Rapiñas, intentos de robo, hurtos de objetos personales, ingreso a los hogares e incluso tomas de rehenes durante un asalto. Si oyen nombrar alguno de esos delitos, buena parte de los uruguayos levantarán la mano para reconocer que los sufrieron en primera persona o a través de la experiencia cercana de un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Los candidatos a la presidencia de la República no son la excepción. Consultados por Búsqueda, casi todos admitieron haber sido víctimas de episodios de inseguridad en los últimos años, una situación que en general los lleva a adoptar medidas de prevención en su vida diaria y en la mitad de los casos a armarse para confrontar el problema.
Entre los diez candidatos que respondieron a un cuestionario enviado por Búsqueda, ocho señalaron que ellos o su familia fueron víctimas de delitos y cuatro que poseen un arma de fuego: el exsenador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional; el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto; el abogado Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, y el ingeniero agrónomo César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Un quinto candidato, el maestro jubilado Gonzalo Abella, de Asamblea Popular, admitió que “en determinadas condiciones estaría dispuesto” a cargar con un arma.
En todo Uruguay hay 605.117 armas de fuego registradas. La cifra refiere solo a las inscriptas ante el Registro Nacional de Armas, perteneciente al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional, encargado de anotar todas las armas de fuego que se adquieren en el país. El mercado está dominado por revólveres (37,5%), rifles (26,4%) escopetas (18,1%), pistolas (17,9%) y pistolones (0,1%). Si se toman en cuenta todos los tipos de armas de fuego, las cinco marcas más compradas en el país son Smith & Wesson —el mayor fabricante de armas de fuego cortas de Estados Unidos—, Glock —el fabricante austríaco de la pistola 9 mm que utiliza la Policía Nacional— y las brasileñas CBC, Rossi y Taurus. Las restantes, que se reparten en más de mil marcas, abarcan a algunos de los fabricantes más antiguos del mundo como Beretta, Colt, Remington y Winchester.
El número total de armas sobrepasarían el millón, ya que, según los estudios internacionales, por cada arma registrada hay otra sin registrar. En el Registro Nacional de Armas, sin embargo, son cautos respecto a ese cálculo. “No se cuenta a escala nacional con ningún estudio con sustento científico o que al menos exponga la metodología utilizada para la estimación de armas sin registro. Las características geográficas y demográficas del país hacen que la estimación que se hace para otras realidades entendemos no es aplicable al Uruguay”, respondieron de la institución a Búsqueda.
De enero a agosto, en esa dependencia se inscribieron 1.630 armas nuevas, lo que da un promedio mensual similar al del 2018, cuando fueron registradas 2.430.
La Ley 19.247 de 2014 y el Decreto 377 de 2016 establecen la normativa que autoriza la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en poder de civiles, que para armarse deben previamente obtener un título de habilitación (THATA) ante el Ministerio del Interior. De las más de 600.000 armas registradas, 91,4% son propiedad de personas físicas, 5,1% de coleccionistas, 3% de personas jurídicas y 0,5% de instituciones públicas. Ni la Policía ni las Fuerzas Armadas están en el registro. Si se divide por sexo, el resultado es que casi todas las armas que hay en Uruguay están en manos de hombres: 98,1%.
Efectivo desarme
¿Usted o su familia han sufrido algún episodio de inseguridad pública en los últimos años? ¿Qué medidas de seguridad adopta en su vida cotidiana? ¿Tiene arma? ¿Estaría dispuesto a tenerla? Esas fueron consultas específicas sobre seguridad pública planteadas a los once candidatos a la presidencia, entre quienes Edgardo Novick (Partido de la Gente) se negó a responder.
Si se analizan los programas de los partidos, Daniel Martínez y Pablo Mieres son quienes llaman más decididamente a disminuir la circulación de armas en la población civil. “Las armas de fuego existentes en nuestra sociedad constituyen un riesgo concreto que nos amenaza, especialmente a las mujeres”, afirma uno de los objetivos de gobierno del Frente Amplio, que pide regular “bajo criterios más estrictos las armas de fuego” e implementar acciones “para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias”.
Si se analizan los programas de los partidos, Daniel Martínez y Pablo Mieres son quienes llaman más decididamente a disminuir la circulación de armas en la población civil.
El Partido Independiente traza una línea similar: “Debe mejorarse y potenciarse la política de porte de armas, que es una de las condiciones que facilitan y agravan la comisión de delitos. Se evaluará y regulará bajo criterios más estrictos las armas de fuego y se promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los/as civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor. Se implementarán acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias”, indica su propuesta.
El programa de Ciudadanos, sector colorado de Ernesto Talvi, también incluye el tema, aunque enfocándolo en “reducir la posesión de armas por parte de condenados por violencia doméstica”.
En los casos de Abella, Lacalle Pou, Manini Ríos, Salle y Vega, los candidatos que tienen o aceptan tener un arma, el Partido Nacional exige la necesidad de “fortalecer” ciertas instituciones “para posibilitar el registro de la mayor cantidad de armas posible”. Cabildo Abierto es la única organización que en sus lineamientos programa´ticos discute el porte de armas en civiles: pretende derogar la Ley 19.247, reemplazándola por “una norma moderna que además de simplificar los registros con empleo de tecnología permita adquirir y tener armas para la legítima defensa en forma legal”. El planteo incluye contemplar en la nueva legislación “la experiencia y pericia” del personal militar y policial, “modificar la prohibición de poseer armas a cualquier ciudadano sin antecedentes y establecer que configura delito la posesión para ciudadanos con antecedentes”.
Alarmas y poca rutina
Siguiendo una recomendación de las Naciones Unidas, el año pasado el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadísticas presentaron la Encuesta Nacional de Victimización, basándose en datos de 2017. El informe, que busca conocer la opinión de la población en relación a la seguridad pública, determinó que para 21,6% de los ciudadanos la inseguridad es su mayor preocupación, por delante de la educación y el desempleo. El porcentaje se corresponde con los índices sobre seguridad pública elaborados por las encuestadoras. En junio una encuesta de Factum concluyó que con el tiempo el eje de inquietud de la población cambió a la seguridad, alejándose de la desocupación, los salarios y la pobreza. “En 2007 la inseguridad se colocaba como segundo tema de preocupación de la población y ya en 2012 ocupa el primer lugar. En la última década, la seguridad pública se transformó en el principal problema del país”, sostiene el informe, que atribuye el aumento de los delitos como una de las causas principales a esa reacción.
Tras alcanzar guarismos récord en 2018, los números de delitos como hurtos y homicidios se estabilizaron en el primer semestre de este año. Si se comparan los períodos enero-junio de 2018 y 2019, las cifras oficiales del Ministerio del Interior muestran un descenso de 73.093 a 69.533 hurtos y de 221 a 171 homicidios; las rapiñas, por su parte, aumentaron de 14.480 a 15.819.
La cantidad de delitos determina que proporcionalmente también se incrementen las víctimas, directas e indirectas. Según la Encuesta Nacional de Victimización, en el 26% de los hogares uruguayos hubo al menos una persona victimizada. En tanto, el cuestionario presentado por Búsqueda a los candidatos arrojó que ocho de diez vivieron un hecho de inseguridad pública en los últimos años. “Mi esposa fue encerrada en un baño junto a otros clientes cuando asaltaron un comercio”, relató Talvi. “El último episodio fue hace un mes. Me forzaron el portón e ingresaron al jardín tres personas encapuchadas durante la noche y tocaron timbre para ver si había gente. Por suerte me desperté y, al mirar por la ventana, me vieron y se fueron”, narró Mieres, que en total tuvo cuatro robos con entrada a su casa, uno de ellos mientras su familia, que nunca se enteró de la situación, dormía “en la planta alta”.
La cantidad de delitos determina que proporcionalmente también se incrementen las víctimas, directas e indirectas. Según la Encuesta Nacional de Victimización, en el 26% de los hogares uruguayos hubo al menos una persona victimizada.
Martínez también soportó hurtos en su casa, aunque aclaró que sucedieron en todos los gobiernos, desde 1995 a hoy. “No son momentos para nada agradables”, describió. Los nietos de Abella sufrieron rapiñas y el propio candidato el robo de una mochila “por un descuido”. A Vega, a su mujer y a una de sus hijas también los robaron en distintas ocasiones. Los dos hijos de Manini Ríos fueron rapiñados. Daniel Goldman, el candidato del Partido Digital, evitó que le hurtaran el celular mientras bajaba de un ómnibus. Lacalle no especificó el delito, pero declaró haber sido víctima. Solo Salle y Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, han permanecido inmunes a la delincuencia.
Pese a las malas experiencias, la mayoría de los candidatos no tiene armas de fuego ni recomienda comprarlas. Aunque eviten cargar con un revólver, una pistola o una escopeta, salvo Fernández, todos emplean otras herramientas diarias contra la inseguridad. La alarma en el hogar es usada por Abella, Martínez, Salle y Talvi. Goldman alquila una casa en la cual “las medidas de seguridad ya son parte”, como las rejas. Mieres, además de rejas y alarma, tiene cerca eléctrica. Manini Ríos reside en un edificio “que tiene portero permanente” y Lacalle Pou utiliza “varias de las medidas que están disponibles” como alarma y seguridad privada. Vega ha adoptado “precauciones mínimas”, asegurarse de generar “poca rutina” con sus horarios.
Sus conductas van en línea con la población. Encontrar un resguardo para el auto, levantar rejas y muros, usar más cerraduras y candados, poner alarma, instalar cámaras y cercas eléctricas, conseguir un perro, cambiar de lugar de residencia y contratar seguros de hogar son algunas de las soluciones que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización, deciden buscar los uruguayos para protegerse de la delincuencia. Entre ellas también están coordinar acciones con vecinos y comprar armas de fuego. Goldman prefiere claramente una sobre la otra. “A las armas las carga el diablo. No me parece una buena idea que las personas que no están capacitadas para ese rol estén armadas. Sí me parece una buena idea basar parte de la seguridad barrial en apoyos comunitarios”, reflexionó. “Lo más cercano a un arma es mi hermosa gata negra con medias blancas”.
Información Nacional
2019-09-12T00:00:00
2019-09-12T00:00:00
