Información en poder de la bancada muestra que en el sanatorio Juan Pablo II, también del Círculo, entre 2018 y 2019 el prestador público pagó $ 186.963.785 pesos por 104.544 horas del CTI de adultos para 367 pacientes. En el período 2020-2021, ya con la actual gestión de gobierno, los pagos aumentaron a $ 301.763.561 (un 61,4% más que en el período anterior) por 197.489 horas para 551 pacientes.
“Estamos muy preocupados. En un momento se nos propuso una ley (en referencia a la Ley 20.002 de febrero de 2022) para salvar la situación de los trabajadores médicos y no médicos y de que no se perdiera una importante infraestructura sanitaria en una zona donde hay carencias. Pero luego uno ve los procesos que se hicieron, las contrataciones de ASSE y se nota un ‘designio’ pensado por alguien para cerrar Casa de Galicia y beneficiar a un prestador privado. A eso hay que sumarle el remate y la distribución de las cápitas para beneficiar al Círculo Católico. Llama la atención”, señaló Carrera.
El 9 de junio de 2022, un día después de que el Círculo Católico adquiriera por subasta el edificio de Casa de Galicia de Millán y Raffo, el Banco República (BROU) aprobó, con el voto en contra del representante frenteamplista en el directorio y la abstención del de Cabildo Abierto, un crédito de US$ 14,4 millones de dólares.
A su vez, más de la mitad de los socios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que tenía Casa de Galicia (y sus correspondientes cápitas), unos 18.700 de 36.600, fueron distribuidos al Círculo, como publicó El Observador el 11 de mayo del año pasado.
“En el Frente Amplio nos sentimos engañados” por apoyar aquella ley, concluyó Carrera.
Hasta la inauguración del ahora llamado Sanatorio Galicia, en febrero, “ese lugar fue abierto solo para usuarios de ASSE, lo que deja entender que hubo un acuerdo con el Círculo Católico”, señaló el neurólogo Federico Preve, exsenador frenteamplista, referente de la oposición en temas de salud y exdirectivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). “Hay un desvío alevoso de fondos públicos hacia el Círculo”, agregó.
El Frente Amplio analiza la posibilidad de llamar al Directorio de ASSE a la Comisión de Salud del Senado. Tanto el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, como su gerente general, Eduardo Henderson, eran integrantes hasta 2020 de la Dirección Técnica del Círculo Católico, punto en el que la oposición suele hacer énfasis.
En junio de 2020, Cipriani declaró a Radio Monte Carlo que “no tienen fundamento de ningún tipo” las suspicacias que hablaban de favoritismo para esa mutualista. Búsqueda intentó, sin éxito, conocer la palabra de las autoridades de ASSE ante esta nueva ofensiva parlamentaria.
En la Justicia
Estos datos de setiembre a diciembre son respuestas “parciales” a un pedido de informes más extenso que aún no fue contestado, señaló Carrera. Esto incluye compras “por cualquier modalidad” por parte de ASSE al Círculo en sus otros sanatorios, en sus policlínicas, en estudios paraclínicos y tratamientos, así como los tiempos de espera del prestador público en medicina general, ginecología, pediatría, coordinación de cirugías y “en general de todas las especialidades”. Al no obtenerlas, el Frente Amplio acudirá a la Justicia, según afirmó Carrera.
Ese no es el único frente judicial vinculado al cierre de Casa de Galicia. El martes 7, el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, presentó un escrito ante el Juzgado Letrado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno para que esta sede fije “astreintes” (conminaciones económicas en caso de no cumplir mandatos judiciales) por un valor de 20 unidades reajustables diarias ($ 30.025,20), intimando al Ministerio de Salud Pública y a su titular, Daniel Salinas, para que presenten la documentación vinculada al cierre de la mutualista, intervenida en octubre de 2021. Cada día que no la presente debería pagar esa cifra, en caso de que la sede dé lugar al pedido.
Esta medida fue originalmente impuesta por Iglesias en noviembre de 2022. Si bien Salinas dijo entonces a Montevideo Portal que cumpliría con la requisitoria de la Justicia, el abogado del extitular de Casa de Galicia, Fernando Duro, dijo a Búsqueda que del MSP “jamás respondieron nada”, pese a que hubo “dos intimaciones anteriores” a la de esta semana.
Esta instancia en el TCA es “preparatoria” a un juicio posterior, en el que Iglesias —quien dirigió la mutualista entre octubre de 2018 y octubre de 2021— pretende demandar a Salinas y al MSP por considerar que siempre hubo una intención de cerrar Casa de Galicia. Uno de los argumentos esgrimidos son los dos informes de los veedores previos a la intervención que concluyeron que si bien la situación financiera de la institución era complicada, el plan de salvataje mediante un nuevo fideicomiso impulsado por Iglesias tenía andamiento. El entonces titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, pidió a los veedores —Luis Fraschini y Óscar Pereyra— que cambiaran parte de su contenido, a lo que estos se negaron.
Fuentes judiciales, empero, dijeron a Búsqueda que Iglesias deberá notificar “qué documentación precisa” porque el expediente del MSP referido al cierre de Casa de Galicia, ya en poder de la sede, es “enorme”. Recién ahí, añadieron, se podrán pronunciar sobre astreintes.
De interventora a coordinadora
El grupo Galicia se Defiende, integrado por exsocios de Casa de Galicia, muchos de los cuales son cercanos al expresidente de esa institución, también está pensando en acciones “penales primero y civiles después” contra el Ministerio de Salud Pública por el cierre de la mutualista, según dijo a Búsqueda una de sus voceras, Sandra Montes.
De la misma manera que Iglesias, Montes sostiene que “todo estuvo orquestado” por parte de las autoridades para el cierre de Casa de Galicia.
La designación de la doctora Nuria Santana en un cargo de coordinación asistencial del recientemente inaugurado Sanatorio Galicia, ahora propiedad del Círculo Católico, es uno de los últimos elementos que enojó a varios de estos exsocios.
Santana había sido integrante de la comisión interventora que designó el MSP una vez que se decidió intervenir en Casa de Galicia, el 26 de octubre de 2021. Originalmente, la medida era por un año, pero la Justicia resolvió su cierre menos de dos meses después, el 23 de diciembre.
Santana, que había sido directora técnica del Casmu, de donde también provino el ministro Salinas, es una profesional reconocida por sus pares y también tiene buena imagen en general en el abanico político, según consultas a distintos actores realizadas por Búsqueda. Sin embargo, desde el entorno de Iglesias y del grupo Galicia se Defiende la señalan como parte del entramado destinado al cierre de Casa de Galicia.
Consultada por estos cuestionamientos, Cecilia López, expresidenta del Círculo Católico y actualmente a cargo de la “comunicación institucional”, dijo que “los exsocios de Casa de Galicia han mostrado agradecimiento por el compromiso y cumplimiento de todo lo acordado y especialmente por mantener en funcionamiento el sanatorio y renovarlo para dar más y mejores servicios”.
