En Uruguay debe cambiar la percepción de que los “delitos de cuello blanco” son “menos dañinos para la sociedad” que las rapiñas

Para que ese plan prospere, según Espinosa, es importante que el Parlamento apruebe dos proyectos de ley que elaboró un equipo coordinado por la Secretaría. Uno de ellos crea nuevos delitos precedentes del lavado de activos, aumenta las penas para quienes lo cometen y obliga a organizaciones sin fines de lucro como los partidos políticos a reportar operaciones sospechosas de ser una maniobra de blanqueo de dinero. El otro proyecto pretende adecuar la normativa uruguaya a los estándares internacionales en el combate al terrorismo.

—¿Cuáles son los objetivos de su gestión?

—Liderados por Carlos Díaz veníamos implementando un plan de acción con miras a la evaluación del GAFI del 2019. En función de eso se presentaron dos proyectos de ley al Parlamento, el de lavado de activos y el de terrorismo, que si se aprueban nos pondrían en una buena situación de cumplimiento de las recomendaciones internacionales. El complemento de eso es la efectividad: la nueva metodología internacional de evaluación del combate al lavado de activos mide la efectividad. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo es identificar sectores que necesitamos mejorar. El sector no financiero es el que nos preocupa más, porque el sector financiero desde hace más tiempo que está regulado. Ahí es donde tenemos el gran déficit.

—¿Qué han hecho para subsanar ese problema?

—El año pasado la Secretaría trajo 12 fiscalizadores que trabajaban en la DGI y se hicieron 200 inspecciones. El plan es por lo menos duplicar esa cifra este año, tratar de llegar a todo el sector no financiero en distintos lugares del país, porque hasta ahora nos centramos en Montevideo. Desde el punto de vista de la tarea directa de la Secretaría ese es el más importante. Conjuntamente con la fiscalización, la Secretaría se reúne quincenalmente con cada sector —inmobiliario, rematadores, casinos, zona franca, etc.— para ver los riesgos de cada uno y adaptar la normativa a esas necesidades.

—¿Es suficiente con duplicar el número de inspecciones o es necesario sancionar a los incumplidores?

—La idea es generar un cambio en la conducta de los supervisados y creo que se está logrando un cambio. Si no se sanciona al incumplidor esto no funciona, lo que tampoco quiere decir sancionar por cualquier cosa.

—La Secretaría detectó que un porcentaje importante de los escribanos fiscalizados no habían cumplido con las exigencias en materia de lavado de activos, en particular la denominada “debida diligencia” para conocer el origen de los fondos de una transacción. ¿Se los va a sancionar?

—El año pasado hubo una discusión pública con las nuevas autoridades de la Asociación de Escribanos hasta que en un momento se decidió que no era correcto manejarlo así. La Secretaría tomó en cuenta el planteo de los escribanos de que no habían podido terminar el plan de capacitación en todos los departamentos, entonces se llegó a un acuerdo de que, en la medida en que no haya incumplimientos graves de los escribanos que estaban siendo supervisados, se podía llegar a sancionar solo con una observación y no con una multa seria como se había pensado. Quizás hay uno o dos casos de escribanos que salen de esa normalidad porque hubo incumplimientos graves a la normativa. Lo que es seguro es que este año va a haber sanciones.

—Usted dijo que las exigencias internacionales incluyen un control eficaz. ¿Cómo evalúa el sistema uruguayo para perseguir delitos de cuello blanco?

—Uruguay tiene algo muy bueno que son los juzgados especializados en Crimen Organizado y el trabajo de los equipos multidisciplinarios que apoyan la investigación. Quizás lo que estaría faltando es reducir el tiempo que toman los juicios, que demoran mucho. Eso es algo que posiblemente mejorará cuando se aplique el nuevo proceso penal. Uruguay tiene una cifra de procesamientos de lavado cercana a los 500 casos, lo que es un número importante, pero tenemos poquísimas sentencias.

—¿Hay impunidad en cuanto a los delitos de cuello blanco?

—Creo que está cambiando y los resultados lo demuestran. Igual tenemos que mejorar mucho. Muchas cosas que se consideraban normales o dentro de las reglas de juego hasta hace poco tiempo hoy ya no lo son. En la medida en que se siga afinando la legislación, cerrando el círculo con los sujetos obligados y se mejore la investigación, creo que se van a tener más resultados. Hay que tener en cuenta, también, que siempre es más difícil probar un delito de cuello blanco que uno que no.

—¿Hay que aumentar las penas para esos delitos?

—Creo que sí. En los hechos, las penas que están en el proyecto de lavado no son livianas, son bastante fuertes. El tema es que se entienda que es un delito tan grave como el de la rapiña y creo que eso la opinión pública está viéndolo, todos estamos evolucionando a verlo con la gravedad que realmente tiene. Repito, venimos de una situación en la que los delitos de cuello blanco se consideraban como menos dañinos para la sociedad que una rapiña y creo que no debería ser así. Será un delito más difícil de probar, pero el que las hace las tiene que pagar.

—La investigación judicial que se desarrolla en Brasil por el pago de coimas a políticos por parte de empresas constructoras, conocida como “Lava Jato”, tiene ramificaciones en una decena de países latinoamericanos. ¿Uruguay tiene un buen sistema para prevenir y detectar la corrupción pública?

—Ricardo Gil, que acaba de asumir en la Junta de Transparencia, dijo que no es que estemos mal con respecto a Latinoamérica, pero que podríamos estar mejor. Creo que podríamos ser más proactivos en la investigación de la corrupción a través de un reforzamiento no tanto de la Secretaría Antilavado, sino de la Junta de Transparencia. Es necesario que la Jutep pueda investigar sobre las declaraciones juradas, por ejemplo. Creo que ahí faltan cosas por hacer y sería saludable que se hicieran. Por más que el ranking de Transparencia Internacional nos ubica bien, creo que hay mucho por hacer.

—El proyecto de ley sobre lavado de activos a estudio del Parlamento establece que los partidos políticos deben ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. ¿Eso ayudaría a combatir la corrupción?

—La idea respecto a los partidos políticos y todas las organizaciones sin fines de lucro es tenerlas como sujetos obligados y, en función de que lo son, poder pedirles información. Después se va a poder definir cuáles son sectores de riesgo de lavado y cuáles no, y evidentemente que los partidos van a quedar entre los de riesgo. Por la importancia que tiene el tema, debería también aprobarse una ley específica que establezca las reglas en el financiamiento de los partidos y las sanciones. Creo que tiene que discutirse incorporando a la Jutep y a la Corte Electoral. No sé si es la Secretaría la que tiene que impulsar ese proyecto de ley, más allá de que lo apoyemos.

—¿Qué otras medidas se pueden adoptar para mejorar el sistema?

—Lo otro que se debe hacer es dar a la Jutep la posibilidad de abrir las declaraciones juradas aleatoriamente o en base a un enfoque de riesgo.

—La Jutep, que se conoce como Junta Anticorrupción, parece tener pocas potestades.

—Exactamente. Recibe declaraciones juradas y luego no las puede ni usar. Nosotros incluimos a Ricardo Gil en la comisión coordinadora antilavado y él va a ser parte del equipo que va a atender al GAFI cuando venga. Todo el tema corrupción lo vamos a descansar en él.

—Dos semanas atrás, legisladores del oficialismo y del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley para derogar el delito de “abuso de funciones”. ¿Está de acuerdo con la idea?

—Por ahora no tengo posición, si nos consultan haremos un estudio y daremos una posición.

—El presidente de la Jutep planteó que Uruguay debería crear el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Está de acuerdo?

—Creo que sería otra de las mejoras que se podrían introducir en el combate a la corrupción.