N° 1989 - 04 al 10 de Octubre de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn uno de esos ejercicios sin el menor valor estadístico pero que sirven para tantear la temperatura sobre algún tema, la semana pasada me dio por lanzar una pregunta al viento de las redes sociales: “¿Es correcto que un organismo del Estado, que nos representa a todos, se alinee públicamente en torno a una reivindicación que impulsa una parte de la ciudadanía, por muy justa que esta sea?”.
Es cierto, al ser planteada de manera coloquial la pregunta dejaba el terreno abierto a la interpretación y eso ayudaba poco a la precisión argumental a la hora de responderla. En cualquier caso, las respuestas fueron variadas: desde el más rotundo no al más naturalizado sí, pasando por un montón de puntos intermedios en donde se preguntaba, sobre todo, por la bondad de la causa. En estas respuestas en la zona gris, la mayoría creía que si la causa era buena (es decir, si ellos, el Estado o la ley así lo decían) era válido usar el aparato estatal para empujar esa causa, aunque tuviera solo un apoyo parcial.
Mas allá de las respuestas, me llamaron la atención algunos automatismos y sobreentendidos que surgieron. El mas flamígero de ellos, la confusión total y absoluta entre Estado, gobierno y partido. Y, creo que es claro, esa confusión no podía surgir de ninguna ambigüedad en la formulación de la pregunta, que claramente se refería a “un organismo del Estado” y no al gobierno o al partido de gobierno. La pregunta era transparente en ese sentido: ¿puede un ministerio, una empresa estatal, un canal público, asumir públicamente una demanda que no cuenta con un consenso claro entre la ciudadanía?
La pregunta no surgía en el aire, era resultado de una de esas conjunciones planetarias que se producen cada tanto y que sirven para ilustrar las contradicciones en las que incurre quien ejerce el poder. Especialmente, en las que incurre cuando lo ejerce de manera discrecional. Por un lado, el ya famoso encuentro de conservadores y religiosos de Punta del Este, que fue apoyado siguiendo el protocolo que tiene previsto el Ministerio de Turismo para esos casos, y luego desa-poyado al grito de organizaciones amigas del gobierno. Como si gobierno y Estado fueran la misma cosa y los reglamentos y protocolos se pudieran aplicar de manera opcional (un reglamento opcional es un chiste, no un reglamento).
Antes, ese mismo ministerio no había tenido el menor empacho en apoyar un evento que mezclaba tarot con pseudociencia, la misma pseudociencia que, de manera empírica, se sabe es un fraude que pone en peligro la vida de las personas que creen en esas paparruchas y abandonan los tratamientos médicos de contrastada eficacia. Es decir, el Estado (Ministerio de Turismo) apoyando a quienes van en contra de lo que el Estado (Ministerio de Salud Pública) hace y promueve como política oficial. Como no hay ONG amigas del gobierno que griten contra la pseudociencia (interesante material para otra columna), el Estado se pisa el palito mientras vuela en piloto automático.
Luego, canales de televisión públicos convocaron a participar en la Marcha de la Diversidad, bajo la consigna de que esta era “una causa común”. No lo sé a ciencia cierta, pero es probable que un montón de ciudadanos que financian esos canales y ese Estado no crean que esa es una causa común. Y aun si creyéramos que esos ciudadanos están todos “equivocados” (algo difícil de creer y aún más difícil de probar), es un hecho que hasta los “equivocados” tienen derecho a no hacer frente común con los que “tienen razón” y a que el dinero de sus impuestos no se use para promover causas que no comparten y que aún están siendo debatidas por la sociedad. En resumen, el argumento no es sobre la bondad o maldad de los puntos de vista sino sobre el necesario respeto a los distintos ámbitos que nos hemos dado para ponernos de acuerdo en qué consisten esa bondad y esa maldad.
Visto ese paño, visto cómo se gestionan estos temas desde el Estado uruguayo actual, no es tan rara la confusión reinante en algunos ciudadanos entre Estado, gobierno y partido de gobierno. Y es que cuando el Estado es instrumentalizado por el gobierno de turno y eso se vende como “lo natural” en pro de “una causa común”, el ciudadano de a poco va aceptando que la distinción no existe. Peor aún, cuando ese ciudadano se sitúa ideológicamente dentro del imaginario del partido de gobierno, empieza a considerar deseable esa fusión. No viene mal recordar que alguien tan poco inclusivo y diverso como Benito Mussolini decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. Y lo decía porque en el régimen fascista la separación de poderes dentro del Estado y las diferencias entre este y el partido de gobierno eran inexistentes. El fascismo real fue así, conviene no olvidarlo.
Más allá de constatar (repito lo del comienzo, sin la menor pretensión de validez estadística) que un montón de gente no parece tener demasiado claro cómo son las reglas del sistema en que nace, vive y muere, es interesante ver cómo esas ideas calan porque no existe una educación básica en torno a estos temas. Digo, si uno es abogado, economista o politólogo entender las necesarias distancias que hay entre Estado, gobierno y partido de gobierno, le viene con el sueldo: si no las reconocen simplemente no son aquello que su título dice que son. Pero el ciudadano de a pie, aun aquel que se interesa por estos temas, no parece contar con el instrumental para entender realmente qué es lo que se está jugando en esa separación y el peligro radicalmente antidemocrático que entraña esa fusión.
“La educación debe buscar la formación de ciudadanos, no de empleados. Personas no solo con capacidades laborales, sino personas capaces de entender la sociedad”, decía en una entrevista de hace un par de años el filosofo español Fernando Savater. Y agregaba: “Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes aunque deleguen en sus representantes ese poder de gobernar. Para eso hace falta crear una sociedad capaz de comprender al otro, de persuadir, de ser persuadido, de tener una actitud en la cual se comprendan y se expongan los argumentos”. Pues esa clase de formación ciudadana brilla por su ausencia hoy en la tierra de la “educación, educación, educación”.
Solo algunos de quienes contestaron la pregunta parecieron percibir la clase de puerta que se abre cuando el Estado es usado de manera discrecional por quienes están en el gobierno. Como en tantos órdenes de la vida, no se trata de una pelea de indios contra vaqueros, de buenos contra malos, sino de garantías y de procedimientos. Si el día de mañana gobierna un partido que responde a los intereses de los “equivocados” y ese gobierno usa al Estado para convocar a una marcha que intenta derogar la ley que permite el aborto legal (no olvidar que los que “tienen razón” ya han derogado leyes) no vale escandalizarse por esos usos espurios del aparato estatal. Esa puerta, amigo que “tiene razón”, es justo la que vos abriste.