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    Exdirector de Policía asegura que “represión” incluida en la LUC genera “un estado policial” que no respeta los derechos humanos

    El exdirector de la Policía Nacional Mario Layera manifestó su apoyo a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) al argumentar que algunas de sus disposiciones ocasionan un accionar policial desmedido en donde las investigaciones de Inteligencia quedan en segundo plano y el ciudadano inocente resulta perjudicado.

    Layera entendió “oportuno” expresarse debido a un “conocimiento interno” sobre la Policía acumulado en casi cuatro décadas de trabajo como profesional de la seguridad pública, según explicó en una carta enviada a Búsqueda y que se publica en la sección Cartas al director de esta edición. En el documento afirma que la vida, la libertad y la autoridad son tres conceptos que integran el espíritu de la LUC pero que “en lugar de proteger” desembocan en una confusión que contrapone vida con propiedad, libertad con detención y autoridad con derechos humanos.

    “Esta ley empodera a la Policía para que enfrente toda situación de conflicto social más que al crimen organizado, la corrupción y la violencia de género; un sicario no va a ser disuadido, tampoco el tráfico de drogas. Por el contrario, expone a los policías a obviar los riesgos en estos casos y a enfrentar al ciudadano común con la fuerza desmedida de la mal considerada ‘guerra’”, señala, en referencia a un término habitual que desde el Ministerio del Interior se ha utilizado para graficar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Resolver con solo represión es simple y deriva en un estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos”, añade Layera.

    Su análisis se da en un momento áspero entre oficialismo y oposición hacia el referéndum del 27 de marzo, con un fuerte debate en torno a los artículos sobre seguridad —33 de los 135 puestos a votación— que se pretenden derogar. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, sostuvo que quienes respaldan al Sí “impulsan una campaña anti-Policía”, mientras que Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, afirmó que el Frente Amplio y el PIT-CNT han “puesto sus baterías en atacar a los policías” al acusar sobre situaciones de abuso “por doquier”.

    “Enfrentar a la Policía con la ciudadanía es un camino lamentable y peligroso”, criticó González el martes 15 en su cuenta de Twitter. El lunes 14 el Frente Amplio brindó una conferencia de prensa para presentar públicamente 50 denuncias de supuesto abuso policial ocurrido en este gobierno. “La única razón por la que no se profundizan las denuncias es porque son hijos de pobres”, dijo el presidente frenteamplista, Fernando Pereira.

    Layera, quien fue cuatro años director de la Policía Nacional, dijo a Búsqueda que no “cree en una campaña anti-Policía, sino en una Policía que cumple la ley, protege la democracia y los derechos humanos”. En la carta aclara que durante su mandato reconoció la gravedad de la situación de seguridad en Uruguay al mencionar públicamente “el aumento constante de las denuncias, los índices de violencia y el daño a la unidad familiar, la comunidad y el tejido social”. Sin embargo, subraya que durante las elecciones de 2019 la inseguridad se usó como “estrategia para oponerse y luego alcanzar el gobierno”, “instalándose el relato” de la inseguridad y el miedo, al cual se opone porque pretende “manipular de esta forma el sano juicio del sentido común y la crítica constructiva”.

    A su modo de ver, durante la actual gestión del Ministerio del Interior se profundizó la pérdida de salario, las carencias de recursos humanos y logísticos, y en lugar de otorgar oportunidades a los jóvenes y a las mujeres se hicieron ingresar policías retirados “que ya cumplieron su ciclo en la institución”. Añade en su carta que para superar los problemas de seguridad pública “el camino” es la promoción de Inteligencia y conocimiento, “no la fuerza”.

    Actual comisario general retirado, la impronta policial de Layera estuvo marcada por Julio Guarteche y por sus casi 20 años en procedimientos contra el tráfico de drogas, en donde enfatizó el trabajo en operaciones encubiertas, el análisis criminal y la búsqueda de información a partir de mayor capacitación y equipamiento de comunicación.

    En 2013 asumió como jefe de Policía de Montevideo en reemplazo de Diego Fernández —actual director de la Policía Nacional—, quien había renunciado días antes. Entonces el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el cambio se debió a que en la Policía hubo personas “que perdieron actitud, espíritu de sacrificio y servicio”. En 2016 Layera fue nombrado director de la Policía Nacional, en donde permaneció hasta febrero de 2020.