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La sesión fue una de largos discursos. Primero, una intervención de casi dos horas de la diputada interpelante, la frenteamplista Cecilia Cairo, y luego, casi siete horas de respuesta de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Karina Rando, ministra desde marzo de este año, actuó como una suerte de directora de orquesta, realizando algunas intervenciones cortas y pasando la palabra a siete jerarcas.
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El grueso de las respuestas políticas le correspondió al subsecretario del MSP, José Satdjian, quien se mantiene en el puesto desde que comenzó la actual administración en marzo de 2020. El jerarca se hizo cargo, por ejemplo, de leer una carta de la presidenta del Círculo Católico, Cecilia López, al MSP, donde niega haber utilizado un préstamo gestionado por el Banco República (BROU), un día después de que se concretara la compra del Sanatorio Galicia por parte de esta institución, de US$ 14 millones. Según decía la carta, el préstamo respondía al normal flujo de crédito de la mutualista, como ocurrió en otros años, ya que en esas fechas el banco estila aprobar los créditos de la institución en función del plan operativo anual definido desde el año pasado.
El Círculo Católico, dijo Cairo, fue el “gran ganador” de lo que llamó la “crónica de una muerte planificada” de Casa de Galicia. En el proceso, aseguró, los ministerios de Salud y de Economía actuaron de forma cuando menos omisa. A su juicio, hay dos posibilidades sobre el crédito aprobado por el BROU: se realizó de manera “exprés”, lo que otorgaría “muchas dudas sobre el proceder del banco”, o “la compra debería haber modificado profundamente la realidad del Círculo Católico, algo que no se puede evaluar en 24 horas”, conjeturó.
Tras el proceso, y quizás como “premio”, ironizó la diputada, las dos interventoras de Casa de Galicia tuvieron una suerte de “ascenso”: Alicia Rossi fue nombrada presidenta de la Junta Nacional de Salud y Nuria Santana fue designada directora del Hospital Galicia, ahora en manos del Círculo Católico.
En una segunda intervención, Cairo denunció que “existieron llamadas” de las “más altas autoridades de la salud” a otros prestadores para que “no compraran los pliegos ni se presentaran al remate” del Sanatorio Galicia. Aseguró que estas autoridades también hicieron otras “llamadas” a directores del BROU para que no se concediera un préstamo solicitado por el síndico de Casa de Galicia, cuando la mutualista ya estaba intervenida para su concurso, para el pago de aguinaldos y sueldos en diciembre de 2021. No dejaron “otra opción al juez ante la inminente omisión de asistencia”, sostuvo la diputada. Las presiones en ese momento eran, resumió, “para cerrar la mutualista y no para ayudarla”.
Respuesta oficial
Coordinada por la ministra Rando (Cabildo Abierto), la respuesta del MSP y ASSE estuvo orientada sobre todo a demostrar las pésimas condiciones financieras y de gestión que tenía Casa de Galicia. Apuntaron directo contra su expresidente, Alberto Iglesias. Rossi realizó una extensa intervención sobre su pasaje como interventora y las diversas irregularidades que detectó: préstamos en efectivo y sin contratos por más de $ 19 millones; una estructura paralela a la gerencia manejada por el propio Iglesias; faltante de contratos; proveedores que empezaban a pedir pagos con 24 horas de antelación; cedulones en los que se amenazaba con cortes de servicios públicos, entre otros. En definitiva, una situación crítica que ameritaba de forma inminente la intervención, porque estaba en riesgo la prestación de servicios, resumió.
Sadtjian aseguró que el rechazo en 2021 a un nuevo préstamo del fondo de asistencia a las instituciones de asistencia mutual, dada la pésima gestión, no fue desacertado. “Que los contribuyentes pagaran con sus impuestos hubiese sido contrario a la buena administración que este gobierno pregona”, sostuvo.
Tanto él como Rando descartaron la “muerte planificada”. Resaltaron que la decisión de cerrar Casa de Galicia fue judicial y no del Poder Ejecutivo. Según la ministra, quien reemplazó en el cargo a Daniel Salinas, la intervención a la institución fue “histórica, porque permitió movilizar cerca de 40.000 usuarios en pocos días, la salud fue debidamente atendida y no hubo que lamentar pérdidas humanas”.
El subsecretario también buscó tirar por la borda las acusaciones de Cairo sobre las supuestas llamadas. “Pensar que se desincentivó a los prestadores a comprar el sanatorio es ilógico. Al contrario. Se buscaba no tener ese edificio abandonado sino funcionando, por lo que se incentivó a comprar, y tenemos pruebas de ello”, dijo.
A su vez, el asesor del ministerio Alberto Yagoda sostuvo que el remate de la institución estuvo a cargo de la sindicatura, que la secretaría de Estado no tuvo injerencia y que el procedimiento fue “limpio y transparente”.
También el director de la asesoría jurídica del MSP, Martín Thomasset, explicó que la cartera no apeló la decisión judicial del cese de actividades de la institución porque era una declaración legal y “el estado de insolvencia” era real.
La diputada interpelante, la frenteamplista Cecilia Cairo
Discusiones por la moción
Si bien la intervención inicial de la delegación del MSP y ASSE terminó luego de las 19.00, ya a las 15.45 la moción que se aprobaría circulaba entre algunos diputados blancos y cabildantes. Es que, según confirmaron legisladores de ambos partidos a Búsqueda, de la mano del nacionalista Armando Castaingdebat, el texto propuesto había comenzado a acordarse en reuniones previas realizadas días antes de la interpelación. Querían evitar lo ocurrido semanas atrás en la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando Cabildo Abierto se desmarcó de los socios de la coalición con una moción propia.
Esto motivó quejas en la bancada interna nacionalista, en especial de integrantes de la llamada “bancada chica”, de legisladores de preferencia wilsonista, que dejaron entrever su molestia por no haber conocido antes la redacción. También se cuestionó la estructura de la moción, más parecida en su forma a una resolución que a una expresión de la cámara.
El texto de la moción, que al cierre de esta edición fue finalmente acordado por blancos, colorados y cabildantes, expresaba su “absoluto respaldo” a la gestión del MSP y de ASSE y el reconocimiento a la labor realizada porque “permitió garantizar la continuidad asistencial de los usuarios de Casa de Galicia, salvaguardar los puestos de trabajo y asegurar el destino asistencial del activo sanatorial de la institución”.
El Frente Amplio ya había acordado aprobar una moción crítica con la gestión de las autoridades del MSP y de ASSE.
