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Palos porque bogas y si no bogas palos. Así sienten integrantes del Poder Ejecutivo que se juzga al gobierno desde el oficialismo, la oposición y las organizaciones sociales. Tanto “para afuera como para adentro” el “nivel de exigencia es mucho mayor” que en administraciones pasadas, coincidieron en señalar a Búsqueda distintos jerarcas del gobierno, lo que determina que en muchas ocasiones exista en terceros “apresuramiento” y “confusión sobre el alcance” de las medidas que se efectúan. Eso se pudo notar en la última semana con dos de las acciones que tomó el gobierno.
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La primera fue el decreto firmado el lunes 20 por el presidente Tabaré Vázquez, que permite al Ministerio del Interior disponer las medidas pertinentes para preservar el uso público de calles, caminos o carreteras que se pretendan obstaculizar. Apenas publicada, desde el gobierno se informó que la nueva disposición no apuntaba contra los reclamos de los trabajadores, razón por la cual excluye el derecho a huelga, hecho que fue valorado positivamente por el PIT-CNT.
Pero el jueves 23 “El Observador” informó que, en la aplicación del decreto, la Policía había detenido a dos personas durante un reclamo del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) en una ruta cercana a la localidad de Conchillas, Colonia. Casi inmediatamente, el PIT-CNT amenazó con recurrir el decreto y distintos sectores del Frente Amplio se pronunciaron en contra de la norma. Uno de ellos fue Casa Grande, quien criticó “la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos”. El Partido Socialista también expresó su “preocupación” por el contenido del decreto y el diputado Óscar Grobba, del Espacio 609, dijo a “El País” que “cercena la posibilidad de manifestaciones sociales”.
Las reacciones forzaron al gobierno a aclarar el viernes 24 las razones del decreto, alejando como una de ellas la persecución a los trabajadores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló en radio “Carve” e hizo referencia al conflicto entre productores arroceros y la Intergremial del Transporte Profesional de Cargas. El director general de su cartera, Charles Carrera, profundizó sobre ese punto en un artículo publicado en la web del Ministerio: “Para una fuerza de izquierda es lícito que haya marchas de trabajadores. Por estos días, hubieron otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos; así como buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores, y eso debe quedar claro”.
Aun más explícita fue la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, durante una rueda de prensa ese mismo día. “Yo firmé este decreto y no es contra el movimiento sindical. Ahora, si nosotros tenemos como hemos tenido en estos días a los empresarios, lucha entre empresarios por precios... van a estropear la economía del país. Empresarios contra empresarios están peleando por el lucro”, enfatizó.
Ayer miércoles 29, la Intergremial de Transporte de Carga aprobó iniciar un paro desde la pasada medianoche, sin fecha de finalización, en apoyo al conflicto que mantienen los fleteros de arroz.
Salida.
Dentro del gobierno creen que las críticas contra el decreto no son aisladas. “Este gobierno no tuvo luna de miel. Ya en el inicio del período se marcó como será el nivel de exigencia para todo lo que se haga”, graficó una de las fuentes. Además de las consecuencias que tuvo el anuncio del decreto, el pronunciamiento de Uruguay sobre Venezuela también generó polémica esta semana.
El viernes 24, catorce países, entre ellos Uruguay, firmaron un comunicado donde consideran “urgente” que el gobierno de Nicolás Maduro atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y establezca un calendario electoral. La declaración se produjo luego de que recibieran un informe de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde propone la suspensión de Venezuela como miembro del organismo.
Aunque los catorce países especifican que la suspensión “es el último recurso”, pues antes deben agotarse los esfuerzos diplomáticos, igual surgieron rechazos internos al comunicado. El Partido Comunista pronunció su “discrepancia frontal con la posición asumida por la Cancillería” y anunció que impulsará un debate en el Frente Amplio “para definir quién dirige” la política exterior del país. “Nos da mucha tristeza que Uruguay quede inmerso en el cúmulo de los países de derecha del continente”, aseguró por su parte el PIT-CNT.
Ambas organizaciones, así como varios legisladores oficialistas, no solo criticaron el comunicado, sino que recalcaron el aparente contrapunto entre la posición adoptada por Uruguay y las últimas declaraciones de Vázquez respecto a Venezuela, realizadas en febrero durante su gira por Europa, donde dijo que en ese país “hay un Poder Judicial funcionando, un Poder Legislativo funcionando, la mayoría de la oposición, y hay un Poder Ejecutivo con su presidente y un vicepresidente recientemente nombrado”.
Según las fuentes, en el gobierno “sorprendió un poco la salida furibunda y los ataques” al canciller Rodolfo Nin Novoa, ya que el comunicado “no tiene la significación política y jurídica que se le dio”, y las supuestas contradicciones entre Cancillería y Presidencia no son tales pues el comunicado “nunca dice” que en Venezuela no funcionen tres poderes, sino que pide por “su efectiva separación”.
Como con el decreto sobre las cortes de ruta, las reacciones obligaron al gobierno a aclarar su proceder “para calmar la situación”. En este caso fue Nin Novoa quien el martes 28 resaltó en rueda de prensa que “la aplicación de la cláusula democrática para Venezuela es inconducente y no ayuda en absoluto”.
