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En la cárcel de mujeres hay celdas sin buen acceso a agua y luz; presas denuncian que duermen esposadas y conviven con ratas
El Ministerio del Interior integrará una mesa de diálogo para buscar una solución a los problemas denunciados por las reclusas. Foto: Nicolás Der Agopián
La mañana del jueves 25 de junio un equipo de la Oficina del Comisionado Penitenciario Parlamentario ingresó a la Unidad Nº 5 de la cárcel de mujeres para recorrer los sectores “más problemáticos”. En ese piso, que se conoce en la jerga como quinto nivel, había 24 presas en celdas que no contaban con condiciones “dignas”. Muchas estaban hacinadas, con cortes de luz, vidrios rotos y paredes perforadas. No tenían agua disponible en todo momento y, en algunos casos, ni siquiera contaban con baños propios. “Persisten problemas higiénicos como el mal olor y las dificultades para reponer el agua y para su saneamiento y limpieza. Se señala la presencia de ratas en varios sectores”, dice la auditoría, a la que accedió Búsqueda.
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Se constató la falta de camas para albergar a todas las reclusas, que casi no pasaban tiempo en el patio, no tenían actividades —como sí ocurre en otros sectores— ni asistencia técnica. Además, se registraron quejas por la “crueldad” de las requisas. “En una de las celdas se observan cables sueltos. En esa misma celda sufrieron una inundación que duró varios días. Debido a los cables pelados, una de las internas sufrió una descarga eléctrica”, indica la auditoría.
Tras aquella visita, el comisionado realizó una serie de recomendaciones a las autoridades de la cárcel que incluía fortalecer el área técnica especial con programas de actuación en los sectores vulnerables y capacitar a los funcionarios en detección y control en casos problemáticos por patologías de salud mental. Se propuso clarificar el sistema de sanciones y medidas para prevenir conflictos y “abusos”. Se recomendó establecer un sistema formal de seguimiento de las solicitudes de presas, que decían no tener respuesta a sus escritos. Al vivir en estas condiciones, incluso hubo quienes dijeron no querer recibir visitas.
El martes 6, el comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit, volvió a visitar el quinto nivel —que en verdad se ubica en el tercer piso de la cárcel— y se encontró con que el lugar seguía “siendo totalmente inadecuado”, según un documento enviado al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza. En la revisión, el equipo encontró que se violaban los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por las “malas” condiciones materiales y la falta de tratamiento educativo de las internas.
Ese martes había 21 mujeres en el sector y en otra visita, una semana más tarde, la población había ascendido a 31.
Al recorrer las celdas se verificaron “anomalías” y un grupo de cinco internas denunció que en una guardia nocturna las habían “asegurado” con esposas a las camas durante varias horas. “Hechos idénticos fueron denunciados por otras internas y todos con las mismas características”, señala el documento obtenido por Búsqueda. Allí no hay cámaras de control y por las noches trabajan funcionarios varones de guardia, un hecho que resulta “inadecuado” en una cárcel de mujeres, agrega.
En una intervención la semana pasada ante la Asamblea General, Petit repitió que en la penúltima visita hubo un grupo de internas que le planteó que fueron esposadas. “Dijeron que habían estado desde las 16.30 hasta las 19 horas engrilletadas con esposas y grilletes en los tobillos, dos de ellas, y esposadas otras tres, lo que es totalmente irregular”, informó.
Al igual que en la auditoría, en el documento enviado a Mendoza se señala que las internas derivadas al sector “muchas veces” no tienen claro el motivo de la sanción ni parece haberse realizado un “proceso disciplinario interno correcto”.
“No es aconsejable el alojamiento por muchos días en un supuesto lugar de castigo (debería ser de contención y asistencia) a quien recién ingresa a la unidad penitenciaria”, afirma el informe.
Para combatir las irregularidades, el comisionado le señaló al INR que las irregularidades se debían corregir “urgentemente” y recomendó iniciar una investigación administrativa sobre la denuncia de maltrato de las cinco internas, una reestructura del quinto nivel y el refuerzo del área técnica para mejorar los tratamientos, entre otras medidas.
El comisionado también elevó un informe al INR sobre el posible abuso de un funcionario y una nota a Fiscalía y a jueces de ejecución, que según supo Búsqueda visitaron la cárcel y realizaron intimaciones a las unidades esta semana.
Ante las recomendaciones, el INR aceptó formar parte de una mesa de diálogo con jueces de ejecución, la dirección de salud en cárceles de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y un representante de la comisión de seguimiento carcelario del Parlamento. Ya hay dos reuniones fijadas para diciembre y la intención que se transmitió desde el Ministerio del Interior es que se produzcan más mesas de diálogo para abordar los problemas que puedan surgir en otros centros de rehabilitación.
Además, luego de la recorrida por la Unidad Nº 5 que realizaron representantes del Poder Judicial, las autoridades del INR disminuyeron de 31 a seis el número de reclusas que habitan el quinto nivel.
