En febrero, antes de llegar el Covid-19, bajó la recaudación de impuestos

En un interregno se encuentra, por ejemplo, la recaudación de tributos de febrero: algo del impacto proveniente del exterior —por la vía comercial— ya empezó a observarse ese mes, mientras que con los datos de marzo comenzarán a verse las consecuencias de la virtual paralización de la actividad en Uruguay, derivada de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo al confirmarse los primeros casos locales.

En enero-febrero la recaudación neta real de la DGI disminuyó 0,5% frente a igual período de 2019.

¿Suba de impuestos?

En este contexto es que, como parte de un primer capítulo de su plan de ajuste fiscal, el nuevo gobierno anunció una modificación tributaria que motivó algunos chisporroteos políticos. De un lado, dirigentes del Frente Amplio y el PIT-CNT golpean señalando que se trata de una “suba de impuestos” y que la coalición multicolor “mintió” porque en la campaña electoral prometió que no aumentaría tributos. Del otro, las autoridades del gobierno multicolor defendiendo el anunciado recorte en la devolución del IVA a los débitos y otros medios electrónicos de pago rechazando todo eso. Por fuera del cuadrilátero político, la visión de los consultores privados en esta área se aproxima a la del oficialismo: revisar una exoneración no es incrementar los tributos, si bien su efecto es de una mayor presión fiscal sobre ciertos contribuyentes.

La decisión de rever el beneficio del reintegro de algunos puntos del IVA a los pagos con tarjetas formó parte de un primer conjunto de medidas de ajuste fiscal anunciado por el Poder Ejecutivo la semana pasada. En una fecha no precisada —ya que se requieren adecuaciones en los sistemas de facturación—, la devolución de IVA bajará de cuatro a dos puntos porcentuales para los pagos con tarjetas de débito. En el caso de los consumos en restaurantes, el reintegro se reducirá de nueve a cinco puntos. Con esto, las autoridades estiman que el fisco se quedará con entre unos US$ 40 millones o US$ 45 millones anuales, que hasta ahora se devolvían.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo el viernes 13 en Radio Carve que ya se desarrollaron suficientemente las modalidades de pago alternativas al dinero físico, uno de los propósitos que tuvo el programa de “inclusión financiera”. Por ello se recortará ese “gasto tributario” –la resignación que hace el Estado por la vía de una exoneración fiscal— para darles otro uso a los recursos, en un contexto fiscal complejo. La jerarca negó firmemente que la medida suponga un incremento de impuestos.

La visión desde la oposición política es otra y, por ejemplo, su antecesor y ahora senador Danilo Astori interpretó el recorte en la devolución del IVA como “un aumento oculto de impuestos”.

Entre especialistas del área impositiva consultados por Búsqueda, las opiniones respaldan la visión del oficialismo.

“¿Es un aumento de la tasa del IVA? No; la tasa básica sigue en 22% y también se mantiene la tasa mínima. ¿Implicará un incremento de la recaudación tributaria? Sí. Pero no necesariamente implica un incremento de la carga tributaria para el consumidor final, sino que depende del medio de pago que el consumidor final use. Es sí una reducción del beneficio tributario” previsto en la inclusión financiera, señaló Martha Rocca, de Ernst & Young Uruguay.

“Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es ejercer una facultad que le dieron las leyes respectivas —17.934, la de los puntos de IVA para gastos en restaurantes, y 19.210, la del pago por medios electrónicos con tarjeta, con independencia del rubro o producto—. En su momento ejerció la facultad de reducir el IVA bajo determinadas condiciones. Ahora, en ejercicio de la misma facultad, acota la devolución”, señaló Eliana Sartori, directora del área tributaria de PwC.

“El efecto práctico es que sí habrá una mayor presión tributaria soportada por el consumidor (…). Lo mismo que sucedería si se eliminara cualquier otro beneficio tributario (exoneración, bonificación, devolución de impuestos). Con esta disposición el impacto que tiene para el consumidor es más directo, puesto que en otros casos el recorte de un beneficio tributario impacta en las empresas, pudiendo estas trasladarlo o no a precios”, añadió Sartori.

Federico Camy, de Guyer & Regules, señaló que con la decisión anunciada no cambia la tasa teórica del impuesto ni el monto imponible. “Es un beneficio que se acota parcialmente en este caso”.

Tarjetas

En 2019 el uso de tarjetas siguió en aumento: en el segundo semestre había más siete millones emitidas, unas 121.000 más que el mismo lapso de 2018; aumentaron las de crédito y disminuyeron levemente las de débito. En todo el año pasado se realizaron más de 36 millones de operaciones con tarjetas locales, por unos US$ 5.622 millones, según datos informados la semana pasada por el Banco Central.

El 15,5% de los gastos realizados por las familias uruguayas se realiza con tarjetas de crédito o débito, de acuerdo con la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares para 2016-2017 divulgada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Casi la cuarta parte (24,3%) de los consumos de los hogares de mayores ingresos se realizan con esos instrumentos de pago; la proporción es menor entre las familias de menores ingresos.