En Uruguay falta “voluntad política” para “investigar a fondo” y ordenar a las Fuerzas Armadas que “den información”

Fondebrider consideró “grave” que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, haya señalado a los familiares de detenidos desaparecidos un lugar de enterramiento erróneo: “Tienen que hacer uso de la responsabilidad, es la segunda vez que sucede”.

—¿Cómo es la relación con el Grupo de Investigaciones de Arqueología Forense de Uruguay (GIAF)?

—La relación ha sido siempre más fuerte y constante con los familiares de desaparecidos del Uruguay, quienes han sido las personas prioritarias para nosotros y a quienes hemos acompañado y apoyado y seguiremos haciéndolo siempre. Por otra parte, a nivel del Estado también se nos ha pedido apoyo a demanda de los diferentes mecanismos que formó Uruguay y siempre ha sido nuestra intención colaborar. Sin duda no hay la fuerza y la voluntad política para investigar a fondo como hubo en la Argentina. Si bien se ingresó a algunos batallones a trabajar, la Justicia ha cumplido un rol muy secundario y muy pocos jueces y fiscales —con alguna excepción— realmente han investigado como corresponde, de forma tal que sigue quedando en manos de los familiares y las víctimas acumular la prueba, llevarla, y también ha sido mucho más difícil trabajar en las áreas militares. Por ejemplo, aquí en Argentina el juez ordena trabajar en un área militar y los peritos tenemos acceso completo, todo el tiempo que necesitemos, sin ningún tipo de control ni de vigilancia de parte de las Fuerzas Armadas o de otras fuerzas de seguridad…

—Y en Uruguay no lo ve así…

—No, ha costado mucho. Normalmente acá, cuando el juez determina que se trabaje en un área militar, todo el personal militar queda excluido del área y solamente tienen acceso los peritos nombrados por el juez y se acabó la historia. Creo que eso ha sido diferente en Uruguay. Me parece que las diferentes comisiones hicieron demasiado énfasis —hablo no tanto de la Comisión para la Paz sino de los mecanismos siguientes— en la investigación histórica y nos parece que falta mucho más de investigación criminalística y legal. Yo creo que es muy importante recuperar el proceso de la historia reciente en el Uruguay, pero que falta una visión mucho más de detective en la investigación para tener una hipótesis más acabada de qué pudo haber pasado con cada una de esas personas desaparecidas. Entonces, eso me parece fundamental más allá de la gran importancia que tienen los cuerpos que han sido hallados e identificados; porque hay que entender que siempre son búsquedas complejas y no hay que olvidar que si la gente que hizo esto dijera dónde están los cuerpos, sería mucho más fácil esa búsqueda. Pero (en Uruguay) nunca vimos, y tampoco vemos ahora, una voluntad como para realmente decirle a las Fuerzas Armadas “den información, abran los archivos”, lo cual hace las cosas mucho más difíciles y deja a los familiares en una situación de mucha soledad.

—¿Esa “voluntad” a la que se refiere depende solamente del Poder Ejecutivo?

—No, pero obviamente es responsabilidad del Estado hacer su trabajo en cuanto a apertura de archivos y brindar todos los recursos, porque además el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y, obviamente, también hay responsabilidad del Poder Judicial. Un juez tiene el poder para ingresar donde quiera y de allanar, pedir, exigir, llamar a gente que estuvo en esos años para que dé declaración y en este tema ha sido muy pasiva la Justicia de Uruguay. Por eso son siempre los familiares los que están, los que reclaman y los que van a seguir reclamando.

—En la comparación con Argentina se ven resultados diferentes: hasta hoy en Uruguay solo se han identificado cuatro personas desde el inicio de las labores de búsqueda en 2005, e incluso hubo interrupciones en algunos trabajos, como es el caso de las excavaciones en el Batallón 13… ¿Cree que estos procesos en Uruguay son más vulnerables ante las presiones externas que puede haber?

—Cualquier obstáculo debería superarse rápidamente si esto es prioridad del Estado. Es decir, si hay un artefacto explosivo hay que poner los medios necesarios para que se limpie el área y no esperar meses y meses; si no hay una máquina para excavar no puede ser que se demore meses en comenzar una excavación… Creo que de esa manera se manifiesta la voluntad política, crear una comisión es muy fácil, crear un organismo de investigación son palabras y eso solo comienza a ser efectivo cuando tiene acción, cuando tiene autonomía, cuando tiene posibilidad de hacer que las cosas se muevan y funcione. No puede ser que se detenga el trabajo, se debería estar excavando constantemente. Por otra parte, con respecto a los resultados y la comparación, las búsquedas son tan complejas y a hoy solamente hay algunas personas desaparecidas encontradas porque los lugares de excavación son muy grandes y no hay voluntad de colaborar de la gente que cometió esto. La ciencia no es magia, tiene sus limitaciones y por más que se trabaje muy bien toma tiempo.

—Respecto a esas voluntades, familiares de detenidos desaparecidos vienen exigiendo la “remoción inmediata” del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por brindar datos de enterramientos “falsos”. ¿Cómo ve esa situación?

—Me parece un hecho grave porque se generan expectativas en los familiares y cada frustración es terrible para ellos. Esta situación que denuncian me pasó justamente a mí cuando ingresé a uno de los batallones hace varios años, supuestamente el comandante en jefe del Ejército iba a señalar dónde estaba la madre de Macarena Gelman y fue también un fracaso. Tienen que hacer uso de la responsabilidad, es la segunda vez que sucede y me parece grave. Tienen que dejarse de hacer este tipo de operaciones y brindar información de dónde está realmente la gente enterrada.

—Aunque casos como el del maestro Julio Castro muestran que no fue tan así, uno de los aspectos que puede desalentar la búsqueda en Uruguay es la llamada Operación Zanahoria, por la que restos de detenidos desaparecidos en la dictadura habrían sido exhumados y destruidos ante el advenimiento de la democracia. ¿Existió dicha operación?

—Yo no he investigado concretamente ese tema y sería irresponsable de mí parte afirmarla o negarla. Lo que sí sabemos es que ese tipo de operaciones se produjeron por ejemplo en el caso de Chile. Creo que el hallazgo de los cuerpos que se encontraron en los batallones en Uruguay demuestra que hay que seguir buscando más allá de que haya habido o no una Operación Zanahoria. Porque el hallazgo de estos cuerpos significa que puede haber otros, me parece que no hay que quedarse con la palabra de que retiraron todos los restos y que hay que seguir buscando todo y agotar todas las posibilidades. Lamentablemente esto demora, toma tiempo, y se necesitan recursos; pero es responsabilidad del Estado dar una respuesta a los familiares y esto es fundamental.

—En el EAAF llevan más de 30 años realizando esta labor de investigación y analizando este tipo de procesos reparatorios. ¿Qué opina de la situación de Uruguay ante la ley de caducidad? ¿El caso argentino es emblemático en el mundo?

—No soy quién para hablar de la sociedad uruguaya. Cada sociedad elige su sistema de cómo lidiar y de qué quiere hacer con su pasado; es decir, cuánta justicia quiere, cuánto quiere saber y qué respuestas quiere darse. En el caso argentino fue una construcción de mucho tiempo con avances y retrocesos, y más allá de los diferentes gobiernos que tuvimos en democracia, sin dudas la sociedad civil, especialmente los familiares y los organismos de derechos humanos, fueron quienes hicieron que en la Argentina estemos con mucha verdad, mucha justicia y mucha reparación. Son procesos de largo aliento. Pero, insisto, cada sociedad elige la forma de hacerlo, hay países en donde ha habido amnistías totales y donde no se ha hecho absolutamente nada; por ejemplo, en el caso de España hasta el año 2000 no se hizo nada porque no hubo voluntad política y, si bien sigue sin haberla, la sociedad civil se ha movilizado para poder dar respuestas. Entonces en estos procesos creo que tiene que ver también con cómo cada uno escribe su historia, cómo se procesa el pasado, y cuál es el rol y el lugar que les damos a las personas que fueron víctimas, a sus familiares y a los sobrevivientes; y eso lo elige cada sociedad.