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En el primer mes de aplicación de la ley hubo más abortos en mutualistas y seguros privados que en los hospitales públicos
El dato es “preliminar”, pero “desestigmatiza la idea de los que siempre dicen que las mujeres de menores recursos son las que más recurren” a la interrupción del embarazo, dijo el subsecretario Leonel Briozzo
En el primer mes de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la mayoría de los 200 abortos legales realizados ocurrieron en instituciones privadas, lo que “desestigmatiza la idea de los que siempre dicen que las mujeres de menores recursos son las que más recurren al aborto”, dijo a Búsqueda el subsecretario Leonel Briozzo.
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El jerarca hizo un balance del primer mes de aplicación de la normativa el viernes 11. En conferencia de prensa explicó que en las mutualistas y en los seguros privados fue donde hubo un mayor número de interrupciones, más incluso que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otros hospitales públicos. Esto implica una “primera tendencia”, añadió.
Briozzo declaró a Búsqueda que “el embarazo no deseado se da en todas las clases sociales, en todas las religiones y edades”.
El subsecretario también informó que fue mayor la cantidad de abortos en Montevideo en comparación con el resto del país. “El balance es positivo. Estamos conformes con la evolución que ha tenido la implementación de la ley. El primer mes es el más complejo siempre. De ahora en adelante tenemos mucho para mejorar, pero este primer mes ha sido de experiencia pero también de resultados interesantes”, consideró.
Al respecto, Briozzo explicó que los funcionarios de la división de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública trabajan para poner en funcionamiento a partir de marzo un “sistema de reporte formal” para registrar todos los casos y crear estadísticas sobre números de abortos en el país.
Se trata de un sistema de “vigilancia más estricta” pero complejo, porque debe asegurar la “confidencialidad” y coordinar los datos con instituciones de salud de todo el país.
A su juicio, en Uruguay se repetirá la tendencia mundial de que en un primer momento se dispare el número de abortos, para luego estabilizarse y finalmente descender.
“Continuar el embarazo”.
Briozzo agregó que no fueron “reportadas ningún tipo de complicaciones ni problemas graves” aunque “sí algunos problemas con los plazos para llevar adelante el procedimiento”.
La semana pasada se conoció el caso de una mujer que decidió hacerse un aborto cuando todavía estaba en plazo, y a quien se le proporcionó el Misoprostol para que lo llevara a cabo. Pero el medicamento falló en dos oportunidades, por lo que se cumplió el plazo para realizar la interrupción del embarazo y, según dijo la mujer a Telenoche, los médicos le sugirieron que consiguiera la medicación de forma ilegal para terminar con el proceso. La mujer demandará al Ministerio de Salud Pública.
Por otra parte, de la información preliminar se desprende que en el Hospital Pereira Rossell —el centro de maternidad de referencia del país— “entre un 10 y un 20% de las pacientes, luego de la consulta de asesoramiento, decidieron continuar con el embarazo”, afirmó.
Objeciones y capacitación.
Al tiempo que continúa la controversia entre el Ministerio de Salud Pública y algunos ginecólogos por la propuesta a estudio de exigir una “justificación real” de las objeciones de conciencia, ASSE emitió una normativa a sus equipos de salud en la que prohíbe a sus médicos dar información sobre el tema.
Según publicó “El País”, el único autorizado para hablar será el Ministerio. En esa Secretaría de Estado, a su vez, se pretende racionar las declaraciones de sus jerarcas para evitar incrementar la polémica.
El viernes 11, Briozzo informó que en marzo realizarán un “taller de alto nivel” para “conceptualizar” la objeción de conciencia y cursos de capacitación para “protocolizar” la atención a las usuarias y así incrementar la “seguridad” de los médicos y las pacientes.
