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La campaña prorreferéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) continúa pese a la pandemia. Ferias, plazas, locales sindicales, comités de base y sedes partidarias del Frente Amplio son puntos de acogida para las firmas, con una premisa que parece sobresalir sobre las demás: para la oposición la ley ampara un carácter represivo y punitivo que ha desembocado en numerosos casos de abuso policial. Al presentar la campaña en diciembre el comunicado del Frente Amplio ya mencionaba “el aumento de la discrecionalidad en el accionar” de la Policía que la LUC avala. En las últimas semanas sus dirigentes apelaron a hechos concretos para demostrar ese argumento.
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Se trató de dos operativos ocurridos en Malvín Norte y en Pocitos que generaron la reacción del Frente Amplio e internamente en algunos mandos policiales la sensación de que ese tipo de casos son aislados pero exagerados desde la oposición con el objetivo político de derogar la LUC y no de intentar mejorar la seguridad pública. Esa posición es compartida por integrantes del gobierno, dijeron distintas fuentes a Búsqueda.
Fuentes políticas aseguraron que “es evidente que se ataca a la Policía” con el argumento de la LUC como “muletilla”, ya que en cada ocasión disponible la oposición “sentencia” cuando los hechos muestran que “no hay fundamento para generalizar las situaciones de exceso policial ni hay en la LUC disposiciones que los favorezcan”. Según las fuentes lo que hay “es un relato panfletario” de la oposición que busca “neutralizar y estigmatizar” a la Policía.
El viernes 12, durante un procedimiento policial en Pocitos, un agente de la Guardia Republicana golpeó a un hombre y le exigió violentamente que elimine una grabación de su celular. La situación fue registrada en video por un vecino.
Mientras el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades y sancionó al policía agresor, el senador comunista Óscar Andrade advirtió en Twitter el peligro de que estas conductas se repitan. “Jan Jarab, experto de Naciones Unidas, alertaba sobre la LUC: ‘en la experiencia internacional, la ampliación del uso de la fuerza junto con reducción de la rendición de cuentas representa un cóctel peligroso que resulta en violaciones graves de derechos humanos e impunidad’”, criticó. El jueves 18 fue el senador del MPP Charles Carrera quien hizo su descargo en una rueda de prensa: “La discusión de fondo aquí es que lamentablemente hay un discurso desde la Ley de Urgente Consideración, desde las autoridades civiles y desde las autoridades policiales con el principio de autoridad, con el ‘se terminó el recreo’. Todo eso trae un mal mensaje a la Policía y los malos policías actúan de la forma que actuó este policía”, afirmó.
Las fuentes consideran que los legisladores frentistas aprovechan estos casos para alimentar “una estrategia de conflicto social” que tiene como fin desgastar políticamente al gobierno.
Uno de los consultados señaló incluso que los datos contradicen el argumento de abuso policial y “gatillo fácil”, ya que en el primer año del actual gobierno la Policía abatió a 21 delincuentes, mientras que en el último año de la gestión de Eduardo Bonomi fueron 34. “Desde que asumió el gobierno la oposición y sus organizaciones satélites han buscado erosionar la legitimidad de la Policía hablando de excesos, como queriendo poner a la gente contra la Policía. Se habló de la plaza Seregni, se habló del empleado municipal, se habló del malabarista alentado por un diputado frenteamplista, sin encontrar allí ninguna situación irregular”, explicó.
Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
Aglomeraciones
El otro caso señalado por la oposición ocurrió el 21 de febrero en Malvín Norte, donde una llamada al 911 por un hurto terminó con tres mujeres heridas por munición no letal tras incidentes entre policías y vecinos. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) resolvió iniciar una actuación de oficio para identificar posibles vulneraciones de derechos por parte del Estado, cuyo resultado se observa con atención desde el Ministerio del Interior.
La cartera mantiene vigente la posibilidad de reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la Ley 18.446 que creó la Inddhh, basándose en un análisis jurídico solicitado en agosto al abogado y profesor Juan Andrés Ramírez, que señaló falencias jurídicas en la forma y actuación de la institución. El ministro Jorge Larrañaga había manifestado claramente su molestia cuando concurrió entonces a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde describió a la Inddhh como “una deriva ideológica” que “alienta el enfrentamiento con la Policía”, luego de que una de sus resoluciones pronunciara que hubo violación de derechos humanos y uso ilegítimo de la fuerza letal en un procedimiento policial ocurrido en abril.
Bajo este clima, el jueves 18 el Parlamento, sin los votos de la oposición, prorrogó por 30 días la reglamentación del derecho de reunión consagrada en el artículo 38 de la Constitución. Hasta el momento la Policía debió intervenir en casi 5.000 ocasiones para disolver aglomeraciones. Todas las intervenciones fueron filmadas y se dio cuenta a la Fiscalía General de la Nación. En algunas ocasiones en que con el exhorto policial no fue suficiente, se decidió filmar y derivar a Fiscalía, pero no disolver las aglomeraciones para evitar mayores incidentes y posibles heridos, como en el caso de la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer o el acto negacionista de la pandemia realizado el sábado 20 en el Buceo, que tuvo entre sus protagonistas al abogado Gustavo Salle.
Luego de las nuevas medidas contra el Covid-19 anunciadas por el Poder Ejecutivo el martes 24, que entre otras cosas suspendió todas las actividades deportivas en espacios abiertos o cerrados, la Policía también está atenta a que en la rambla y otros espacios abiertos del país no se produzcan aglomeraciones con riesgo sanitario por parte de clubes, gimnasios y grupos de entrenamiento.
