En Uruguay hace falta “audacia” para resolver la pobreza de 25.000 niños y la situación de la educación, dice el representante de Unicef

La educación es el otro gran tema que debe abordar Uruguay, afirmó. Es que hoy “la educación pública en Uruguay no está cumpliendo su mandato de equiparar oportunidades”, sostuvo.

—¿Cuáles son esas señales?

—De los 47.000 niños que nacen, al final el 25% son niños que siguen naciendo en hogares de pobreza, por lo que se trataría de hacerle el seguimiento a unos 20 o 25.000 niños por año. Hay que asegurar que todas las madres se hagan un control y que en los primeros meses de vida haya nutrición, estimulación, y creo que eso es posible. Uruguay podría ser el primer país que podría declarar que ya no hay transmisión de Sida de manera vertical. Y para hacer esto no hay que inventar mucha rueda. Capaz que le falta un poco de audacia en esto a Uruguay. Y también tener una intervención de calidad y estar conectado con el desarrollo científico. Reducir la pobreza desde el punto de vista monetario no es resolver el problema. Ese es un componente, pero si tú piensas en esa cifra que dijimos, que había al finalizar la crisis 60% de niños en la pobreza, hoy son los que están fracasando en la educación. Para mí es una cuestión de supervivencia, porque ahora se habla de Aratirí, pero el futuro de Uruguay se juega en la calidad de las personas.

—¿A qué se refiere con tener más audacia? ¿Quiénes la deben tener?

—Audacia en ir más fuerte en la innovación. Por ejemplo, concentrarse más con la investigación científica e ir más a fondo con los equipos como los de cercanía que apoyan a las familias, darles un poco más de espacio a las redes locales y no pensar que todo viene de una manera verticalizada —en Canelones el rol de la Intendencia ha sido importante—. Desarrollar con respecto a la carencia de hierro; hay una experiencia con la “chispita”, un polvillo que se pone en la comida de los niños que es más aceptada que la pastilla y la tableta.

—¿Le parece que se plantean ideas que luego quedan en el camino?

—Capaz que en Uruguay se toman las cosas con demasiada tranquilidad. El tema de la infancia es urgente. Yo digo: pucha, si mantenemos, como está reconocido, el enorme avance en la reducción de la pobreza en los niños y nos conformamos con esto, que uno de cada cuatro tenga un fuerte peligro de no desarrollar sus oportunidades, ¿el país está contento con esto? Yo pienso que no. Estamos hablando de hacerles un seguimiento más cercano a unos 22.000 niños, en un país que tiene la trazabilidad de la carne que te dice de dónde viene el bistec que estoy comiendo, y que me digan que no tienen la capacidad de hacer esto con los niños, no te lo creo. Eso para mí es un primer tema, en lo cual tengo una visión optimista. De otros países no la tengo.

—En esta campaña el tema educación aparece con más fuerza que en otras instancias, ¿cómo ve eso?

—Sí, aparece con más fuerza y lo veo positivo. A mí me costó creer que lo que me decían mis colegas era verdad: me daban las cifras de culminación de educación básica y yo decía “esto no puede ser así”. ¿Me están diciendo que más del 30% no termina la secundaria básica? Esto explica muchas cosas. Uruguay fue un país pionero en la universalización de la educación primaria, y fue muy coherente con esta meta. El país se ha dado cuenta de que si quiere jugar en una liga más como la “Champions”, bueno, los chicos deben terminar secundaria. Y esto no se ha trabajado mucho como política de Estado. Ahora en educación yo veo menos consenso; no tanto en el diagnóstico, pero hay visiones ligadas a la ideología. Hay un tema y es que necesitan más recursos para infraestructura, para más horas de docentes. Yo pensaba que no sería malo que el país se ponga una meta. Ahora, más o menos, el 30% no termina la media básica. Que de acá a cinco años termine el 80% o 90%. Entonces se ponen esta meta y para llegar a esto tienen que ver qué hacer. Creo que durante la campaña se mirará mucho negro y blanco, capaz que después van a redescubrir el gris o la paleta de colores. Es indudable que si queremos hablar desde lo político, en los últimos dos gobiernos, que son diferentes a los que había en Uruguay, ha habido inversiones. La gente puede decir que esa inversión no se vio nada, pasa que en educación no se recupera al año siguiente. Hubo un aumento en las escuelas de tiempo completo. Creo que se podría usar más el Ceibal, que permite entre otras cosas una evaluación más en línea de los resultados. Va a ser más complejo, porque hay mucha resistencia al cambio en el interior del sistema educativo. En muchos países ha habido una desprofesionalización de los docentes.

—¿No hay una cuestión ideológica que pesa en la educación misma, como que hay una barrera que no se puede pasar?

—En “Brecha” leí al consejero Daniel Corbo, que no es del Frente Amplio, y veo a un defensor de la educación pública. Lo que sí me parece, y creo que me hice algún enemigo al decirlo, es que en este momento la educación pública en Uruguay no está cumpliendo su mandato de equiparar oportunidades. Lo que no quiere decir que la solución sea privatizarla. Ahora, tampoco le podemos pedir a la escuela que resuelva los problemas sociales. La tasa de fracaso escolar no corresponde automáticamente a la tasa de pobreza. Hay que entender que el tipo de alumnos de ahora no es el mismo de antes. Antes los hijos de los pobres no llegaban a secundaria. El mundo ha cambiado. Lo que tenemos que educar es a niños que vienen de contextos difíciles, aunque no todos vienen de familias desestructuradas y que se dedican al tráfico de pasta base.

—Si bien usted plantea la atención a los niños pobres y los problemas de la educación como los grandes temas, en la opinión pública el principal tema es la inseguridad, en especial la referida a los adolescentes infractores. Usted ha planteado mucho sobre este tema pero la opinión pública sigue apoyando la baja de la edad de imputabilidad. ¿No siente esto como una frustración?

—Frustración no. Nosotros, Unicef, tenemos una referencia que son los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención fue muy anticipadora. Resume una serie de principios básicos. ¿Por qué debe haber un tratamiento distinto y se establecen los 18 años como límite? La neurociencia te dice que el desarrollo de una persona, el manejo de la emotividad, del peligro o no peligro, se desarrolla hasta los 21 años. Nosotros decimos que tratamiento distinto no implica impunidad. Implica un sistema de responsabilidad penal juvenil. Uruguay tiene un Código de la Niñez y Adolescencia y si se mira, uno ve que no se ha implementado. No hay especialización a fondo, ni de defensores, ni de jueces, que siguen utilizando la privación de libertad de manera muy amplia. Y se ha instalado en la opinión pública el pensar que el aumento de la inseguridad se debe a la actividad del adolescente. Nosotros decimos que la evidencia no lo demuestra, lo que no quiere decir que no haya adolescentes involucrados en hechos graves. Lo que decimos es que en política criminal de adulto Uruguay escogió un aumento de las penas y tiene casi diez mil personas privadas de libertad, y no me parece que eso le haya resuelto los problemas de seguridad. Porque no me pueden decir que todos los problemas de seguridad se deben a 200 o 300 adolescentes. No es un tema de cambiar el código, es un tema de trabajo. Se tendría que reducir la privación de libertad a los delitos más graves y que haya medidas alternativas pero serias. Para eso se necesitan recursos en plata y recursos humanos y esto no hay. Además los cambios propuestos del Ejecutivo van por el camino del aumento de penas, pero no he visto un párrafo que diga “vamos a aumentar los recursos”. Es interesante ver que en la cuna de la “tolerancia cero”, en Nueva York, hay un plebiscito para aumentar de 16 a 18 la edad de imputabilidad penal. Para mí lo más importante es que la población pueda votar con información. Por eso hemos jugado un rol. Y si no pasa el plebiscito sería bueno también que no se diga que todo está bien. Hay que abordar seriamente cuál es el sistema penal adolescente que puede funcionar, que haya medidas y sanciones de acuerdo a la gravedad del delito. La sociedad tiene todo el derecho de que un delito sea objeto de una sanción.