Besar el pan antes de tirarlo es un gesto simbólico que dice mucho acerca del valor que antiguamente la sociedad les otorgaba a los alimentos. Y si bien todavía es habitual escuchar en los hogares el concepto de que “la comida no se tira”, esta idea no parece reflejarse en la práctica: al menos un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo termina en la basura.
Uruguay no escapa a esa realidad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hoy se desperdician en el país 125 millones de frutas y verduras al año. Al tiempo que se pierden esos alimentos, hay al menos 250.000 personas en situación de inseguridad alimentaria, cifra que se incrementó a partir de la crisis provocada por el Covid-19, subrayó Yamandú Plada, director de la Red de Alimentos Compartidos (Redalco), durante un conversatorio sobre desperdicio de alimentos realizado el viernes 15 en la Universidad Católica.
Según Plada, es importante también tener en cuenta “todo lo que se desperdicia en la cadena”, es decir, todo lo que se tira cuando se desecha un alimento, como los recursos hídricos, el uso de la tierra, la energía y la mano de obra.
Redalco es un proyecto social que recoge las frutas y verduras descartadas por los comerciantes de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo para repartirlas entre organizaciones sociales. Su director explicó durante la actividad que “el desperdicio no es alimento en mal estado, sino que son productos que se desechan por estética, tamaño o malformación de la naturaleza”.
Dijo que si se recuperara esa cantidad que hoy se desperdicia, le podrían entregar al año 500 kilos de frutas y verduras a cada una de esos miles de personas que hoy lo necesitan. “Son tres platos diarios de 400 gramos de frutas y verduras cada uno”, destacó.
La emergencia sanitaria agravó la situación, ya que al aumentar el desempleo y la pobreza, más personas debieron recurrir a iniciativas barriales, ollas popular o merenderos para asegurarse un plato de comida. Y por tanto, el trabajo de Redalco también se incrementó. La organización pasó de entregar entre 20.000 y 60.000 kilos mensuales de frutas y verduras al inicio de la pandemia, a entregar actualmente unos 130.000 kilos.
Plada informó que la red entrega alimentos a unas 350 organizaciones sociales de forma semanal, lo que beneficia a entre 35.000 y 40.000 personas cada semana.
El Banco de Alimentos del Uruguay, otra de las organizaciones que se enfoca en el rescate de alimentos y su posterior distribución, también experimentó “un crecimiento muy significativo” de su actividad a raíz de la emergencia sanitaria, si bien ya observaban un crecimiento sostenido en los últimos tres años. Según afirmó su directora, Dolores Battro, hasta setiembre de 2021 llevaban entregados 242.000 kilos de alimentos. Trabajan con 150 organizaciones sociales que atienden a cerca de 40.000 personas.
En paralelo, la organización Plato Lleno también debió redoblar esfuerzos en el último tiempo, aunque según su directora, Adriana Cristante, los resultados continúan siendo insuficientes. Según expuso durante la conferencia, la organización logra recuperar hoy alrededor de 12.000 kilos mensuales que “habrían terminado en la basura”.
En Uruguay se desperdician más de 2.700.000 kilos por día de alimentos, indicó Cristante. “Entre las tres organizaciones de la sociedad civil trabajando cada día todos los días, logramos rescatar menos de 6.000 kilos diarios. Una parte ínfima de ese total que se pierde cada día”, indicó.
La cifra, agregó, se desprende del testimonio de productores hortifrutícolas, empleados de locales de ventas, de fábricas y distribuidoras, las cuales incluso pagan a una empresa para que recoja y destruya el excedente de alimentos, o lo “ofrezca como comida para los cerdos”.
Esto se debe a que a una empresa le resulta más conveniente destruir esos alimentos que donarlos, dijo Cristante, a lo que se suma el miedo de las compañías y comercios de enfrentarse a un problema legal en caso de que uno de los productos donados intoxique a una persona.
Este es uno de los puntos centrales que las senadoras oficialistas Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) y Carmen Asiaín (Partido Nacional) contemplaron en el proyecto de ley sobre donación de alimentos que se encuentra a estudio del Parlamento, el cual retoma una iniciativa presentada en 2016 por el entonces diputado Adrián Peña.
“Es fundamental que este proyecto salga finalmente a la luz. Y es responsabilidad de todos migrar hacia modelos de producción y distribución más sustentables que redunden en un beneficio para toda la sociedad”, opinó Cristante.
La senadora Sanguinetti, por su parte, indicó que el proyecto de ley tiene como objetivo principal fomentar las donaciones de productos alimenticios con destino a consumo humano por parte de operadores del sector alimentario. “Proponemos que esto se declare de interés general”, explicó.
El proyecto plantea que se cumplan las exigencias bromatológicas correspondientes, así como que se exija el registro del destino final de las donaciones. Y sobre todo, propone que una vez entregados los alimentos en las condiciones adecuadas, las empresas donantes “queden eximidas de la responsabilidad” en caso de existir un problema, lo que en otros países se conoce como “la ley del buen samaritano”.
“Otro cambio sustancial tiene que ver con el incentivo fiscal”, dijo Sanguinetti. Es que hoy las empresas que destruyen alimentos pueden descontar un porcentaje del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas al catalogarlo como pérdida. Pero lo que se pretende es que puedan hacer lo mismo al realizar una donación, algo que hoy no ocurre.
Battro opinó que lo importante es que el proyecto de ley “incentive más que castigue, y que abarque la totalidad de la cadena de producción y comercialización de alimentos. A su vez, destacó especialmente el deslinde de la responsabilidad por parte de las empresas, lo que definió como un elemento de suma importancia.
“La ley sola no va a aumentar la donación de alimentos, por lo que lo importante es convencer a los empresarios a cambiar el chip. No es un problema de falta de alimentos, sino que es un problema logístico y de distribución que puede ser solucionado”, señaló.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también participó en el evento, y durante su exposición propuso implementar una alianza entre organizaciones sociales, el Parlamento, el gobierno departamental “y los que generan los desperdicios”, que permita aprovechar los alimentos que hoy se desechan. Es que para la jefa comunal, los generadores de ese excedente hoy “no están participando en el proceso de recuperación y aprovechamiento” y opinó que “tirar es irresponsable y hay que pagarlo”.
En esa línea, se mostró a favor de establecer un impuesto a quien produzca este tipo de residuos, algo que propondrán sea tomado en cuenta en la consulta pública sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos.
