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El ex vicepresidente de la República durante el gobierno del Partido Nacional (1990-1995) y experto en Derecho Constitucional, Gonzalo Aguirre, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo por el “caso Gelman” es un organismo “totalmente politizado” que está integrado por jueces de “cierto prestigio” pero que “tienen la cancha flechada”.
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Aguirre hizo esta consideración al participar junto al abogado Hebert Gatto y a dos penalistas argentinos en un “simposio de juristas rioplatenses” —a mediados de octubre en el Ateneo de Montevideo— organizado por el “Foro Libertad y Concordia”, una organización que nuclea a militares retirados y que denuncia irregularidades y violaciones a las garantías en los procesos judiciales que se les siguen a sus camaradas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Para Aguirre “es justo” que haya militares retirados que estén presos por el homicidio de María Claudia García de Gelman —quien fue llevada a Uruguay desde Argentina y asesinada luego de dar a luz a Macarena Gelman— porque fueron responsables de hechos “horrorosos”. Sin embargo, el ex vicepresidente aseveró que esos procesamientos no están “ajustados a derecho” porque esos crímenes están prescriptos, entre otras irregularidades que a su juicio se cometieron en el proceso.
En noviembre de 2011 el juez penal Pedro Salazar procesó a los militares retirados José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y al ex policía Ricardo Medina por considerarlos coautores del “homicidio muy especialmente agravado” de García de Gelman.
De acuerdo con Aguirre, la sentencia del organismo internacional “ya fue cumplida” por Uruguay, por lo que el Estado no debe hacer más nada al respecto.
“La sentencia se cumplió en el sentido de que el Estado uruguayo tenía que pedir perdón por haber desarrollado lo que se consideraba terrorismo de Estado y haber cometido crímenes de guerra”, expresó.
“Entonces el Estado cumplió y se dio la paradoja casi ridícula de que el presidente de la República, señor (José) Mujica —que nunca pidió perdón ni pedirá por los crímenes que cometió, los atentados con explosivos, los asesinatos a policías por la espalda y la famosa fuga del Penal de Punta Carretas en 1971— pidiera perdón en nombre de los militares y del gobierno de facto de la época por crímenes cometidos hace treinta y cinco años”, agregó.
Para Aguirre la “sentencia se cumplió” por lo que considera un “atrevimiento” que se den “órdenes o sugerencias desde el exterior” en cuanto a lo que debe hacer Uruguay. En esa línea nombró a diversos relatores de organismos de las Naciones Unidas que han visitado el país y criticado a la Suprema Corte de Justicia, así como al ex juez español Baltasar Garzón, quien también visitó Uruguay con ese propósito.
El ex vicepresidente señaló que este tipo de hechos se producen en el contexto de lo que llamó el “derecho penal del enemigo”, es decir un derecho penal diseñado específicamente para castigar a los militares, así como luego de la segunda guerra mundial se diseñó un derecho penal para castigar a los nazis. A su juicio eso se hace salteándose principios del derecho penal liberal, como el “principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa”, el “principio de legalidad” o el “del debido proceso legal”, entre otros.
Soberanía.
El destacado abogado Hebert Gatto dijo que coincide “totalmente” con la exposición de Aguirre en cuanto a que se generó en el país un “derecho penal para el enemigo”.
“¿Qué estoy defendiendo yo cuando me opongo —y me opongo con toda mi fuerza— a determinadas arbitrariedades que en materia penal se están cometiendo en nuestro país?”, preguntó Gatto, quien es dirigente del Partido Independiente y habitualmente está asociado a posturas de centro izquierda. Y de inmediato contestó que no defiende a ninguna persona en particular sino al Estado liberal de derecho, que a su juicio se está viendo avasallado por este tipo de juicios a los militares.
El abogado también cuestionó la sentencia de la Corte Interamericana sobre el fallo Gelman porque entiende que el país pierde soberanía con ello.
