No todos están conformes con la solución al problema e incluso la propia Fundación de Cultura Universitaria, nacida en la facultad, quedó en la incómoda situación de enfrentarse a sus dueños y clientes.
El músico Mario Carrero, los escritores Roy Berocay y Carlos María Domínguez, el realizador de cine Mario Handler, el historiador Gerardo Caetano y muchos otros creadores opinaron contra un proyecto de ley, aprobado por el Senado, que permite las copias en determinadas condiciones, porque entienden que se afectan sus derechos como autores.
Para la senadora Constanza Moreira, en cambio, las modificaciones que se introdujeron, solo buscan sacar de la ilegalidad una situación que existe desde hace años y no afecta los derechos de los autores sino, por el contrario, fomentan la educación y la cultura y por lo tanto beneficia también a los autores.
La ley 17.616, de enero de 2003, actualizó algunos aspectos de una norma de 1937 y puso a Uruguay en el más alto nivel internacional en materia de protección de derechos de autor.
Las presiones para que se votara esa ley llegaron entonces del más alto nivel debido a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) amenazó con afectar productos sensibles de la economía uruguaya como la carne y la soja, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio de Educación.
Después de la votación en el Senado, la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) y la Cámara del Libro están en asamblea permanente porque consideran que la nueva ley afectaría a la industria editorial y en el futuro a otras.
“Están en riesgo muchos puestos de trabajo”, dijo a Busqueda el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Hugo Saracini.
El Pit-Cnt, cuyo secretario de Cultura, el escritor de libros infantiles Ignacio Martínez, integra el Consejo de Derechos de Autor del MEC, ofreció una mediación que mantuvo varios encuentros.
Los dos artículos del proyecto que amenazan con dividir a la bancada de Diputados del Frente Amplio refieren a la eliminación de una sanción penal para quienes hagan copias sin fines de lucro y a la habilitación de copias privadas.
La sanción penal, que prevé multas entre 10 y 1.500 Unidades Reajustables o prisión para el caso de no pagar, nunca fue aplicada. Para Agadu, sin embargo, actúa como dique de contención.
La redacción del texto aprobado por el Senado que permite copias privadas no ampara a aquellos que hacen un negocio con la impresión ilegal de libros. Sin embargo, los que se movilizan en su contra sostienen que tiene una redacción tan amplia que habilita a copiar cualquier cosa, no solo textos de estudio, de por si ilegales, sino cualquier obra en cualquier soporte.
Problema para filósofos y economistas.
Para el docente de la Facultad de Ingeniería y ex prorrector Gregory Randall, “esta ley no es una amenaza al libro, como se pretende hacer creer”. Randall, uno de los expositores en el debate organizado por la Udelar, dijo a Búsqueda que lo que se plantea es legalizar las copias con fines privados y educativos. “Eso se hace hoy y la industria editorial existe”.
Para este académico “la lectura de partes de libros a través de copias o de Internet sugeridas en clase actuará como publicidad gratuita y es de esperar que algunos comprarán algunos de esos libros”, de modo que se trata de una publicidad para esos autores.
Randall opinó que la nueva ley “facilita la libertad de circulación de contenidos, va a favor de la diversidad y eso es un valor en sí mismo” y se colocó en una posición contraria a la mercantilización: “Parece increíble que el tema del acceso a la cultura pase por excepciones a leyes de propiedad”.
Saracini considera que la postura de Randall es demasiado teórica y que no se compadece con la realidad, porque las librerías técnicas están cerrando debido a la competencia desleal de las fotocopias.
El ex prorrector, sin embargo, admitió que “se deben pensar políticas para defender el libro”, pero que no restringiendo el acceso a los estudiantes.
Una campaña lanzada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) recibió el respaldo del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar. El CDC votó por unanimidad apoyar “la campaña que viene desarrollando la FEUU en relación a la modificación de la Ley de Derechos de Autor como forma de facilitar el acceso a los materiales de estudio, denominada ‘Derecho a Estudiar’”.
El cantautor Carrero envió una extensa carta al debate organizado por la Udelar en la que se quejó de los políticos de derecha e izquierda. De estos últimos, dijo que “se acuerdan de lo que hacemos solamente en los períodos electorales”, y criticó como “trabajador de la cultura”, que no exista una política para “la salvaguarda de nuestra menoscabada identidad como colectivo humano... a merced de los embates de la globalización”.
Berocay dijo a Búsqueda que el artículo de copia privada está redactado de forma muy ambigua y que ni siquiera precisa que se haga una copia del original, sino que habilita la copia de copia “como si las obras se hicieran solas, si uno no tuviera derecho a vivir de eso”.
Este exitoso escritor de libros infantiles dijo que a los legisladores les “hace falta una cuota de humildad” para reconocer el error. “Cansa. Es tan obvio”, concluyó.
Creadores y abogados.
Para la abogada Patricia Díaz, integrante del capítulo uruguayo de Creative Commons, el cambio tecnológico habilitó otra manera de considerar los derechos de autor. Los cerca de diez integrantes en Uruguay de esta organización nacida en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) para adaptarse a la realidad del mundo de Internet, consideran que la nueva tecnología habilita otras formas de difundir las obras, que no pasan necesariamente por las editoriales o productoras.
Creative Commons, sin embargo, ha recibido muchas críticas por su vinculacion con Google y Microsoft (ver recuadro).
Nuevos dilemas.
No solo los autores y editores presionan para que la ley sea menos liberal. La Embajada de Estados Unidos expresó en los últimos días su preocupación por el texto votado por el Senado, confirmaron a Búsqueda fuentes oficiales.
Los representantes de Washington expresaron la posición oficial del gobierno de Barack Obama, que se ha mantenido en la línea de controlar el cumplimiento de las licencias más allá de la apertura en las redes, indicaron los informantes.
La utilización de Internet como sporte del conocimiento en reemplazo de la industria clásica del libro fue comprendida también por el director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, el primero que compró a unos 300 autores uruguayos los derechos de uso por dos años de libros electrónicos.
El precio pagado por el Plan Ceibal fue pactado con las editoriales y los propios autores.
Aunque la forma como se realizó la compra no es compartida por todos, el caso del Ceibal es mostrado como uno de los ejemplos de que se pueden respetar los derechos de autor también en Internet.
El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Udelar, y otros programas relacionados con el uso académico de las tecnologías de la información ven el proyecto con buenos ojos.
La Asociación de Bibliotecólogos, por su parte, expresó satisfacción con las excepciones, porque aunque parezca absurdo, con la legislación vigente desde 1937, hasta los préstamos en biblioteca son ilegales.
Para el asesor de la senadora Moreira y docente de la Udelar Marcelo Buquet, el autor debe ser respetado, pero el interés de la sociedad también debe ser considerado, y llamó la atención acerca del hecho que, a diferencia de las otras propiedades que se heredan, los derechos de autor tienen una fecha de caducidad.
El escritor Domínguez, sin embargo, considera que resulta absurdo que para estudiar Derecho, los estudiantes violen el Derecho y opinó que el legislador decidiría ofrecer beneficios a los estudiantes con el dinero de otros.
La posición de quienes apoyan el proyecto, más allá de los matices de redacción, está sustentada en la legislación de muchos países y en que no se afectarán los derechos de los autores a la comercializacion, y por el contrario se estimulará el conocimiento y la difusión de las obras.
Las críticas de Carrero parecieron haber tenido ya un efecto positivo. Ayer miercoles se realizó una reunión entre algunos autores integrantes de Agadu y los legisladores del Movimiento de Participacion Popular (MPP) Alejandro Sánchez y Sebastián Sabini. En el encuentro, que tuvo lugar en el estudio del grupo No Te Va Gustar, participaron Emiliano Brancciari, Jorge Schellenberg, Mario Carrero, Diego Drexler y Samantha Navarro. La cantante dijo a Búsqueda que fue un encuentro “muy positivo” y que se buscan caminos para contemplar a ambas partes.
