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En la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, la cajera y un embolsador esperaban nerviosos el inicio del acto. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de duraznos en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club) y registrándola mediante una factura electrónica. Como el entonces presidente José Mujica faltó por estar enfermo, Pablo Ferreri, director general de Rentas y hoy subsecretario de Economía, fue quien hizo la transacción para que se emitiera el primer comprobante digital real en Uruguay, sustituyendo al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la oficina recaudadora, aunque por su fanatismo “carbonero” se limitó a pasar los recipientes alusivos a Peñarol. Todos aplaudieron y, orgulloso, el jerarca mostró a fotógrafos y camarógrafos el histórico ticket con un gasto de $ 159, de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA.
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Casi seis años después de aquel acto, Uruguay se encuentra entre los países de la región donde la factura electrónica alcanzó un desarrollo “avanzado”, según un análisis editado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
En un capítulo elaborado por técnicos de la Dirección General Impositiva (DGI) se hace un balance favorable del régimen en Uruguay, que fue incorporando empresas gradualmente y terminará de universalizarse en 2019. “(…) Fue diseñado e implementado desde un inicio en permanente diálogo con todas las partes interesadas”, lo que entre otras cosas minimizó “errores” y “resistencias al cambio”, señalan. Agregan que un grupo importante de firmas visualizó beneficios (reducción de costos de facturación y almacenamiento, llevar registros de compras y ventas en forma electrónica prescindiendo del papel, facilitación de las transacciones electrónicas entre empresas, gestión más eficaz, mayor calidad y seguridad de la información, verificación del contenido de los documentos electrónicos recibidos), lo que apuntaló la extensión del régimen. A vía de ejemplo, sobre fines de 2016 casi el 45% de los emisores electrónicos habilitados adoptaron la factura electrónica sin estar obligados a hacerlo, subrayan.
Las empresas más beneficiadas por su incorporación al régimen son las que integran los módulos de emisión y recepción con sus sistemas contables, según la DGI. De este modo, mejoran “notablemente sus procesos de información, principalmente los de compras, disminuyendo considerablemente los costos y los errores de procesamiento”.
Por otro lado, con la factura electrónica se espera generar “más beneficios a los contribuyentes” a través de la reducción de la información exigible en declaraciones, en la medida que esta está contenida en los comprobantes. Con ello se bajan los costos de cumplimiento. “Para esto, la universalización del régimen es clave”, enfatizan los funcionarios de la Impositiva.
Revolución
en la región
La factura electrónica —el registro digital, a los efectos tributarios, de las operaciones comerciales— es “uno de los aportes de América Latina a la fiscalidad internacional en apoyo a la lucha contra la evasión, al esfuerzo global de transparencia tributaria, y a la digitalización de las administraciones tributarias”, enmarcan el BID y el CIAT en el análisis publicado recientemente. Agregan que fue concebida como un instrumento de control documental del proceso de facturación, tanto para evitar la omisión de ventas como para la inclusión de compras falsas. En algunos países el concepto original se fue extendiendo a otras áreas de control tributario, por ejemplo, la nómina salarial, mercadería en tránsito y nuevos servicios, como el factoring. De alguna manera, la factura electrónica es hija de la “tercera revolución industrial” basada en la generación y difusión de datos y, “muy probablemente (…), será la punta de lanza de avance de la digitalización de otros tributos, como el uso generalizado de la nómina electrónica, y como nuevo instrumento de control del incumplimiento vía análisis de riesgo”, señala. Adicionalmente, agregan, el comprobante digital “va a cambiar la relación con el contribuyente” al ofrecer servicios adicionales, alejándose un poco de la lógica tradicional de control y represión.
Con Chile como pionero (2003), en la región la factura electrónica tiene actualmente “experiencias avanzadas” en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay, categoriza el análisis. Es todavía un proyecto en países como Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá y Paraguay, mientras que en El Salvador, Honduras, República Dominicana y Venezuela se ha manifestado la intención de desarrollarla.
La primera ventaja del comprobante electrónico es la de control tributario al facilitar la “trazabilidad” de los impuestos, contribuyendo a detectar comportamientos inusuales o irregulares de los contribuyentes, lo cual mejora la efectividad de la equidad fiscal según el estudio. Subraya la importancia de que la información sea utilizada intensivamente con fines de fiscalización por parte de las administraciones tributarias; si los contribuyentes ven que los datos se acumulan improductivamente, la percepción de riesgo se diluirá.
En los distintos países la factura electrónica ha tenido efectos positivos en términos de recaudación tributaria. Para Uruguay, menciona una estimación hecha por investigadores de la Universidad de la República para el BID —consignada por El País en febrero— según la cual generó un incremento de 3,7%.
Señala que la DGI uruguaya compara varias fuentes de información y con ello, por ejemplo, genera listas de personas físicas que están comprando cantidades importantes de productos que se salen del circuito formal en las etapas posteriores de comercialización o identifica compras personales que no corresponden a actividades empresariales, entre otros usos. Sin embargo, afirma que queda pendiente por desarrollar capacidades en materia de “minería de datos” en las administraciones tributarias.
