunque Búsqueda le requirió estadísticas desde el origen del convenio discriminando según hayan estado referidos a personas físicas o jurídicas (empresas) sospechosas de evasión, la DGI contestó omitiendo el primer año de vigencia, sin dar una razón: las 319 solicitudades que recibió desde 2014 pretendieron investigar a 238 individuos y a 81 empresas.
“Error mayúsculo”
Uruguay firmó a regañadientes este convenio con el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández. En 2009, Danilo Astori, el ministro de Economía del primer mandato de Tabaré Vázquez, creía que negociarlo “sería un error mayúsculo desde el punto de vista de la presencia de capitales argentinos, sobre todo en zonas como Punta del Este, que experimentarían una corrida importante”. Vinculados a ellos, en Maldonado “son miles y miles de puestos de trabajo. ¿Cómo voy a comprometerlos?”, declaró en Brecha.
Pero la postura cambió al intensificarse la presión desde países poderosos agrupados en el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, necesitados de dinero para recomponer sus finanzas tras la crisis de 2008-2009, hicieron campaña contra la opacidad fiscal que daba, por ejemplo, el secreto bancario. De esa forma, Uruguay amplió su red de acuerdos, que hasta entonces solo tenía con Alemania y Hungría; actualmente son 36, en algunos casos para evitar la doble tributación (24) y en otros (14) con el propósito de intercambiar datos que ayuden a la administración tributaria respectiva a investigar casos concretos de evasión y fraude fiscal. Los últimos que entraron en vigor fueron los suscritos en 2021 con Colombia y Japón.
Varios de esos tratados son con países que tienen escaso vínculo económico con Uruguay y, de hecho, algunos no se usaron hasta ahora. El más activo es el negociado con Argentina: desde 2014 al cierre de enero pasado, dos de cada tres de todos los pedidos recibidos (358 en 533) tuvieron ese origen.
Este acuerdo para prestarse “asistencia mutua” entre la DGI uruguaya y la AFIP, intercambiando información que resulte “previsiblemente relevante para la administración y aplicación” de los impuestos de cada país, se firmó el 23 de abril de 2012 en la estancia presidencial de Anchorena. Entró en vigor el 7 de febrero de 2013, hace 10 años, después de la ratificación legislativa en ambos países; el debate en el Parlamento uruguayo incluyó advertencias sobre el repliegue de capitales argentinos y el riesgo de sanciones al país si no se aprobaba el texto.
“Ojalá supiéramos que los argentinos pueden seguir comercializando inmuebles e invirtiendo en los distintos sectores de la actividad económica del país, como lo venían haciendo antes; ojalá supiéramos que los argentinos no están atemorizados por lo que les está pasando en su país y ahora por lo que les pasa en Uruguay. ¿Y saben cuál es la conclusión a la que van llegando los argentinos a los que les pasan estas cosas, porque quieren estar tranquilos? La conclusión es muy triste y muy paradójica: es que tienen que buscar otros países donde puedan invertir sin que exista un acuerdo que, como espada de Damocles, los amenace. Tienen que buscar otros países donde puedan invertir y donde no exista un acuerdo de intercambio de estas características con Argentina”, señaló durante esa sesión el senador blanco Francisco Gallinal. Citó un dato informado por esos días por una cámara empresarial para sustentar la idea de que había miedo entre los argentinos: las compraventas de propiedades en Maldonado habían caído entre 45% y 55% a partir de que se hiciera el anuncio de la negociación del tratado.
Pasados aquellos temores, las inversiones inmobiliarias por parte de argentinos repuntaron, según lo que dicen empresarios del sector. Actualmente, por ejemplo, están comprando apartamentos bajo el régimen de vivienda promovida con exoneraciones fiscales y otro tipo de construcciones más caras en Maldonado. También hay un empuje de demanda en Colonia.
Ni blancos ni colorados votaron el tratado alegando razones de soberanía y de otro tipo. “La no ratificación del acuerdo por parte del Parlamento debería significar que el gobierno uruguayo deje de ser sumiso, complaciente y sometido a los atropellos de la República Argentina (…). ¿Acaso se olvidó el gobierno uruguayo que hace aproximadamente un año el señor (presidente de Francia, Nicolás) Sarkozy nos denunció en los foros internacionales como ‘paraíso fiscal’?”, planteó Gallinal en aquella sesión del 7 de noviembre de 2012.
“Podemos estar asistiendo a la implementación de un Gran Hermano tributario que puede tener consecuencias y perjuicios insospechables para nuestro país”, dijo por su parte el senador blanco Jorge Larrañaga, hoy fallecido. En su opinión, el gobierno argentino no respetaría “en lo más mínimo las cláusulas de salvaguarda ni de (no) retroactividad” acordadas en el convenio, y no había garantía alguna de que no perseguiría “de cualquier manera a los argentinos que han invertido” en Uruguay.
“Es evidente que acá el que va a sacar ventaja y provecho es Argentina y no nosotros. Argentina va a cobrar impuestos que hasta hoy no puede cobrar y nosotros vamos a ahuyentar inversiones —como está sucediendo ahora— y, lo que es peor aún, vamos a hacer que se sientan traicionados en la confianza que depositaron en el país ciudadanos argentinos cuya información podrá ser entregada mañana o pasado al fisco argentino. Eso, obviamente, a Uruguay no le va a deparar beneficio alguno; todo lo contrario”, advirtió el colorado Ope Pasquet.
Los datos de 10 años de vigencia del acuerdo muestran que, efectivamente, el flujo de solicitudes a su amparo fue mucho mayor desde Argentina a Uruguay que a la inversa, lo que es lógico dadas las diferencias de tamaño de ambas economías: frente a las más de 300 cursadas por la AFIP, la DGI le hizo siete, incluida una de enero pasado. Frente al pedido de acceso de Búsqueda la Impositiva se excusó de especificar el rubro de actividad de los supuestos evasores investigados porque “dada la cantidad efectuada de requerimientos” se “podría permitir identificar a los contribuyentes”.
El frenteamplista Rafael Michelini fue uno de los principales defensores del tratado en aquella sesión del Senado. “Si no hay acuerdo, ¿qué va a ocurrir? Lo que ha sucedido hasta ahora: las autoridades argentinas van a ir a los ámbitos internacionales a decir que Uruguay no es cooperante, no es transparente”, y “el hecho de no votarlo nos pone en una condición totalmente aislada de toda la comunidad internacional”, sostuvo.
“¡Cómo cambia! ¡Cómo cambia! Desde aquellas consignas que veíamos pintadas en los muros del Uruguay entero: ‘¡No a los organismos internacionales!’, ‘¡No al Fondo Monetario Internacional!’, ‘¡No a esto!’, ‘¡No a lo otro!’, ‘¡No a posiciones genuflexas!’”, retrucó Larrañaga. “Es preocupante que le abramos la puerta a la más ferocidad fiscal” porque, dijo, “el futuro de muchas inversiones está en juego y, según algunas estadísticas, ya hay una retracción importante de la inversión argentina en el Uruguay”.
Según las series comparables informadas por el Banco Central que empiezan en 2012, el stock de inversión directa de origen argentino en Uruguay rondaba los US$ 5.100 millones en ese año previo a la vigencia del tratado, cayó a un mínimo de US$ 4.350 millones en 2015 y en los años siguientes la cifra fue más alta (US$ 5.052 millones en 2021).
Fuentes del sector bancario dijeron a Búsqueda que, sobre todo durante la negociación y, menos, enseguida de la entrada en vigor del acuerdo de intercambio de información rioplatense, recibían llamadas de consultas por parte de clientes argentinos y que hubo retiros puntuales, algunos por montos elevados. Pero no fue algo generalizado. Además, en la evolución de los depósitos en la plaza uruguaya de no residentes —que cerca del 80% son argentinos— podría haber influido la política interna argentina: el máximo de los últimos años (US$ 4.704 millones) se dio en el contexto de la incertidumbre previa a las elecciones de 2015 que ganó Macri; después oscilaron en niveles más bajos (en torno a US$ 3.300 millones en los meses recientes).
