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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Gobernar un país gigantesco, desigual y con un Congreso fragmentado como Brasil nunca fue una tarea sencilla, pero la presidenta Dilma Rousseff la tiene bastante más difícil que varios de sus antecesores. Solo en la última semana, el devastador escándalo de corrupción que comenzó en Petrobras se extendió al sector eléctrico, el presidente rebelde de la Cámara de Diputados anunció que está dispuesto a analizar los pedidos de impeachment (juicio político) a la mandataria, el principal partido de oposición decidió apoyar protestas callejeras que se organizan contra el gobierno y una agencia de riesgo indicó que puede rebajar la nota de Brasil y quitarle el grado inversor. Según analistas, lo peor para Rousseff es que recién está entrando en la zona más peligrosa de la tormenta que la debilita.
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La presidenta de 67 años llegó a semejante situación apenas nueve meses después de haber sido reelecta y con poco más de medio año de su segundo mandato cumplido. El nivel de aprobación popular a su gobierno se ha desplomado a un mínimo de 7,7% según la última encuesta divulgada de la firma MDA, mientras tres de cada cinco brasileños apoyan un juicio político para destituirla por el escándalo de Petrobras. Son índices que desafiarían la capacidad de supervivencia del político con más cintura y habilidad, y a Rousseff le toca demostrar que posee esas virtudes.
“Hoy vemos una presidenta prácticamente aislada, sola. Tiene poca capacidad de dialogar con las calles, que es lo que había intentado, y una interlocución muy frágil en la propia estructura política, ya sea con los partidos o con el Congreso”, dijo Marco Antonio Teixeira, politólogo brasileño y profesor de la Fundación Getulio Vargas, una universidad de élite en São Paulo. “Veo este momento como el más delicado”, agregó en diálogo con Búsqueda.
“Metástasis”
Al igual que otros analistas, Teixeira cree que la crisis económica que enfrenta Brasil es el principal caldo de cultivo de la insatisfacción popular y acarrea un mayor “costo de gobernabilidad” para Rousseff. La economía del país se encamina a una contracción de 1,5% este año, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El deterioro ya comenzó a ser percibido claramente por la población, que tiene que lidiar con una inflación que llegará a 8,89% este año según el Banco Central brasileño y un índice oficial de desempleo que ha crecido de forma sostenida desde el 4,3% registrado en diciembre hasta el 6,9% de junio.
Esto ocurre además en medio de un ajuste fiscal que impulsa el ortodoxo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, que pretendía ahorrar más de US$ 20.000 millones para recobrar la confianza de los inversores. Pero los recortes han enfrentado la resistencia de una parte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y del Congreso, donde Rousseff perdió el control de su base aliada. La semana pasada, Levy diluyó sus objetivos de ahorro, lo que generó más inquietud en los mercados.
El desafío para el gobierno aumentó significativamente el martes 28, cuando la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s colocó en perspectiva negativa la nota de crédito de Brasil y advirtió que podría reducirla el año que viene si las medidas de austeridad no avanzan y los escándalos de corrupción siguen afectando el crecimiento. Esto acabaría con el grado inversor que el país obtuvo trabajosamente en 2008, cuando ganaba prestigio como pagador y atraía inversiones. Tras el último anuncio de la agencia, el valor del dólar se disparó a 3,43 reales, la mayor cotización en 12 años, aunque luego perdió algo de fuerza.
Rousseff sorprendió el lunes 27 al decir en un encuentro con políticos aliados que la investigación de corrupción en Petrobras causó una caída de un punto porcentual en el PIB. Algunos críticos salieron a responderle que fueron sus políticas económicas las que han frenado el crecimiento. Como sea, la petrolera estatal ha admitido pérdidas por cerca de U$S 2.000 millones por un esquema de desvíos de fondos y sobornos a políticos, pagados por grandes constructoras a cambio de suculentos contratos de obras. Y nada indica que las denuncias vayan a amainar.
Esta misma semana, el escándalo alcanzó a la compañía pública de electricidad Eletrobras y 15 empresas estatales del sector que en los últimos años fueron dirigidas por representantes del PT y su principal partido aliado, el PMDB, por presuntos fraudes e irregularidades. La policía detuvo nada menos que al artífice del programa nuclear que Brasil desarrolló secretamente desde la dictadura, el marino retirado Othon Luiz Pinheiro da Silva, acusado de recibir más de U$S 1,3 millones en sobornos mientras lideraba la empresa Eletronuclear.
“La corrupción en Brasil es endémica y está en proceso de metástasis”, declaró el fiscal Athayde Ribeiro Costa.
Este mismo mes, la Fiscalía anunció una investigación formal al expresidente brasileño y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, por presunto tráfico de influencias en América Latina y África a favor de la empresa Odebrecht, la mayor constructora de la región. Este caso es paralelo al de Petrobras, por el cual está preso Marcelo Odebrecht, el presidente de la constructora, acusado de participar en el esquema de corrupción de la petrolera. Además se abrieron investigaciones a decenas de políticos, en su mayoría del PT y grupos aliados. Entre ellos figura Eduardo Cunha, el poderoso presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PMDB.
Tras haber sido acusado por un delator de cobrar U$S 5 millones en sobornos, Cunha anunció este mes su ruptura con la coalición gubernamental y apuntó sus baterías directamente contra Rousseff. El lunes declaró que serán analizados los pedidos de impeachment a la presidenta y se acogerán los que tengan fundamento jurídico. La Cámara de Diputados liderada por él recibió en el primer semestre del año 15 pedidos de juicio político a la mandataria, en su mayoría por el escándalo de Petrobras.
Rousseff encabezó el Consejo de Administración de la petrolera estatal cuando ocurrieron algunos de los delitos investigados, pero ha dicho que se enteró de los mismos cuando salieron a la luz pública y ninguna acusación formal ha sido presentada contra ella en la órbita judicial. Por eso mismo, varios analistas descartan que haya hasta ahora un sustento sólido para que el Congreso le inicie un juicio de destitución como lo hizo con el presidente Fernando Collor de Melo a comienzos de los 90. “No voy a caer, eso lo tengo muy claro”, declaró Rousseff a comienzos de mes al diario “Folha de São Paulo”.
Con este escenario de fondo, algunos ministros del PT sugirieron aproximarse al partido socialdemócrata opositor PSDB. Pero esta idea fue descartada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien sostuvo que “cualquier conversación no pública con el gobierno parecería una conchabanza en la tentativa de salvar lo que no debe ser salvado”. El PSDB decidió apoyar activamente las próximas manifestaciones antigubernamentales, convocadas para el 16 de agosto.
Teixeira advirtió que el panorama podría empeorar para Rousseff si el Tribunal de Cuentas brasileño rechaza el manejo fiscal que realizó el gobierno el año pasado. El fallo podría conocerse próximamente y, si fuera desfavorable para la presidenta, daría municiones a quienes quieren el juicio político. Pero una posible denuncia formal por corrupción contra Cunha también podría disminuir su poder en la Cámara Baja y mejorar la relación entre la presidenta y el Legislativo. “Quieras o no”, dijo el analista, “ella hoy depende mucho del Congreso”.