Dos apartamentos en el octavo piso del edificio Torre Mayor frente a la plaza Independencia, una casa de 465 metros cuadrados construidos en el Cordón que luce deteriorada y una unidad de garaje en el Centro de Montevideo salieron a remate el jueves 9 por separado y sin base en dólares. Lo peculiar es que su propietario es el Ministerio de Economía (MEF) y que son, entre los miles de inmuebles que posee el Estado, de los poco más de dos decenas que hasta ahora fueron declarados innecesarios.
Su enajenación se enmarca en un plan de “racionalización” —uno más— que el actual gobierno puso en marcha el año pasado como parte del “shock de austeridad”, la promesa de campaña electoral de abatir el gasto público en US$ 900 millones anuales enunciada por el entonces candidato blanco y hoy presidente Luis Lacalle Pou. Dentro de ese total, sumando medidas de eficiencia en las compras de suministros, en la “resolución temprana o la correcta defensa del Estado” en sus litigios, el expediente electrónico al 100% y la “racionalización de bienes muebles e inmuebles”, las “oportunidades de ahorro” identificadas por sus asesores eran del orden de los US$ 220 millones.
La administración de Lacalle Pou creó, mediante una ley de 2020, el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado en la órbita de la Presidencia de la República. Desde que se reglamentó y los miembros de una comisión a cargo empezaron a trabajar en febrero de 2022, se promovieron y fue aprobada por parte del Poder Ejecutivo la declaración de prescindible para 24 inmuebles que están en diferentes etapas en su proceso de enajenación (salvo una, que luego se dejó sin efecto a pedido del organismo propietario), según una respuesta firmada por el presidente de este programa, Hugo Odizzio, ante un pedido de acceso a la información pública efectuado por Búsqueda.
El camino de la venta de los inmuebles que no se usan es uno de los previstos en la norma; el otro es que pasen a disposición del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según lo informado por Odizzio, una propiedad de la Secretaría Nacional del Deporte está por ser transferida a esa cartera.
La ley que creó este plan previó que el producido del remate de los inmuebles declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la transacción, vaya hasta en un 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios y el resto quede para el inciso al cual estuviera afectada la propiedad, para financiar sus inversiones. En el caso de algunos de los padrones que se subastarán hoy, el MEF recibirá la mitad de lo que se obtenga.
“Un cañón”
El patrimonio edilicio del Estado es diverso y lo integran, por ejemplo, cientos de edificios de oficinas, de centros educativos, de comisarías y de viviendas; decenas de hogares para menores, de hospitales y de sucursales de bancos oficiales; varios cuarteles militares, plazas de deportes, cárceles y embajadas en el exterior; también algunas plantas industriales, como la refinería de petróleo en La Teja. Muchas de estas construcciones son, al mismo tiempo, emblemas paisajísticos y la representación edilicia de un sector público que ejerce roles variados.
La intención de hacer un uso más eficiente de estos activos la tuvieron, también, otros gobiernos anteriores, con resultados no del todo claros.
En el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), su Ley de Presupuesto ordenó el “diseño, el desarrollo y el mantenimiento de un Catastro Multifinalario Nacional”. Luego, un decreto del año siguiente instruyó la creación del Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE), con alcance sobre la Presidencia y los ministerios.
En febrero del 2002, cuando se estaba gestando una crisis de confianza que en parte respondía a los cimientos fiscales endebles, el presidente Jorge Batlle anunció un plan de ahorros por US$ 228 millones que, entre otras cosas, puso a la venta una nómina de “inmuebles disponibles” de propiedad del Estado. A la Suprema Corte de Justicia le iba a proponer enajenar el esqueleto del palacio que permaneció por años sin terminar frente a la plaza Independencia, que hoy es la Torre Ejecutiva. Aunque no prosperó, Batlle también tuvo la intención de que se vendiera la Torre de las Comunicaciones, que le “costó más de US$ 100 millones” a “un país pobre”. Su disgusto con esa obra lo exteriorzó, con ironía, siendo mandatario. “Desde acá yo siempre pienso que tengo un cañón, a ver si puedo tirar abajo los dos edificios” la icónica sede de Antel y el Hospital de Clínicas, dijo una vez a una delegación extranjera a la que recibió en su despacho en el piso siete del antiguo edificio de la Presidencia de la República en bulevar Artigas, recogió La República en julio del 2003.
La última administración de Tabaré Vázquez (2015-2020) también creó un “inventario general” que exigía identificar “uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración, debiendo informar en forma fundada si considera a dicho inmueble imprescindible o no”. Al terminar ese relevamiento, hasta setiembre de 2017 se habían contabilizado 2.498 propiedades —entre construcciones y terrenos— pertenecientes a la Presidencia y a los ministerios, aunque en algunos casos los datos eran incompletos o confusos.
A partir de ese inventario, la intención era pasar de ver “la foto” del patrimonio inmobiliario público a “tener una visión sistémica” enfocada en “una gestión de activos no financieros del Estado”, según dijo a Búsqueda el entonces subdirector de Planeamiento y Presupuesto, Martín Dibarboure. Se llegó a elaborar un plan para ello junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la siguiente lógica: “Cualquier persona que tenga en su patrimonio personal un inmueble que no está usando y le está generando gastos y ningún tipo de ingreso, ¿qué haría? (…) En la Ciudad Vieja hay cerca de una decena de inmuebles del Estado que están fuera del circuito: ¿qué refuncionalización podría haber? El Palacio de Justicia estuvo sin utilizarse durante 40 años. ¡Son 35.000 metros cuadrados!”, señaló Dibarboure, aludiendo al edificio inconcluso para la Suprema Corte que terminó siendo la sede de la Presidencia de la República.
Inventario actual
En el Compromiso por el país, el documento programático con el cual llegó al ballotage de 2019 la coalición que respaldó a Lacalle Pou, el tema volvió a aparecer señalando el propósito de armar un “Plan de aprovechamiento y evaluación del estado de conservación de inmuebles del Estado”. Eso decantó en el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado y en el pasaje del RUIE a la órbita de la Dirección Nacional de Catastro, desde la Contaduría General de la Nación (CGN).
En un segundo pedido de acceso a la información pública respondido también hace pocos días a Búsqueda, Catastro detalló la cantidad de inmuebles declarados al RUIE por los organismos de la administración central y los comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. Como en el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados contiene datos “desde el año 2022”, lo “no declarado no consta” en el registro, aclaró esa unidad ejecutora del MEF.
Adicionalmente, indicó que el RUIE está incorporando información remitida por los organismos en cumplimiento de la Ley de Presupuesto vigente y otra modificatoria del 2021, por lo que “sus registros se encuentran en etapa de constante modificación, sumado a que a partir de este año tiene en su haber una nueva base que coloca al registro en proceso de tranformación y adaptación. La nueva base aún no cuenta con la posibilidad de brindar información actualizada” y, por lo tanto, los datos entregados son “al cierre de la base de RUIE de la CGN, es decir, hasta agosto de 2022”.
A partir del listado que incluyó a un total de 36 organismos Búsqueda calculó que, a esa fecha, había inscriptos un total de 8.832 inmuebles. Las cifras entregadas están discriminadas por departamentos; 1.893 estaban localizados en Montevideo.
En la administración central, el Ministerio del Interior era el inciso con más inmuebles: 1.401. Le siguen Transporte y Obras Públicas, que tenía registrados 944, y Ganadería con 374.
Después de Ambiente (5), la cartera de Relaciones Exteriores es la que menos posee: 27 en total, contabilizando 18 en el exterior.
Presidencia de la República declaró al RUIE un total de 116 inmuebles propios. Aunque la información entregada por Catastro es solo numérica, es lógico pensar que la Torre Ejecutiva está entre los 35 que posee en Montevideo.
Por fuera del Poder Ejecutivo, unos pocos organismos superan los 1.000 inmuebles registrados, como el Banco de Previsión Social (1.171), la Administración Nacional de Educación Pública (1.066) y OSE (1.174), en este último caso, contabilizando presumiblemente sus plantas de tratamiento de líquidos residuales, de potabilización y las estaciones de bombeo, un sistema de agua y saneamiento hoy en día puesto bajo presión por la sequía.
