En una carta fechada el 16 de marzo, a la que accedió Búsqueda, el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Acosta y Lara, le pide a su par de la Ursec, Mercedes Aramendía, que “considerando antecedentes nacionales” informe “precios en los que se haya asignado frecuencias radioeléctricas” en las bandas de 850, 900 y 700 Mhz. Asimismo, pregunta y pide justificación sobre si el espectro otorgado en estas dos últimas bandas “puede ser tomado como referencia” para fijar el precio en 850. Finalmente, indica a la Ursec que “sugiera” el valor que debería considerar el Poder Ejecutivo para ello.
Esa información, que ya había generado cuestionamientos tuvo derivaciones políticas. El senador frenteamplista Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP), anunció que su sector va a pedir “acceso a la información” sobre solicitudes, análisis y respuestas por este tema entre la Dinatel y la Ursec.
“También entregamos hoy (por el miércoles 29) una nota a la Comisión de Industria del Senado para que comparezca el directorio de la Ursec. Precisamos que se aclare este procedimiento que ha dejado muchas dudas”, añadió el legislador consultado por Búsqueda. Una de las dudas más grandes, desarrollada por Sánchez en un hilo de Twitter, apunta a ese “primer informe” de la Ursec que sugería la renovación en US$ 25 millones.
El Poder Ejecutivo considera que este episodio, que corre paralelo a un complicado proceso que el gobierno espera que desemboque en la subasta de espectro de 3,5 Ghz que permita el desarrollo de la tecnología 5G, tiene además de presiones y lobbies empresariales, un trasfondo judicial: el que involucra al exdirector de la Ursec durante la última gestión del Frente Amplio Nicolás Cendoya, vinculado al MPP.
Borradores y respuestas
Tanto la Dinatel como la Ursec se ciñeron a sus respectivas competencias para determinar el proceso que terminó en el precio de US$ 6 millones para que Movistar renueve el uso de 25 Mhz en la banda de 850, que ahora será modificado. El 17 de octubre, en una misiva de Acosta y Lara a Aramendía se le pedía a la reguladora información sobre “vencimientos de uso de espectro radioeléctrico” hasta fines de la actual administración, así como “valores internacionales” de cada uno para que “el Poder Ejecutivo pueda evaluar criterios para su renovación”.
A través de una técnica llamada benchmarking, los técnicos consideraron 22 subastas realizadas en 19 países, entre 2018 y 2022, para calcular posibles precios para las renovaciones de otros cuatro espectros, ubicados en las bandas de 1.700 y 1.800 Mhz y de 1.800 a 1.900 Mhz. A partir de ello se sugirió a la Dinatel un precio 29% menor a lo que se pagó entonces para esos casos. Pero en lo referido a la banda de 850, la respuesta a la Dinatel señala: “De la información obtenida no surgen datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir en el presente informe”.
Aramendía subrayó que lo que hace Ursec es enviar “información y datos” a la Dinatel. El precio decretado, competencia del gobierno, la excede. “Eso es política de telecomunicaciones”, dijo.
A su vez, Acosta y Lara precisó que se definió una “regla general” para todas las renovaciones a través de la información que les envió la reguladora. Asesorados también por organismos internacionales, decidieron mantener los precios originales.
Por decreto, cada una de las tres empresas de plaza, Antel, Movistar y Claro, deberían pagar US$ 18 millones cada una para renovar el usufructo de sus respectivos espectros: 30 Mhz para Claro y Antel, y 45 Mhz para Movistar.
Pero antes de ese informe hubo un “primer borrador”, así lo calificó Aramendía, donde aparecían US$ 25,2 millones como “potencial precio” para renovar el espectro en la banda de 850. En ese texto se indica que en el período estudiado solo hubo cinco subastas realizadas en cuatro países, que estas son “casi inexistentes” y que como “no es posible realizar un adecuado análisis estadístico” se optó por hacer un promedio para calcular “un potencial precio”.
En diálogo con Búsqueda, la presidenta de la Ursec indicó que solo una de esas subastas era en la banda de 850 (en Australia) y enfatizó en el “exceso de condicionales” indicados en el texto para llegar a una conclusión. “Eso lo tratamos en el directorio y técnicamente no podíamos dar por buena esa parte. Es muy diferente a la primera parte (las otras bandas)”. Por eso, indicó, se suprimió “esa parte” del “borrador” y se mandó la respuesta.
Reclamo de Claro
En este punto del proceso es que intervino la multinacional Claro, que tiene 30 Mhz en la banda de 1.900 que debería renovar el 23 de junio de 2024. Ni bien salió el decreto, esta empresa de origen mexicano planteó un recurso de revocación que comparaba, justamente, la banda en la que ellos operan con la de 850 alegando que esto les afectaba competitivamente.
“Lo que cuestionamos es la regla de pagar lo que se abonó originalmente en subastas, cuando lo que se pagó por la banda de 850 no fue producto de una subasta; Movistar la obtuvo por un canje”, dijo a Búsqueda Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de esta empresa para Uruguay, Argentina y Paraguay. En ese “canje” con Antel, autorizado por el gobierno de entonces (a través de una resolución de la Ursec firmada el 16 de diciembre de 2004), Movistar logró más magnitud que la que ya tenía en una ubicación más beneficiosa. Esa es la explicación esgrimida por las autoridades para justificar una mayor cantidad de megas para Movistar.
“En la banda de 850 hay una cobertura dentro de los edificios y viviendas 2,6 veces superior que en la de 1.900; en exteriores, en áreas urbanas, es superior 2,3 veces. Teniendo una banda de 850 podés ahorrar un 70% en inversión para dar el mismo servicio que en 1.900. Es una banda más valiosa”, agregó Quiroga, señalando por qué se sentían perjudicados.
Claro, agregó, hizo su propio benchmark en subastas de bandas bajas, como la 850. “Analizamos 115 procesos entre 2010 y 2023; por ese espectro había que pagar 30 millones de dólares”, aseveró.
El gobierno se hizo eco de este reclamo, en el entendido, según admitieron fuentes oficiales, de que esa banda efectivamente debe tener un mayor precio de renovación. Otras voces señalan que al no ser obtenida en una subasta, el decreto de fines del año pasado no contemplaría este caso. Este extremo es algo rechazado por la oposición.
Aún no llegó la respuesta con el nuevo cálculo de la Ursec.
Suspicacias
El currículum de Aramendía, quien fue jefa de Relaciones Institucionales de Movistar durante más de seis años hasta 2018, fue otro de los elementos subrayados por la oposición. “Genera suspicacia que la empresa donde ella trabajaba tuviera un beneficio económico (para renovar ese espectro) de esta naturaleza. Es una suspicacia y un aditamento más. No tengo elementos para establecer a priori si hubo conflicto de intereses, pero es realmente muy extraño lo que pasó”, dijo Sánchez.
No es la primera vez que desde la oposición —y también desde sectores colorados— se sugiere que Movistar resulta beneficiado con esta renovación. Tampoco es la primera vez que desde el MPP se cuestiona a la titular de la Ursec.
“Me siento perseguida por ellos. Desde que asumí, en 2020, me están cuestionando sin argumento real alguno, creando suspicacias en mi contra únicamente porque trabajé en una empresa del sector, lo que es de público conocimiento”, dijo Aramendía a Búsqueda. La jerarca señaló que no es casual que quien pusiera este tema en la mesa fuera Cendoya, en mayo de ese año.
Fuentes del oficialismo mencionaron como un elemento llamativo que esta ofensiva ocurra en la misma semana en que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyera a su funcionario administrativo Gustavo Sorrentino, quien trabajó en la Ursec en pase a comisión como secretario personal del entonces director Cendoya. La destitución se debió a que entró al edificio de la Reguladora el 1° de junio de 2020, cuando ya no pertenecía a esa institución, para destruir documentación.
Por este episodio, Cendoya fue denunciado por Aramendía y formalizado por tres delitos de abuso de funciones, lo que fue confirmado por un Tribunal de Apelaciones. El fiscal de la causa, Diego Pérez, dijo a Búsqueda que ya pidió a la Suprema Corte la información sobre la destitución de Sorrentino entre otros documentos. El plazo para culminar la investigación y luego presentar la acusación vence el 8 de mayo.
En Movistar prefirieron no hacer declaraciones ante consultas de Búsqueda.
