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Estados Unidos advierte sobre las condiciones de trabajo forzado de los inmigrantes en Uruguay, especialmente de las mujeres
Además de la prostitución, menciona entre otros sectores vulnerables a la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, el cuidado de ancianos y las tiendas mayoristas
imagen de Estados Unidos advierte sobre las condiciones de trabajo forzado de los inmigrantes en Uruguay, especialmente de las mujeres
Desde hace 44 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos elabora un informe anual sobre los derechos humanos a escala mundial que indaga acerca de la protección de los derechos individuales, civiles, políticos y laborales como un insumo para la nación norteamericana a la hora de relacionarse y definir tratados con otros países. “Estamos orgullosos de seguir siendo líderes en el esfuerzo por defender los derechos humanos y los ideales democráticos, comprometidos a utilizar nuestra voz y posición en el escenario mundial para llamar la atención sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos, y para promover la responsabilidad de los violadores y abusadores de los derechos humanos”, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo en referencia al último informe, que fue presentado el mes pasado y recopila los datos de 2019.
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Respecto a Uruguay el documento es mayoritariamente positivo, aunque contiene observaciones críticas respecto al sistema penitenciario, sobre el cual menciona que existen “importantes abusos de los derechos humanos en algunas cárceles, que presentaron condiciones duras e inhumanas”. El otro punto que el informe señala como problemático son las condiciones laborales en ciertos sectores, sobre las que profundiza en la sección 7, llamada Derechos de los trabajadores.
“Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, República Dominicana y Argentina, fueron vulnerables al trabajo forzoso en agricultura, construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, pesca y procesamiento de madera”, sostiene el Departamento de Estado, que refiere principalmente a la vulnerabilidad de “las mujeres inmigrantes, ya que con frecuencia estuvieron expuestas a explotación sexual”.
Como ejemplo menciona la investigación que un año atrás se inició en Canelones, luego de que se denunciara en Canelón Chico el caso de un grupo de cubanos y venezolanos que desempeñaban tareas rurales a través de un intermediario, al cual le daban sus ganancias a cambio de vivienda y alimento. La denuncia se presentó ante la Intendencia de Canelones, que la derivó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “No se dispuso de información sobre la efectividad de las inspecciones y los recursos del gobierno”, advierte el documento, que también se enfoca en determinadas situaciones preocupantes en la industria pesquera.
“Se detectó que obreros norcoreanos estuvieron en tránsito en Uruguay para embarcarse en pesqueros que operaron en aguas internacionales frente a la costa uruguaya. Y trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera taiwanesa y china que atracan en el puerto de Montevideo podrían haber estado sujetos a abusos que indicarían la existencia de trabajo forzado, entre ellos, salarios impagos, documentos de identificación confiscados, una falta total de atención médica y odontológica, y abuso físico”.
Reclusos expuestos
La otra advertencia a Uruguay está enfocada en las prisiones, un tema sobre el cual el país ha sido alertado en reiteradas ocasiones en informes nacionales e internacionales a cargo del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura —que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)— y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. Sobre esos reportes se basa el Departamento de Estado para su análisis.
“Las condiciones de las cárceles y los centros de detención siguieron siendo malas e inhumanas en algunas instalaciones debido a hacinamiento, condiciones de higiene y atención médica insuficientes, programas socioeducativos inadecuados y altos niveles de violencia entre los reclusos”, afirma la sección inicial del documento, referida a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Algunas de las observaciones son: módulos carcelarios con situaciones de hacinamiento particularmente graves; cárceles con falta de higiene, acceso insuficiente al agua, alimentos insuficientes o de mala calidad y muy pocas actividades socioeducativas y laborales; reclusos que a veces pasaron 23 horas del día en sus celdas, semanas o incluso meses; reclusos en ocasiones expuestos a riesgos eléctricos, sanitarios y de otros tipos por la mala infraestructura.
La superpoblación, el aislamiento y la falta de actividades socioeducativas llevaron a un alto riesgo de violencia, según el informe. “La tasa de homicidios en las cárceles fue 15 veces mayor que la existente afuera de las cárceles, mientras que la tasa de suicidios fue cuatro veces mayor. La falta de personal y de elementos básicos de control, como cámaras de seguridad, hizo que la prevención, el control y la aclaración de hechos en los incidentes de seguridad fueran difíciles. La falta de personal carcelario para transportar y acompañar de manera segura a los reclusos afectó la posibilidad de que participaran en talleres, clases, deportes y actividades relacionadas con el trabajo”, indica.
Como aspecto positivo destaca que esta realidad difiere según el centro de reclusión, ya que de un total de 27 cárceles fueron seis las que estuvieron por encima del 100% de su capacidad, dos por encima del 120% y otras dos arriba del 200%. También elogia los acuerdos educativos y laborales alcanzados por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) del Ministerio del Interior, creada en 2018 y cuyo director Jaime Saavedra renunció dos semanas atrás.
