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Son comunes los reproches a las pruebas Pisa, utilizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para comparar el nivel educativo de los países a partir del rendimiento de alumnos de 15 años. También al Terce, un estudio de las Naciones Unidas que mide el desempeño escolar en tercer y sexto grado de escuela. Históricamente, las autoridades de la educación pública han cuestionado los tests internacionales y exigido que a los estudiantes uruguayos los evalúen técnicos y docentes uruguayos que conozcan los programas de enseñanza locales, las particularidades de la sociedad y los rincones de las escuelas, liceos y centros de UTU.
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Así se comenzó a hacer desde 2012, cuando se creó un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) previsto en la ley de educación de 2008. Pero tampoco este organismo ni sus investigaciones han cambiado la reacción de las autoridades y complacido al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Tiene una visión muy parcializada. No aborda las políticas, no las interpela. Son pocos los elementos que podamos tomar como insumo para intervenir en el sistema”, opinó en rueda de prensa Wilson Netto, presidente del Codicen, después de la última evaluación que el Ineed presentara el jueves 1º, su Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018, el tercero del Ineed desde su creación.
Indica que en el país “es abundante” la evidencia sobre la inequidad en los desempeños de los estudiantes, que aumenta a medida que lo hace el estatus socioeconómico y cultural de sus familias. Agrega que tampoco “han sido aún resueltos” los problemas de inequidad en los resultados de aprendizaje y en los egresos de la enseñanza media superior.
El informe señala que, tomando en cuenta a la población de 19 años, aumentó el egreso de educación media superior de 24% a 36% entre 2006 y 2018. “A los 23 años las mejoras respecto a 2006 son claras (de 32% a 43% en 2018), pero la magnitud del cambio en un período tan importante de tiempo es escasa (11 puntos porcentuales en 12 años), y lo que resta por avanzar para alcanzar la finalización universal del ciclo obligatorio es muy importante”, advierte.
Este tipo de conclusiones molestaron al Codicen, cuyo descontento no quedó solo en las palabras de Netto: el organismo encargó a su Dirección Sectorial de Planificación Educativa un contra informe que analice el del Ineed. Aunque un documento con duras críticas fue divulgado el lunes 5 en el programa Así nos va de radio Carve, Netto dijo a Búsqueda que ese informe es interno y no es el oficial que se entregará al Ineed en los próximos días.
El Ineed aguarda para dar una posible respuesta. Uno de los integrantes de su comisión directiva, Pablo Cayota, propuso en la sesión de esta semana responder punto a punto al documento del Codicen, moción que fue rechazada por el resto de la directiva al considerar que se trataba de un informe “clandestino” y no oficial.
Tortuoso
La reacción negativa de las jerarquías de la educación pública es la última de una larga lista con el organismo encargado de evaluar sus políticas. Consultado por Búsqueda, Cayota afirmó que el Ineed toma en cuenta todos los cuestionamientos siempre que intenten colaborar con la mejora de la educación. “Algunas de las críticas son falsas. Lo que no aceptamos son las descalificaciones que llevaron al presidente del Codicen a decir que el informe no es ni un insumo, lo que es indignante. Creo que esa es la mala noticia para el país: que las autoridades no pongan el foco en el problema”, dijo.
Puso como ejemplo la importancia de que el Codicen y el Ineed dialoguen para encontrar una solución a la inequidad en la enseñanza media superior. “En todos estos años el sistema educativo no ha logrado acompañar los índices de pobreza y desigualdad, donde Uruguay se ubica muy bien en América Latina”, argumentó. “Somos campeones de índice Gini en América Latina, pero no clasificamos ni siquiera al repechaje en egresos e inequidades de aprendizaje”.
Sin embargo, en ese intento de acercar posiciones son más los desencuentros. El Ineed protestó en varias ocasiones por la dificultad de acceder a información en manos del Codicen. “Si bien en el discurso nos abren las puertas, en la realidad no terminan de abrirlas”, afirmó en 2015 ante el Parlamento María Inés Vázquez, entonces integrante de la directiva.
“Hay solicitudes que llevaron más de dos años para que se pudieran completar. Y hay información a la cual todavía no hemos tenido acceso”, sostiene hoy Cayota. La falta de sistematización de datos en todas las escuelas, liceos y centros de UTU, y la protección de los datos de alumnos y docentes son los principales argumentos que brinda el Codicen. “Hemos tenido incluso que recurrir a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y pedirles dictamen para que las autoridades del Codicen se quedaran tranquilas. Y aún así hemos tenido grandes dificultades. Siempre hay obstáculos, aun luego de recorrer ese tortuoso camino”.
Para Cayota la situación supone una falta legal del Codicen porque está obligado a suministrar la información según el artículo 116 de la ley de educación. “No es fácil a veces que determinados organismos con mucho poder acepten que el Ineed tiene tanta legitimidad. Pero, les guste o no les guste a las autoridades de la ANEP, el Ineed no va a renunciar a ser autónomo, independiente y cumplir con sus cometidos legales”, dijo.
Las diferencias se acentúan porque el propio Ineed debe lidiar con un funcionamiento interno complejo, ya que dos de los seis integrantes de su directiva son designados por el Codicen, otros dos por el Ministerio de Educación y Cultura y un quinto por la Universidad de la República. El único nombrado por la educación privada es Cayota.
El año pasado renunció como director ejecutivo Mariano Palamidessi, encargado de dirigir todas las evaluaciones. Tras su salida señaló que la directiva del Ineed otorga el control del instituto a los organismos que gobiernan el sistema educativo, lo que supone “la génesis” del problema, pues “marca profundamente” las tensiones que deben enfrentar los equipos técnicos para llevar adelante sus investigaciones. En 2014 había renunciado el primer director ejecutivo del organismo, Pedro Ravela, por diferencias de gestión con la directiva.
