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El plan fue realizar una fiesta denominada “Agromerados” para estudiantes universitarios de carreras como Agronomía, Veterinaria y Técnica de alimentos en la ciudad brasileña de Santa María, unos 250 kilómetros al noreste del punto fronterizo uruguayo de Rivera. Y todo parecía ir bien hasta las 2:30 del domingo 26: la discoteca Kiss estaba repleta de jóvenes con ganas de divertirse y había comenzado a tocar uno de los grupos musicales contratados, Gurizada Fandangueira, conocido por el uso de pirotecnia en sus espectáculos.
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Desde el escenario se prendió entonces una bengala y un incendio se produjo en la espuma de aislamiento acústico del techo. La discoteca comenzó a llenarse de humo y la tragedia se desató: 235 personas murieron dentro del local esa madrugada, según el último balance oficial de víctimas conocido al cierre de esta edición, la gran mayoría de ellos intoxicados por los gases pero otros quemados o pisoteados por quienes intentaban escapar. “Se volvió un horno. Quien salía intentaba buscar a un amigo adentro e intentaba volver. Tirábamos de las personas. Yo tiraba a una gurisa de los pelos, tiraba a quien viese”, relató Murilo Tiecher, un estudiante de Medicina que sobrevivió a la tragedia, citado por el diario carioca “O Globo”.
El saldo mortal del peor incendio en Brasil en medio siglo aún puede aumentar, ya que 143 personas permanecían internadas en hospitales hasta el miércoles 30 por lesiones que sufrieron en la discoteca, muchas de ellas con síntomas de neumonía química. Pero a medida que el país intenta asimilar el drama, con tres días de luto decretados por la presidenta Dilma Rousseff (que suspendió su participación en una cumbre en Chile para viajar el mismo domingo a Santa María), la pregunta elemental de cómo es posible que haya ocurrido algo así mantiene plena vigencia. Y, según los especialistas, la respuesta que surge de los resultados preliminares de la investigación, que apuntan a un cúmulo de irregularidades en el local del incendio y en la fiscalización de órganos públicos, puede ser útil para toda la región.
“Hay instancias en toda América Latina en que todavía es necesario arreglar la propia legislación, que por un lado es antigua y por otro está muy dispersa”, dijo el ingeniero Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, director del Centro universitario de estudios e investigaciones en desastres de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), el estado brasileño donde se encuentra Santa María.
“Pero son necesarias otras acciones: la legislación no es el punto principal”, agregó Silva Filho, que coordina un equipo de especialistas encargado de entregar a las autoridades estatales un informe técnico sobre la tragedia, en diálogo con Búsqueda. “Es necesario también que haya una estructura de fiscalización para el cumplimiento de las normativas y que incluso las multas sean significativas para que las personas no puedan ir retrasando las acciones, porque muchas veces es económicamente más interesante tener una multa que hacer los cambios necesarios”.
“Nadie va a escapar”.
No es la primera vez que en América Latina ocurre un drama como el de Santa María, cuyo parecido con otros casos recientes es asombroso. Al conocerse la noticia el domingo 27, fueron evidentes los paralelismos con la tragedia argentina de diciembre de 2004 en la discoteca Cromañón, donde 194 personas murieron y cerca de 1.400 resultaron heridas por un incendio provocado por el uso de fuegos artificiales dentro del local cuando tocaba la banda de rock Callejeros, que derivó en 14 personas condenadas por la Justicia (desde músicos hasta funcionarios bonaerenses) y la destitución mediante juicio político del alcalde porteño Aníbal Ibarra.
Desde la década de los 90, también hubo incendios en locales nocturnos que costaron decenas de vidas (entre 13 y 50 muertes cada uno) en Venezuela, Perú, Ecuador y México. Claro que el fenómeno está lejos de ser una exclusividad de América Latina, como lo demuestran otros casos similares en discotecas de Estados Unidos, España, Rusia y China. Pero la reiteración de hechos como el de Santa María en esta región plantea dudas inquietantes: ¿dónde puede ser la próxima tragedia y qué debe hacerse para evitarla?
De hecho, en el propio Brasil había un antecedente fresco en la memoria con el incendio que en noviembre de 2001 mató a siete personas e hirió a casi 200 en una discoteca de Belo Horizonte, tras un espectáculo de fuegos artificiales dentro del local cerrado, sin licencia de funcionamiento ni salidas de emergencia.
La información recabada hasta ahora por los investigadores ha comenzado a componer el puzzle que explicará cómo se sucedieron los hechos en Santa María, una ciudad de 260.000 habitantes, buena parte de ellos estudiantes que llegan a formarse en sus universidades. La pirotecnia encendida por el grupo musical dentro de la discoteca era para uso exclusivo en exteriores pero fue utilizada de todos modos a sabiendas de eso porque costaba el equivalente a 25 pesos uruguayos contra unos 700 pesos uruguayos que valían las bengalas para interiores, indicó la Policía en una conferencia el martes 29.
“Se utilizó en un ambiente cerrado por ser más barato”, dijo el oficial Marcelo Arigony contra la sugerencia de uno de los miembros del grupo en cuanto a que no fue la bengala sino un problema eléctrico lo que inició el fuego.
El investigador también reveló que el local carecía de luces de emergencia, lo que habría llevado a decenas de víctimas a morir en los baños creyendo que las luces allí encendidas marcaban la salida, y que es posible que los extintores hayan fallado cuando se fueron a usar por ser falsos. Además, el local tenía capacidad máxima para 691 personas pero se cree que al momento del incendio reunía cerca de un millar de jóvenes, y que sus dueños habían realizado reformas internas sin aviso que incrementaron los riesgos.
Dos propietarios de la discoteca y dos miembros del grupo musical están detenidos desde el lunes 28 para ser interrogados, pero Arigony dijo que también pueden ser acusados órganos o funcionarios públicos. “No van a ser presos solo los chicos”, afirmó en respuesta a críticas que circulan en las redes sociales. “Nadie va a escapar de ser responsabilizado, independientemente de la institución que sea”, agregó. La investigación intenta determinar si los permisos municipal y de Bomberos que debía tener la discoteca estaban vencidos, como denunciaron autoridades inmediatamente después de la tragedia.
Todo esto llevó a varios intendentes y gobernadores estatales brasileños a prometer una fiscalización más estricta de los locales nocturnos de sus ciudades, mientras en el Congreso se formó una comisión para crear una ley federal de prevención de incendios y concesión de licencias de funcionamiento en casas de espectáculos de todo el país.
Reglas y controles.
Sin embargo, Silva Filho recordó que la legislación brasileña fue modernizada desde los años 70, después de que el país sufriera algunos incendios importantes, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Hablando en términos generales, el especialista indicó que deben existir otras prioridades, como una supervisión adecuada de la seguridad en espacios cerrados que reúnen público, ya que se trata de “un problema un poco sistémico”.
“La percepción de riesgo por parte de la población (…) y de los propios negocios involucrados es fundamental. Y por otra parte la capacitación de ingenieros y expertos en número suficiente para hacer los proyectos. Es un área muy específica la seguridad contra incendios, entonces es necesaria una formación particular”, evaluó.
Moacyr Duarte de Souza, especialista en gerencia de riesgos y planeamiento de emergencias en la Universidad Federal de Río de Janeiro, coincidió en que “el problema principal no es la composición de nuevas reglas” sino “la fiscalización, que produce efectos más rápidos que escribir una nueva norma”.
“Nos está faltando organizar la metodología de la fiscalización: hay muchas más casas para fiscalizar que gente para hacerlo, entonces debe establecerse una prioridad sobre lo que se va a fiscalizar primero”, dijo Duarte a Búsqueda. Y añadió que, aunque no sea una obligación de ellos sino de las autoridades, los ciudadanos también pueden contribuir a reducir riesgos, por ejemplo interrogando si un local de fiestas que piensan alquilar tiene licencia de Bomberos y condiciones de seguridad adecuadas. “Y si encuentran que no, que busquen otra casa. Esa conducta selectiva del público va a determinar que quien no está de acuerdo termine haciendo las correcciones”, dijo. “En países como Uruguay, Argentina, Chile o Colombia, que tienen estructuras más similares en sus grandes ciudades, tenemos problemas parecidos”, agregó.