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El año pasado hubo 104 conflictos laborales que, considerando a todos los involucrados, implicaron la pérdida de 1,2 millones de jornadas de trabajo. Además, las ocupaciones o manifestaciones “atípicas” fueron un tercio de las medidas sindicales, según datos del área de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Desde el empresariado entienden que muchas de esas acciones se dan bajo una permisividad y un poder de los sindicatos potenciado por los gobiernos del Frente Amplio.
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Este asunto fue uno del temas centrales de la XX Asamblea de Antiguos Alumnos del IEEM-Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, efectuada el martes 2. Y la regulación de la actividad sindical había ocupado varias páginas de su última revista —Hacer empresa—, que incluyó entrevistas a varios ejecutivos que van en línea con el resultado de una encuesta presentada en ese encuentro realizado en Kibón.
“Tenemos la obligación de recomponer este camino de diálogo y responsabilidad. Para ello, las acciones deben tener necesariamente consecuencias si son generadas en forma intempestiva e irresponsable, sin haber agotado instancias previas. Es decir, sin entrar en la irracional dinámica de ‘primero paro, genero el daño, y luego negocio’. Eso claramente no es un camino sustentable (…)”, sostuvo Gabriel Calabuig, gerente general del consorcio de participación público-privada Saceem-Berkes-Stiler y exgerente de personal de Conaprole.
En el Frigorífico Las Moras enfrentó un duro conflicto en el marco de la discusión luego de vencido el convenio laboral a fin de 2016. La empresa estuvo una semana ocupada por el personal que le ocasionó una pérdida superior al millón y medio de dólares, entre otras consecuencias, según su directora general, Elizabeth Misa. “Si yo no cumplo con lo acordado, los trabajadores me denuncian en el ministerio (de Trabajo) y el ministerio me exige que haga lo que me comprometí a hacer. (…) Cuando los trabajadores incumplen no es tan fácil tomar una medida”, se quejó en Hacer empresa.
Encuesta
Entre las percepciones predominantes entre los que respondieron a la encuesta de Equipos Consultores hecha para el IEEM está que existe un “fuerte desequilibrio a favor de los sindicados en el poder de negociación frente a la empresa”, que hay una “ausencia de accountability de los sindicatos ante incumplimientos de acuerdos colectivos, daños derivados de ocupaciones y piquetes”, además de “mensajes equívocos y falta de claridad de parte del gobierno”. En suma, sienten que la “inseguridad jurídica en torno a la actividad sindical conspira contra el desarrollo o viabilidad” de sus emprendimientos.
El sondeo fue efectuado mediante entrevistas cara a cara entre el 22 de febrero y el 11 de marzo pasado, entre personas de 18 años y más residentes en localidades con poblaciones superiores a 5.000 habitantes de todo el país.
La amplia mayoría de los encuestados (71%) consideró aceptable el “trabajo a reglamento” como medida de lucha y otro 16% opinó lo contrario. Las opiniones fueron más divididas respecto a acciones sindicales más duras: 56% validó los paros parciales de actividades frente a 36% que los ve inapropiados; 38% y 54% respectivamente en el caso de los paros totales; y 20% y 72% frente a los piquetes y ocupaciones del lugar de trabajo. La huelga de hambre es una medida aceptable solo para el 18%.
A su vez, el 74% de los encuestados piensa que los sindicatos deben ser responsables en caso de llevar adelante medidas que generen daños materiales a empresas o rompan los acuerdos de paz incluidos en sus convenios laborales. Otro 16% considera que no merecen ser sancionados frente a esas situaciones; el resto no supo qué contestar o no lo hizo.
En la presentación se señaló como “posiciones comunes” surgidas del sondeo, la necesidad de “generar mecanismos alternativos de solución de conflictos”, el rechazo a la ocupación de los lugares de trabajo, el reclamo de regulación sobre la personería jurídica de los sindicatos, así como la conveniencia de avanzar en la reglamentación de las medidas de lucha que adoptan los trabajadores.
