Una de las palabras que más le preocupó a Natalia Argenzio, actual directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), cuando escuchó al presidente Luis Lacalle Pou al comienzo de su gestión, fue austeridad. Y no fue solo la palabra, ya que luego el gobierno emitió un decreto que fijó límites al presupuesto de varias dependencias estatales.
La palabra “austeridad no puede estar sobre la mesa” cuando se habla de políticas sociales, sostiene Argenzio, una licenciada en Enfermería con un posgrado en Servicios de Salud. La jerarca, que integra el sector PAR de la diputada Cristina Lustemberg, asumió en junio del año pasado en el INAU en representación del Frente Amplio.
Argenzio dice que faltan recursos presupuestales para atender a los niños que viven en situación más vulnerable, en particular para atender las situaciones de violencia. También habla de la importancia de “no dejar caer” el programa Calle —para niños que duermen a la intemperie—, porque si bien en los últimos años el problema se logró casi erradicar comenzaron a observar nuevos casos de menores en esa situación.
La cantidad de recursos que tiene el organismo pone en veredas diferentes a Argenzio y al presidente del INAU, Pablo Abdala, quien ha destacado que el gobierno le otorgó al organismo unos $ 1.000 millones anuales extras.
Para la jerarca, si bien Abdala “no falta a la verdad”, no se trata de un “incremento real”. El crecimiento presupuestal, dijo, es del 7%, pero la inflación fue de 9,41%, por lo que hay un déficit de 2,4%.
Con una pandemia que comenzó a azotar al país en marzo del año pasado, Argenzio sostiene que más que nunca se necesitan recursos y acciones para atender la situación de los hogares más pobres con niños y adolescentes a cargo.
Frente a decenas de papeles y documentos que tapan su mesa de trabajo, Argenzio explica a Búsqueda las consecuencias que tendrá la pandemia en los más chicos. “En Uruguay todas las crisis económicas impactaron siempre en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes”, dice. Toma como base un trabajo de la Facultad de Economía donde se estima que, si la pandemia de Covid-19 afecta en torno al 3,5 % del PBI, provocará que 100.000 personas caigan en la pobreza, y un tercio serían niños y adolescentes.
En un mapa grande de Montevideo colgado en la pared, Argenzio tiene identificados los centros de Recepción Local que hay en la ciudad. La mayoría están ubicados fuera del área más urbana, formando un arco en la periferia, donde se encuentran los hogares más pobres. En esos centros se atienden situaciones de vulnerabilidad extrema y las denuncias que llegan desde el Poder Judicial cuando se dan problemas en algunas familias.
La jerarca dice que en los centros ubicados en los municipios A (Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, La Teja, Cerro, Casabó, entre otros) y G (Lezica, Melilla, Peñarol, Nuevo París, Sayago) registraron que solo en los primeros tres meses de la emergencia sanitaria se triplicaron las situaciones de violencia.
Por eso plantea reforzar ese tipo de centros para atender estas situaciones. Argenzio tiene una “preocupación muy grande” a fin de que se entienda que las “políticas sociales no son un gasto, sino una inversión”, y que el INAU “solo no puede” con los problemas. “Hoy el Estado está muy fragmentado”, señala, y agrega que por más esfuerzo que se realice hay riesgo de que haya niños que se caigan “entre las grietas del Estado”.
Entre 2005 y 2015 se registró un aumento del 107% del gasto social —recuerda—, pero solo el 35% de esa inversión fue a parar a políticas de infancia y adolescencia. “Si bien hemos disminuido mucho la pobreza infantil, mantenemos una tasa alta”, afirma. Hoy 17% de los niños de hasta 6 años vive en la pobreza.
Por eso está en “una lucha” para que se invierta más en la situación actual. Al inicio del gobierno, dice, el Ministerio de Economía planteó una línea base de presupuesto “nefasta”, ya que rondaba los $ 12.000 millones. “Con esfuerzo logramos subir esa línea a lo que se había gastado en el 2019”. Hoy la proyección para 2021 es de $ 15.220 millones.
“Nos genera preocupación que estamos frente a una constante presencia de la palabra austeridad, como que es la línea a seguir. A esa palabra el gobierno la acompaña con la palabra eficiencia. Nosotras siempre vamos a buscar la eficiencia, pero en este contexto es difícil pensar que el país va a requerir la misma inversión. ¿Podemos ser eficientes? Sí, vamos a buscar ser eficientes, pero tenemos que ver que la palabra austeridad cuando hablamos de políticas de infancia y adolescencia no puede estar sobre la mesa”.
Argenzio dice que hay que repensar el presupuesto con base en los problemas. De esta forma se refiere al proyecto sobre primera infancia redactado por Lustemberg, que busca dar “garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia”. El proyecto, que Argenzio contribuyó a redactar, considera necesario ordenar el gasto en ese sector de la sociedad y plantea adoptar tiempos más estrictos para resolver situaciones de emergencia. Para eso, propone dar un papel más importante al Ministerio de Economía y crear una unidad dentro de esa Secretaría de Estado que se encargue de la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas destinadas a la infancia. El texto no alcanzó el consenso necesario durante el último gobierno del Frente Amplio y en marzo volverá a ser tratado en Diputados, donde hay un ambiente favorable a aprobarlo.
Dos modelos
Los recursos son necesarios también para atender la situación especial en la que está el 5% de los niños que atiende el INAU. Se trata de niños y adolescentes que se encuentran bajo la protección del INAU y no viven en familia. “El encierro como medida de protección no es la mejor forma de proteger”, dice Argenzio.
El 80% de los 2.700 niños que viven en hogares del INAU tiene vínculo con su familia de origen y solo el 9% de ellos está en condición de ser adoptado, de acuerdo a los datos que brinda la jerarca. La mayoría de los niños que ingresan al sistema lo hacen por situaciones de violencia y otro tanto (25%) por dificultades económicas de la familia para atenderlos.
“Hoy no tenemos un Estado presente que trabaje articuladamente en la transversalidad del problema para que estas familias no pierdan la capacidad de cuidar a sus hijos”, afirma.
Coincide en la preocupación de Abdala en cuanto a atender a los niños que están institucionalizados, pero difiere sobre cómo resolver el problema. “Cuando llegamos, lo que sentimos era que el mandato era transformar el sistema de protección mediante la adopción. Nosotros dijimos que no. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo en que los procesos de adopciones están muy demorados, que hay que mejorar en la estructura organizacional”, dice, pero propone otros caminos de solución. Según la jerarca, se debe trabajar en por qué ingresaron esos niños al sistema y en evitar la desvinculación con la familia de origen.
Los niños están en el INAU, en promedio, 52 meses, a un costo de $ 80.000 cada uno. Argenzio compara ese dato con el resultado de un plan piloto de atención. El plan se inicia en el Hospital Pereira Rossell cuando se detecta a un niño desvinculado de su familia de origen. Se pasa a un Centro de Atención y Fortalecimiento, que lo deriva luego a una familia de acogimiento de urgencia. A la vez se trabaja con la familia de origen para tratar de restituir al niño a ese hogar; de lo contrario, se produce la condición de adoptabilidad. Todo este proceso insume, en promedio, cuatro meses, y el costo es de entre $ 45.000 y $ 60.000 por mes. “Si miramos el costo de uno y otro modelo vemos que ya tenemos un ahorro y permanecen institucionalizados menos tiempo”, destaca Argenzio, y agrega que el directorio acompañó la propuesta “desde el punto de vista estratégico”.
Información Nacional
2021-01-20T23:46:00
2021-01-20T23:46:00