Estructuras hospitalarias en Uruguay son “vetustas” y la eventual llegada del coronavirus estresará al sistema de salud

Pero algunas diferencias afloran. El presidente del SMU entiende que fue “excesiva” la cocarda que se colocó Pablo Mieres, el nuevo ministro de Trabajo, tras un acuerdo salarial que desactivó el recrudecimiento del conflicto en las emergencias médicas. “Los acuerdos los hacemos los trabajadores y empresas, no el gobierno”.

—Con el gobierno del Frente Amplio esta directiva del SMU jugaba en la misma cancha. Por más que hubiera diferencias, muchas ideas los unían. ¿Qué esperan del nuevo gobierno con un cambio de bandera?

—El SMU es una organización democrática en donde hay agrupaciones que están más o menos alineadas con las corrientes filosóficas y de pensamiento de la sociedad. Tenemos diálogo con el gobierno más allá de la afinidad política. Yo hablo con Daniel Salinas que es socio de este sindicato. Fue candidato en las elecciones de mayo de 2019, integró dos veces el ejecutivo, y tenemos buen diálogo porque hace a la responsabilidad institucional y a lo que es bueno para todos los médicos y la sociedad. En lo que tenemos coincidencia, bueno, apoyamos, y hay varios temas donde no tendremos conciencia y platicaremos.

—¿Cuáles son los diferencias que tienen con los puntos planteados en la ley de urgente consideración?

—La principal diferencia que tenemos es que dice que se destinará un fondo por fuera de lo que financia el Fondo Nacional de Recursos (FNR) con aportes de empresas que exoneran impuestos a través de este mecanismo. Es un artículo peligroso en cuanto a los derechos porque entendemos que los derechos en salud tienen que asegurarlos el Estado en forma equitativa para todos y no puede quedar calibrado al aporte privado. Lo llamo artículo Teletón. No puede quedar librado al aporte privado o sujeto a la disponibilidad de recursos. Es un artículo que necesita ser quitado. Yo lo que temo es que detrás de este artículo esté disminuir el gasto público porque es una línea política muy fuerte y a salud le va a pegar, en algún momento a salud le va a pegar. Ideológicamente yo no quiero perder derechos. Ese es el fundamento.

La ley de urgente consideración también propone crear la agencia de evaluación de tecnología y medicamentos. Ahí hay cosas que nos parecen bien. Qué bueno que esté en la agenda del gobierno avanzar hacia una agencia que es un reclamo del colectivo médico, particularmente de este sindicato a partir de la Convención Médica del 2014. Entendemos que los mecanismos a través de los cuales el Estado uruguayo analiza la evidencia científica y pone en exposición la información para que los tomadores de decisiones y financiadores gestionen, son mecanismos lentos, son burocráticos. Requieren y ameritan un dinamismo mucho mayor que el que se tiene. Hay un importante porcentaje de los casi 500 recursos de amparo que atiende el consultorio de Juan Ceretta (en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República) que son fármacos o procedimientos a los cuales el paciente no accede porque no están dentro de las prestaciones financiadas por sistema de salud. Sin embargo, tienen suficiente evidencia científica y una ecuación costo/beneficio razonable como para haber sido incorporados y ahorrarte los amparos, la judicialización, mediatización. Al final del recurso de amparo el paciente tiene el fármaco o procedimiento y lo pagan más caro.

—La compra directa del Ministerio de Salud Pública (MSP) por medicamentos puntuales resultado de haber perdido un amparo se paga a un precio más elevado que si la cartera hubiera negociado con la industria la compra de ese medicamento a mayor escala.

—Hay que saber lo que dice la industria: “Esto en un paquete lo comprás a mitad de precio”. Debería evaluarse la evidencia científica de todo lo que está dentro del sistema. Lo que impone costos no son solo los fármacos de alto precio sino los de bajo precio pero de altísimo uso. Hay mucho para aportar desde un organismo que analiza en forma objetiva y libre de compromisos la evidencia. Hay conflicto de interés. Al FNR lo preside el ministro de Salud Pública y quien él delegue, y hay una mesa donde están los prestadores, los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), y ahí es en donde se define. La toma de decisiones en ese ámbito tiene un conflicto de interés evidente que necesita ser resuelto. Esto no quiere decir que desconozcamos el enorme valor que tiene tener un FNR que pone a disposición todos los procedimientos y fármacos con equidad para todos los uruguayos, cosa casi que única en el mundo y que es ejemplo. Se trata de mejorar lo que se tiene. Está bueno que el tema de la agencia esté en agenda. No creemos que esta ley sea una herramienta para discutir un tema de tal magnitud. Amerita una discusión más profunda, con debate, hay un montón de gente que tiene mucho para aportar en esto.

También en el texto hay un punto que se refiere a la responsabilidad médica ante juicios de mala praxis y la presunción de inocencia y la obligatoriedad de seguir los protocolos del MSP. Es una obviedad, no aporta. Suena casi a corporativismo médico, a situarnos en escalón distinto de la sociedad con una presunción de inocencia que ya tenemos… no aporta. No entiendo el porqué. Me pone en la incómoda posición de argumentar un articulado que me da un estatus por sobre la sociedad que no tengo por qué tener.

—Más allá de la buena relación con Salinas, que es un socio del SMU, hay un cambio de signo político que no es afín a la mayoría del sindicato. ¿Cómo cree que va a ser el relacionamiento con un ministerio administrado por Cabildo Abierto?

—Sin reparos y sin prejuicios. Empecemos por ese concepto. En salud no hubo discusión política. Fue un tema ausente y olvidado durante la campaña. Ninguno de los candidatos lo tuvo en la agenda, las preocupaciones de los uruguayos fueron otras según las encuestas. Y como no estuvo en la agenda es un actor olvidado. Y, de hecho, si ven la negociación dentro de la coalición de gobierno, fue uno de los ministerios que fue “derivado”. Nadie planteó cambios estructurales, radicales. Hay muchas cosas para hacer, para profundizar. Pero no hay cambios estructurales importantes. En la medida que nos empezamos a mover con esos lineamientos políticos, no tenemos por qué trancar. No estamos plantados en discutir todo desde una bandera política porque el ministerio esté en manos de Cabildo Abierto. Obviamente si vemos que hay cosas necesarias de rebatir, lo vamos a hacer.

—Hace pocos días se logró un postergado acuerdo por un laudo salarial en las emergencias móviles que fue muy celebrado por este gobierno.

—A mí me gustaría ser muy objetivo y no herir susceptibilidades en este tema, pero no me parece correcto que el nuevo gobierno se coloque la cocarda en este acuerdo. Acá si hay un mérito en este acuerdo ha sido la unión de todos los trabajadores médicos de las emergencias móviles en un hecho inédito para esta casa. Exigió un enorme esfuerzo de negociación para contemplar un escenario sumamente heterogéneo, con empresas de 500 a 240.000 socios. Nuestra táctica fue hacer acuerdos bilaterales hasta converger en este acuerdo macro. Y lo que hizo firmar este acuerdo fue la medida de presión de los trabajadores, donde el fantasma de la especialidad estaba sobre la mesa, en un primer conflicto fuerte que el gobierno tenía que afrontar. Y que tomó con carácter de observador. El gobierno saliente trabajó intensamente. Si se logró un acuerdo no fue por este gobierno, que ayudó y cumplió su rol. Pero la cocarda que se colocó Mieres en una nota en El País me pareció excesiva. En todo caso el que sí trabajo fue el subsecretario Mario Arizti que se puso el tema al hombro. Pero los acuerdos lo hacemos trabajadores y empresas, no el gobierno.

—La semana pasada hubo un evento en el SMU donde se habló del tratamiento de los medios sobre el coronavirus. Allí se habló sobre la nota de Búsqueda , que recogió la inquietud de los intensivistas sobre la falta de condiciones para enfrentar la enfermedad. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Es muy difícil posicionarse correctamente en el tema sin generar alarma y sin subestimar el problema. El coronavirus tiene sus características epidemiológicas y patogénicas particulares, con índices de letalidad que están por encima de la gripe común y con una transmisibilidad superior a los virus respiratorios comunes. Y hay que seguir estrictamente los lineamientos que mande el MSP. Nosotros pedimos no generar alarma.

—Pero hubo un reclamo de los intensivistas.

—Visto desde el rol de la medicina intensiva, que es donde recibimos a los pacientes más graves que requieren ventilación mecánica, se somete a una sobrecarga y a una tensión el sistema. Uruguay tiene unas 66 unidades de terapia intensiva con unas 600 camas de adultos. El flujo de pacientes ronda los 30.000 por año, con estadías promedio de una semana. Vos sabés lo que te espera cada invierno, donde la prevalencia de las enfermedades respiratorias pasa de un 8% a un 25%. Y eso te somete a una tensión. Esto es algo nuevo que se va a injertar a ese escenario. Obviamente hay que tomar precauciones. La experiencia que nos llega de los colegas intensivistas italianos, por ejemplo, es preocupante. La visión de la Sociedad de Medicina Intensiva es preocupante. Queremos estar preparados para que no nos tome de sorpresa. Y eso implica que el sistema se adapte: que haya disponibilidad de respiradores, de aislamiento. Hay que tener protocolos muy claros para ese pequeño porcentaje que va a estar internado.

—¿Es válida la preocupación de los intensivistas?

—Es válida, claro que es válida la preocupación.

—¿Y ustedes como sindicato van a hacer algo al respecto?

—Y tenemos que ver cómo adaptamos la capacidad instalada y las estructuras que tenemos para una sobrecarga que sin duda va a llegar.

—¿Y cómo, a su entender?

—Creo que hay varias cosas para hacer: no podemos abordarlas exclusivamente con los pacientes críticos que nos llegan a las unidades. Tiene que haber una correcta estratificación de los pacientes de acuerdo a su riesgo y con aislamiento en sectores sanatoriales. Que el último recurso sea llegar a la medicina intensiva. Va a haber que comprar más respiradores. Y la disponibilidad de camas en terapia intensiva también puede pasar por frenar algunas cirugías coordinadas. Las cosas que pueden ser diferibles o programables, si tenemos estudios epidemiológicos que lo justifiquen, parece serio hacerlo. Las estructuras de terapia intensiva en muchos de los sanatorios del país son vetustas y requieren una actualización importante que en términos de planificación de la gestión hospitalaria llevan años y mucho inversión. No es posible pedir que las camas que hoy están separadas por cortinas les pongan mamparas. No somos chinos que construimos hospitales en 10 días. Creo que hay que trabajar más en elaborar un plan de contingencia específico para este tema.