Uruguay es un país ”pacífico”. Sin embargo, las cifras de violencia contra mujeres y niñas están entre las más altas de la región. Pasan los años, se incrementan las campañas de prevención, la capacitación a policías, jueces y fiscales, se compran más tobilleras electrónicas, se aprueban leyes modernas, pero los números de femicidios no bajan. “¡¿Qué le pasa a esta sociedad que no ve esto como urgente?!”, dice la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza. Hoy jueves 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas y para este año Naciones Unidas tiene un mensaje claro: “¡Ya! Tenemos que terminar con la violencia contra mujeres y niñas ya”, urge Vaeza.
La directora regional destaca las acciones del gobierno en el combate a la violencia, como la compra de más tobilleras, la ampliación de los servicios telefónicos para recibir denuncias durante la pandemia y el foco en la autonomía económica de las mujeres. Pero no es suficiente. Reclama que se instalen los juzgados especializados creados por la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580) y se acelere la respuesta judicial. También insiste en la importancia de dar un mayor rango al Instituto Nacional de Mujeres, incluso ministerial, y de llevar a las escuelas formación sobre la igualdad de género.
—Este año el foco es temporal: ¡Ya! Tenemos que terminar con la violencia contra mujeres y niñas ya. Es una violación de derechos humanos terrible y, lamentablemente, no cambian los números. Al contrario, en algunos países aumenta la violencia, sobre todo después de la pandemia. Es una pandemia en la sombra, porque en muchos casos se ha agravado: las llamadas de desesperación de las mujeres de estar recluidas con sus propios depredadores a raíz de las medidas de confinamiento. La campaña es ¡basta! Hay que terminar con esa violencia y hay que terminar ahora. Es un llamado societal, no solo a los gobiernos. ¿Cómo se puede entender que en un país como el nuestro, un país pacífico, haya aumentado la violencia? Lo tenemos que abordar todos los uruguayos, aunque obviamente el gobierno tiene su rol, el Poder Judicial tiene un rol importantísimo, el Poder Legislativo, la sociedad civil, y por supuesto la prensa. No podemos poner este tema bajo la alfombra, tenemos que visibilizarlo, hablarlo, exigirles a quienes están en la toma de decisiones y el sector privado. ¿Por qué pasa esto? No bajan los números de feminicidios y hay 40.000 denuncias por año. Es muchísimo. Quiere decir que hay 40.000 mujeres que sienten que su libertad está acotada. Además de ser una gran violación de los derechos humanos, es un tema económico. ¿Sabés las pérdidas económicas que se dan por el hecho de que las mujeres, al estar en esa situación de violencia, no pueden ser productivas?
—¿Cuánto agravó la pandemia la violencia hacia las mujeres?
—El número de denuncias aumentó terriblemente. Nosotros tratamos de que haya números especiales para que las mujeres pudieran llamar. Surgieron experiencias interesantes, por ejemplo, una mujer llamaba al 911 y pedía una pizza, y el receptor ya sabía que era un tema de violencia. O pedía un barbijo rojo en una farmacia, en Chile. Cosas muy creativas, con mucha solidaridad de los servicios esenciales. Se aumentó exponencialmente el número de llamadas: en Colombia 90%, en Chile 70%. En otros países no tenemos números. Por eso celebramos que el observatorio del Ministerio del Interior haya recabado números, porque es muy importante hablar sobre la base real de datos.
—El Ministerio del Interior, sin embargo, ha reportado una baja en la cantidad de denuncias de violencia doméstica durante la pandemia. ¿Cómo se explica?
—Puede haber distintos factores que lo expliquen. Primero, creo que fue efectiva la ampliación de las tobilleras, que llevó a que casos extremos de violencia no pasaron a mayores. Segundo, a pesar de que hay falta de presupuesto y hay un debe de Uruguay en su conjunto, lo bueno es que tiene servicios psicosociales, legales, médicos, integrados. Hay buenas prácticas que Uruguay puede mostrar a la región. Cuando llega al juzgado especializado quizás no está la formación ideal para entender todo lo que vive una mujer violentada. Falta eso. Muchas veces estas mujeres no tienen recursos económicos. Y los tiempos judiciales a veces llevan a una denegación de justicia. Aunque quizás se siente protegida con la denuncia y hay una actuación del depredador más cautelosa porque hay intervención del Poder Judicial, entonces quizás esto ha servido, así como han servido las tobilleras.
—ONU Mujeres plantea que este tema es urgente y prioritario, pero desde el gobierno se exhiben las cifras a la baja como una señal de mejora ¿Se le da al problema esa urgencia que piden?
—Se compraron 500 tobilleras, llegando a 1.700. Y las mujeres que han participado en el sistema de tobilleras no han sido víctimas de feminicidio. Esto es un tema muy importante: quiere decir que a más medidas cautelares, mayor es la prevención. Creo que cuando se promovieron medidas restrictivas de movilidad para contener la propagación del Covid, también se tuvieron en cuenta los problemas de violencia doméstica. Por eso se aumentaron los números telefónicos, disponibles 24 horas, 365 días. Inmujeres fue dotado de mayor presupuesto. Se puso el foco en la prevención. Y un tema fundamental: se promocionó la autonomía económica de las mujeres, a través de políticas de reactivación, recuperación y subsidio a las madres solteras. Es muy importante, porque es una prevención real. Una mujer que no tiene ingresos, que está bajo la pata de un hombre depredador, ¿hace la denuncia y qué hace? Al poder lograr una pequeña autonomía económica, esa mujer puede salir del hogar, salir del círculo de violencia. Además, este gobierno quiso ser el vicecoordinador de la coalición para la acción contra la violencia hacia las mujeres que hicimos con ONU Mujeres y los gobiernos de México y Francia, y estableció compromisos muy concretos. Hay algunas acciones que fueron positivas, capaz que no son suficientes, siempre queremos más. Ojalá que se considere a Inmujeres con una categoría superior, que pueda evolucionar hacia un servicio descentralizado. La autonomía que tiene es muy acotada. Soy una convencida de que todos los países tienen que tener un ministerio de la mujer.
—¿Qué otras recomendaciones hace?
—La prevención. Tenemos que ir a la educación, a primaria. No es posible que un varón uruguayo se sienta con el derecho de violentar a una mujer o niña. No podemos tener este planteo en el 2021. Por eso insisto en la prevención, en las campañas informativas. Mucha capacitación a los operadores, desde el primero que recibe la llamada hasta el de la Justicia que recibe la denuncia. La Ley 19.580, que se aprobó en 2017, es una ley de tercera generación, muy moderna, pero nunca ha tenido el presupuesto suficiente. Además, se aprueba la ley y luego se aprueba la reforma del Código del Proceso Penal, que cambia el modelo inquisitivo por el acusatorio. Ahí hay que hacer un ajuste. Y hay algunos delitos previstos en la ley, que quizás son faltas graves, como el acoso callejero o en el transporte público, y no hay nada que diga a dónde voy para quejarme.
—¿Cómo ve el desempeño del Poder Judicial? ¿La Ley 19.580 es demasiado moderna para que se aplique a cabalidad?
—La ley tiene dos características que para Naciones Unidas son maravillosas. Enfatiza la importancia de la prevención y la protección de las víctimas, con base en un trabajo colaborativo interinstitucional. Segundo: define los tipos de violencia. Antes hablábamos de violencia física. Pero la violencia es psicológica, emocional, sexual, económica, patrimonial. La violencia en Uruguay se da en todos los estratos sociales. Hay una violencia y un acoso callejero muy importante, que uno tiende a normalizar. Hay una violencia laboral, sumada a la brecha salarial. También hay una violencia étnico-racial. Las mujeres afro en Uruguay y las mujeres discapacitadas sufren más violencia. Este sistema institucional de garantías es una innovación de la ley. Ahora, ¿qué pasa? No ha habido suficiente presupuesto. Y también, la respuesta de establecer juzgados especializados se cruza con el nuevo sistema acusatorio. Pero tenemos que asegurar que existan esos juzgados. Y procesos más sumarios, porque si no, hay denegación de justicia.
—En algunos países la violencia de género aumentó. ¿Cómo observa el fenómeno aquí?
—En 2019 hubo una segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género en Uruguay, que dio como resultado que 76,7% de las mujeres mayores de 15 años reportan haber vivido situaciones de violencia basada en género: 1.100.000 mujeres ¡¿Qué le pasa a esta sociedad que no ve esto como urgente?! ¡Es impresionante que se pierda el tiempo en otras cosas y no se ponga el foco de atención en esto! Y hay una cosa más importante todavía: entre la primera y la segunda encuesta la prevalencia aumentó 4%. ¡Es gravísimo! Es un país en el que creemos en la libertad, y la libertad responsable. Y creo que la libertad responsable es parar la violencia contra las mujeres.
—Habla de la importancia de la educación. ¿ONU Mujeres recomienda que se eduque sobre el tema en escuelas y liceos?
—Sí, junto a Unicef, Unesco, lo hacemos en el mundo y en Uruguay. Es una sensibilidad que siempre tratamos de llevar a la escuela. Así como los uruguayos nos caracterizamos en el mundo por una cultura democrática, porque la aprendimos en la primaria, ¿por qué no tenemos educación para la convivencia pacífica? ¿Por qué no tenemos educación para el respeto de la mujer como ser humano, igual al varón?
—ONU Mujeres está haciendo un estudio sobre violencia en las redes contra mujeres políticas ¿Es un fenómeno creciente?
—Sí, empezamos a ver un fenómeno bastante típico latinoamericano, la violencia política. Lo observamos muy de cerca en las últimas elecciones de Bolivia, nos llamó la atención el grado de violencia en las redes sociales, hasta violencia física contra candidatas. Ahí actuamos a nivel del Tribunal Electoral. Así y todo en Bolivia hay 51% de mujeres en política. En México, que se fue a la paridad en todo, hubo un caso de un candidato a alcalde que fue tan agresivo con la candidata mujer que el instituto electoral eliminó esa elección y lo quitó a él como candidato. Es un fenómeno del que nadie habla. La torta política es acotada. Entonces, como las mujeres son mejores políticas, a mi modo de ver, y están desplazando a los hombres, los hombres reaccionan y reaccionan con toda la agresividad. Es como un péndulo. Sobre todo se ha enraizado en las redes sociales y con los temas sexuales. Que sos una puta, que esto, lo otro, o el insulto que tiene que ver con el cuerpo. Ahí sale lo peor de lo peor.
—¿Y qué observan en Uruguay, donde la presencia de mujeres en política sigue siendo muy baja?
—En Uruguay pasa todo muy lentamente y 20 años después. Tenemos que tener esperanza de que se va a dar. Pero el hecho de que no haya una justicia electoral para estos casos es muy importante. Estamos haciendo un protocolo regional, para que existan procedimientos. También estamos trabajando el tema de financiamiento de campañas políticas de mujeres. Porque los grandes obstáculos para que la mujer trabaje en política son la falta de tiempo por las tareas de cuidados, y la falta de financiamiento.
La ley “hay que cumplirla”
