No solo la seguridad social estará tensionada por el progresivo envejecimiento de la población uruguaya, sino que también el gasto en salud crecerá, sobrecargando las finanzas públicas.
Según ejercicios de proyección realizados por economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los recursos fiscales en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) destinados a atender la salud podrían aumentar incluso más si, además del factor demográfico, se agregan otros.
El “documento para discusión” titulado Consecuencias fiscales del envejecimiento poblacional: proyecciones agregadas del gasto en salud para 10 países de América Latina, fechado en agosto, concluye que “el desafío será contener los riesgos del envejecimiento y el cambio tecnológico en salud, con reformas que mejoren la eficiencia en el mismo”. Abarca, además de Uruguay, a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú.
El presupuesto en este rubro en países desarrollados y emergentes está creciendo “significativamente más rápido que sus economías”, lo que pone “en duda la sostenibilidad del gasto público en salud y por ende la posibilidad de brindar servicios sanitarios de calidad a toda la población”, advierte. Asociado a este fenómeno se encuentra el creciente peso de las enfermedades crónicas (más costosas de tratar) y otros factores —como el aumento del ingreso, la incorporación de avances tecnológicos y la expansión de la cobertura, con miras a su universalización— que “llevan a presumir que habrá mayores presiones sobre las erogaciones del sector público en esta área. Un escenario de este tipo sugiere la conveniencia de que los gobiernos de la región incorporen proyecciones presupuestarias de largo plazo del gasto público en salud, agrega.
Escenarios
El costo promedio por persona (cápita) en salud es más elevado en los primeros años de vida —particularmente, en el primero— respecto a los siguientes, pero a partir de cierta edad (10 o 15 años, según el país) comienza a crecer y esa tendencia se acelera fuertemente, por lo general, a partir de los 50. Con una base promedio de 100, en Uruguay la cápita es de 137,2 para los niños de hasta cuatro años, cae a un mínimo de 34,9 entre los 10 y 14 años, se ubica entre 62,9 y 73,3 hasta los 45-49 años, para aproximarse a 100 hasta los 69 años, según el estudio. En edades más avanzadas el costo promedio de salud entre los uruguayos se incrementa, con un máximo de 181,3 desde los 85 años.
Para elaborar distintas hipótesis sobre la evolución a futuro del gasto público en salud (y en seguridad social asociado) los economistas del BID tomaron como base proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía según las cuales, en el período 2015-2065, la población en los 10 países latinoamericanos analizados crecerá a una tasa media de 0,47% anual, a la vez que registrará un cambio significativo en su estructura. En Uruguay, el peso de los grupos con edades más avanzadas se incrementará de 12,2% en 2015 a 18,1% en 2065 entre los de 60 a 74 años, y de 7% a 14,1% para los mayores.
Los escenarios proyectados anticipan un incremento del gasto público en salud y seguridad social en los 10 países abarcados.
En Uruguay aumentará de 6,12% del PBI en 2015 a 6,50% en 2045 y a 6,80% en 2065 en un escenario de cambio demográfico “puro”, es decir sin que influyan otros factores. En países como Colombia y Costa Rica el incremento sería más marcado y llegaría en cada caso a 8,21% y 10,21% al final del período de la proyección.
Si las ganancias de expectativa de vida que se proyectan para los próximos 50 años son transitadas en “buen estado” de salud, el gasto subiría pero menos (a 6,35% del PBI en 2045 y 6,52% en 2065) en Uruguay.
Un segundo escenario trató de captar el posible efecto de cambios en el ingreso nacional sobre el gasto público, reflejando de algún modo la “presión social” para mejorar la calidad y cobertura de la atención médica a medida que las economías crecen. Con ese factor no demográfico entrando en juego, los porcentajes pasan a 7,97% en 2045 y a 8,43% del PBI en 2065 para Uruguay. En ambos casos superan al promedio de los 10 países latinoamericanos que fueron analizados.
Como en el caso anterior, la relación gasto-PBI proyectada se modera si se asume la hipótesis de que la mayor expectativa de vida transcurre en términos “saludables” (7,78% en 2045 y 8,09% en 2065).
Los investigadores plantean un tercer escenario asumiendo una presión alternativa sobre el sistema de salud donde las sociedades demanden ir cerrando la brecha relativa en la cobertura y calidad de las prestaciones respecto de los países desarrollados. Esta convergencia en el costo de la cápita llevaría el ratio a 7,19% del Producto en 2045 y a 8,37% en 2065 en el caso de Uruguay, otra vez mayor al promedio de los 10 países latinoamericanos (6,88% y 7,68% en la hipótesis de una expectativa de vida más prolongada y, al mismo tiempo, saludable).
Por último, en un escenario que consiste en proyectar la tendencia histórica de variación del gasto per cápita (por encima del crecimiento del PBI por habitante) el gasto público en salud y seguridad social asociado en Uruguay treparía a 13,12% en 2045 y a 21,59% en 2065. “Esto indica que mantener las tendencias del pasado no será una opción viable para muchos países” de la región, remarca el documento del BID.
“En definitiva, si bien el envejecimiento poblacional introduce una presión sobre el gasto en salud a largo plazo, la mayor preocupación de la política fiscal en esta área debería centrarse en controlar la expansión del gasto que se origina en factores no demográficos: el incremento de esta naturaleza puede ser tanto o más importante que aquel”, señala.
Para los especialistas del organismo internacional, la solución de aumentar la importancia del sector privado en el financiamiento de la salud, como se puede plantear en muchas partes de Europa, “no parece razonable” en la mayor parte de los países de la región debido a la elevada incidencia que ya tiene. “Donde seguramente existe un espacio considerable de acción es en la posibilidad de mejorar la asignación del gasto —introduciendo la evaluación de su efectividad, práctica normalmente ausente— y optimizar la eficiencia productiva de las unidades prestadoras”, afirman.
Sustentabilidad
Al describir el sistema de salud en Uruguay, el documento indica que en 2008 fue objeto de una “profunda reforma”. El 28% de la población incluida en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es atendida por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en forma gratuita. También sin hacer contribuciones, otros sectores de la población están cubiertos por ese organismo, el Hospital de Clínicas, las unidades de atención primaria de las intendencias que se financian con recursos presupuestales. Por fuera de la estructura del sistema están los servicios de atención médica de las Fuerzas Armadas y policías, sustentada con fondos específicos.
Según la información contenida en la Rendición de Cuentas que tiene a estudio el Parlamento, en 2017 el gasto público en salud ascendió a $ 115.229 millones (unos US$ 4.022 millones), lo que representó 6,8% del PBI. Ese porcentaje era aproximadamente la mitad en 2004.
Dicho gasto —que no incluye el realizado por los gobiernos departamentales— creció 6% en términos reales respecto al año anterior. Se canalizó principalmente a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y de ASSE.
La situación financiera del sistema de salud estuvo planteada en una charla organizada el viernes 3 por la consultora CPA/Ferrere. Según Bruno Gili, uno de sus socios, el SNIS no es autosuficiente y requiere de una asistencia de Rentas Generales que, dijo, aumentará en los próximos años.
El representante del Ministerio de Economía en la Junta Nacional de Salud, Martín Vallcorba, replicó que desde el gobierno no se visualiza un “problema de sostenibilidad del sistema”. Y aseguró que era parte de una decisión política aceptar mayores necesidades financieras del Fonasa asociada a la progresiva incorporación de nuevos colectivos, como los pasivos.
Economía
2018-08-09T00:00:00
2018-08-09T00:00:00
