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En marzo de 2006, la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa), propiedad del empresario catalán Alejandro Lagrenade, firmó un convenio con Venezuela para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas a cambio de unos US$ 156 millones. El acuerdo se concretó en el marco del Fondo Bolívar-Artigas, rubricado por el entonces presidente Tabaré Vázquez y su par venezolano Hugo Chávez. La instalación de las casas corría por cuenta de Venezuela y el financiamiento se realizó a través de un fideicomiso entre Ancap y Pdvsa.
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Umissa resultó sancionada por el gobierno de Vázquez por irregularidades, entre ellas por incumplir con los plazos de entrega en la construcción de casas prefabricadas para Venezuela y de viviendas de 11 cooperativas del PIT-CNT. También por la falta de logística y previsión para el cuidado y durabilidad de los materiales de obra. La medida se mantuvo durante varias administraciones. Sin embargo, la exministra de Vivienda —y actual senadora— Irene Moreira (Cabildo Abierto) resolvió tiempo atrás levantar las sanciones impuestas a la empresa de Lagrenade.
El acuerdo original firmado por Vázquez y Chávez preveía la exportación de 12.193 kits de casas prefabricadas de 75 metros cuadrados cada una, encargadas por Venezuela por un pago total de US$ 155.477.000. En diciembre de 2009 la construcción global se redujo a 8.000 viviendas. Umissa se comprometía a enviar todo el material y dar asesoramiento para levantar las viviendas prefabricadas, como parte de un programa de ocupación de zonas despobladas y de asignación de casas a familias damnificadas por desastres naturales.
En Venezuela había entonces un déficit de dos millones de viviendas, y Chávez había decretado la emergencia habitacional en el país.
Ya en mayo de 2006, Venezuela había hecho un giro a Umissa por US$ 23.320.050. El día que se acreditó ese importe también se hizo una transferencia por US$ 18.569.700 a otra cuenta a nombre del propietario de Umissa, Lagrenade, del también empresario venezolano Guido Antonini Wilson y del representante de la empresa en Caracas, Norberto Barcos.
Antonini Wilson, que fue investigado por la Justicia de Uruguay por lavado de activos, también había acompañado a una delegación que visitó la sede de Umissa poco antes de saltar el “escándalo de la valija”, que estalló en Argentina en 2007 y lo tuvo como protagonista. El caso rebotó en Uruguay con el cruce de denuncias en torno a las gestiones del empresario y sus socios en negocios entre el gobierno de Venezuela y Umissa. Uno de sus exsocios denunció ante la Justicia que el venezolano estaba relacionado con la exportación de casas prefabricadas, informó entonces Búsqueda.
Lagrenade desmintió entonces a quienes lo acusaban de realizar negocios “poco transparentes” con Venezuela y minimizó la denuncia penal que presentó en su contra el empresario venezolano Franklin Durán Guerrero —exsocio de Antonini Wilson—, que lo acusó de haber desviado dinero de una cuenta de Umissa a otra a su nombre y de los empresarios Antonini Wilson y Barcos.
A fines de 2008, el empresario catalán reconoció ante la Justicia penal que envió fondos millonarios en dólares a cuentas bancarias de Antonini Wilson, como también consignó Búsqueda. El caso que investigó este presunto desvío de fondos fue archivado luego de que las partes llegaran a un acuerdo.
Ya en 2020, con el gobierno de Luis Lacalle Pou, las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda, encabezadas por Moreira, resolvieron reunirse con Lagrenade. Entonces la secretaria de Estado resolvió levantar las sanciones impuestas a la empresa.
Reunión y convenio
Lagrenade se presentó en la sede del Ministerio de Vivienda acompañado por su abogado y exgerente general de Umissa, Gastón Tealdi, también dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), y por el jefe de Prensa del ministerio, Martín Tomeo, hombre de confianza de la exministra que ofició como “nexo” entre Moreira y Lagrenade, según las fuentes consultadas.
Durante ese encuentro, Lagrenade procuró llegar a un acuerdo con Moreira para que el ministerio institucionalmente levantara la sanción impuesta a Umissa. La ministra ordenó la intervención de la oficina jurídica de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) para estudiar el caso. El informe técnico concluyó que el ministerio debía mantener la sanción por las causas justificadas en la resolución original. No obstante, pese al informe adverso, en noviembre de 2022 se firmó un nuevo convenio que favoreció a Umissa.
El alcance de la sanción original afectaba solo las construcciones nuevas, no así las que ya se habían empezado a edificar previo a la resolución administrativa. Como solución, el ministerio liberó dinero al PIT-CNT para continuar con la construcción de las viviendas de las cooperativas.
Moreira concurrió el 22 de noviembre a la sede del PIT-CNT para la firma del convenio por el que Vivienda adelantó fondos —2% de la retención final— a 11 cooperativas del Programa de Vivienda Sindical para concluir las obras.
La jerarca aseguró que el ministerio era “sensible” a la preocupación de “la casa propia” y añadió que este convenio sería el “puntapié” que se necesitaba para que se pudieran concluir las obras. “Estas 11 cooperativas, que implican a un número importante de familias, van a poder finalizar de una vez por todas las viviendas. Eran cooperativas que por un motivo u otro no habían podido tener ese empujón final para poder finalizar su casa”, zanjó.
