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En medio de la crisis hídrica, la Intendencia de Montevideo profundiza su perfil de “contrapeso” al gobierno nacional
Cosse propuso declarar el estado de alerta en el Comité de Emergencia Departamental, pero la medida fue rechazada por los delegados del Poder Ejecutivo y solo fue respaldada por la representante de ANEP
Carolina Cosse y Luis Lacalle Pou durante la inauguración de la Expo Melilla. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS
El resultado electoral de noviembre de 2019 cambió el tono político de las elecciones departamentales que vendrían poco después. Igual que sucede desde hace tres décadas, el Frente Amplio era favorito con distancia a retener el gobierno de la capital, pero esta vez, después de tres períodos, debería volver a convivir con un gobierno nacional de otro signo.
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En agosto del 2020, al lanzar su candidatura a unas elecciones postergadas por la emergencia sanitaria, Carolina Cosse se refirió a las dificultades que podría enfrentar una gestión departamental con “un modelo conservador y de retroceso” —así lo definía— en el gobierno nacional. Ante ese escenario, sostuvo, la capital debía recuperar su “rol histórico” en el impulso de políticas públicas, muchas de las cuales con el tiempo terminaron por adquirir un carácter nacional.
Unos meses antes, en mayo de 2020, había profundizado sobre esa visión. Consultada por Búsqueda, dijo que la capital sería “un refugio” para los montevideanos que sufrirían “el impacto” de las políticas del gobierno nacional, por lo que el encare de la administración tenía que ser “profundamente político” (Nº 2.073).
El programa de gobierno del Frente Amplio presentado en las departamentales hablaba también de “enfrentar desde la Intendencia de Montevideo los embates del programa restaurador” de la “coalición multicolor”, una especie de contrapeso.
Ya en ejercicio, Cosse intentó reflejar esa postura, sobre todo en momentos de crisis donde las políticas impulsadas excedían las competencias departamentales. Sucedió, por ejemplo, durante la pandemia con el apoyo a ollas populares, el reparto de canastas de alimentos y el despliegue de vacunatorios móviles. También al impulsar iniciativas en materia de empleo a través de su Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, con la puesta en marcha del programa Jornales Solidarios.
Ahora, ante la crisis hídrica que atraviesa el país, la intendencia de la capital volvió a mostrar su mirada alternativa. En los últimos días, Cosse empezó a tomar iniciativa en un tema que hasta entonces tenía como protagonistas a figuras del gobierno nacional. En rueda de prensa afirmó el lunes 15 que el país atraviesa una “grave crisis” y que el gobierno tuvo “un manejo un tanto negacionista” al respecto.
Ese mismo día presentó 20 medidas para combatir la crisis del agua, en una reunión con autoridades de OSE, del Ministerio de Ambiente, el de Desarrollo Social y el de Salud Pública, y con los intendentes de Canelones y Lavalleja.
La impronta que tomó relieve en los últimos días no es del todo nueva, afirman referentes de la actual administración departamental. Jerarcas de la intendencia recuerdan que sigue una línea recorrida por Tabaré Vázquez en 1989 y citan una frase que él solía repetir: “Si debo optar entre tapar un pozo y darle un vaso de leche a un niño, elijo el vaso de leche”.
Alerta rechazada
La impronta de Cosse quedó particularmente patente en la reunión del Comité de Emergencia Departamental (CDE) que ella misma convocó el pasado sábado 13. La reunión duró tres horas. Según consta en el acta del encuentro, al que accedió Búsqueda, Cosse dio a conocer los resultados de las mediciones de agua en las 15 policlínicas de la capital y solicitó la necesidad de “contar con información cualitativa y analítica” sobre la calidad del agua en la zona metropolitana.
Además, informó sobre la entrega de bidones que se activaría a partir del lunes 15 y habló sobre el servicio a la ciudadanía de análisis de pozos. Por otro lado, reiteró la urgencia de contar con información referida a cuántos días de consumo “en idénticas condiciones” tenía actualmente la zona metropolitana, y exhortó a OSE y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a compartir los datos referentes a los valores del agua.
Según se registró en el acta, los técnicos de OSE presentes dieron detalles acerca del proceso de potabilización y aportaron datos vinculados a la cota de Paso Severino. Detallaron que había reservas para 28 días de abastecimiento. Al mismo tiempo, informaron sobre la construcción de un nuevo embalse y aseguraron que la empresa estatal preveía comprar 56 nuevos camiones cisterna para trasladar agua desde Kiyú y Ciudad del Plata a hospitales, centros de diálisis y centros educativos. En tanto, desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que estaban analizando alternativas mientras continúan con el monitoreo “de la línea salina”, indica el documento.
Cuando el encuentro parecía llegar al final e incluso se estaba por permitir el ingreso de la prensa a la sala Ernesto de los Campos, se produjo una diferencia que llevó a la intendenta a pedir nuevamente cerrar las puertas.
Por las exposiciones de los distintos actores convocados —principalmente de los técnicos de OSE, que habían relatado que en los últimos meses se habían “sucedido en forma sistemática los peores escenarios previstos”—, parecía haber acuerdo en declarar el “estado de alerta departamental” propuesto por la intendenta. Sin embargo, cuando eso se incluyó entre las conclusiones a comunicar a la prensa, se generó un desacuerdo que obligó a pedir que cada miembro permanente de la comisión fijara una posición.
La iniciativa naufragó al lograr solamente tres votos positivos: el de la propia intendenta; el de Nicolás Lasa, por la presidencia de la Junta Departamental, y el de Patricia Odella, de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Del otro lado hubo tres votos negativos: Horacio Vignoli, director departamental de Salud (Ministerio de Salud Pública), quien argumentó que “no tenía indicación de sus superiores”; el de Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo (Ministerio de Desarrollo Social), quien aludió al trabajo que está haciendo el gobierno para paliar la situación, y el de Geraldy Correa, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Por otro lado, se abstuvieron de votar el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, y los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Dirección Nacional de Bomberos, del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.
El pozo y el vaso de leche
Consultado sobre si la administración de Cosse funcionó como un “refugio” frente al accionar de un gobierno nacional de diferente signo, el director de Movilidad de la comuna y dirigente del Movimiento de Participación Popular, Pablo Inthamoussu, aseguró que se trata de una impronta que ha caracterizado a todos los gobiernos departamentales de Montevideo desde la victoria de Tabaré Vázquez en las elecciones departamentales de 1989.
Según dijo a Búsqueda, la capital se convirtió en uno de los bastiones de la coalición de izquierda y a lo largo de la historia debió asumir responsabilidades que no se encontraban estrictamente dentro de sus competencias. Esta situación, agregó, se vuelve a repetir actualmente.
“Es parte de una postura filosófica; desde la izquierda pensamos que el Estado tiene que estar presente y hoy la intendencia tiene los recursos y el despliegue territorial necesario para compensar un poco la falta de políticas nacionales”, opinó.
Por su parte, la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la intendencia y referente del sector Casa Grande, Fabiana Goyeneche, prefirió no definir a la comuna como un “bastión de resistencia” frenteamplista, ya que las políticas departamentales no se hacen pensando “en el sentido partidario”.
En diálogo con Búsqueda, recordó una frase del expresidente Vázquez que también fue mencionada por Inthamoussu: “Si debo optar entre tapar un pozo y darle un vaso de leche a un niño, elijo el vaso de leche”.
“Es una idea muy simbólica pero muy real y tangible, porque la primera intendencia frenteamplista también tuvo que atender las mayores emergencias y necesidades sociales frente a un gobierno nacional que no las estaba atendiendo”, señaló.
Goyeneche indicó que desde el comienzo las intendencias frenteamplistas de Montevideo “han buscado desplegar un manto protector frente a las personas más vulnerables”. Las políticas de esta administración departamental, apuntó, buscan dar respuesta a un “desmantelamiento de las políticas sociales y de protección en el territorio decididas por el gobierno nacional”.
“No tenemos competencia, pero tenemos incumbencia”, dijo.
Finalmente, el director departamental de Turismo, Fernando Amado, dijo que “es muy claro que ha habido un repliegue del gobierno nacional” en áreas muy sensibles y estratégicas; por eso dijo estar “orgulloso” de la respuesta brindada por Montevideo ante diversas situaciones de emergencia y por reflejar una “postura progresista” ante espacios que han quedado vacíos debido a “razones ideológicas”.
