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Cada mes al trabajador asalariado le descuentan de su salario el aporte jubilatorio y también los empresarios hacen una contribución a la seguridad social como patrones, aunque algunos sectores de actividad e incluso ciertas áreas del Estado, están exonerados o pagan tasas reducidas.
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Ese régimen de exoneraciones supuso para el Banco de Previsión Social (BPS) una pérdida de recaudación de aportes patronales de casi U$S 167 millones en 2013, según estimaciones de técnicos de su Asesoría General en Seguridad Social. Prácticamente la mitad de ese monto (U$S 81,5 millones) fue por el alivio a las instituciones de asistencia médica.
Ni el sector rural ni el servicio doméstico tienen exoneraciones y están sometidos al régimen general de aportación. Para el Estado (categoría “Civil” en el esquema de recaudación del BPS) rigen aportes patronales diferenciales según el organismo de que se trate; 19,5% en la administración central, 7,5% los entes autónomos y servicios descentralizados de dominio comercial e industrial, y 16,5% para los gobiernos departamentales.
Conforme con ese análisis, publicado recientemente, la tasa promedio de aporte ese año fue de 23,6%, prácticamente la misma que en 2012. Por sectores de recaudación para el BPS, el civil (el Estado) es el que paga más (31,6%) y el rural menos (17%).
Considerando esas tasas de aportación, el instituto previsional cobró el equivalente a U$S 3.713 millones en 2013 por concepto de aportes por invalidez, vejez y sobrevivencia. Los sectores de actividad que aportan a la categoría “Industria y comercio” contribuyeron con 56% de ese monto.
Si se decidiera variar en un punto la tasa legal del aporte personal (15% del salario) se debería esperar un aumento o reducción de la recaudación de más de U$S 157 millones anuales. Una modificación también de un punto en la tasa de aportes patronales significaría una resignación de ingresos para el BPS de U$S 128 millones.
En 2014 la Cámara de Industrias solicitó al ministro de Economía, Mario Bergara, una reducción de los aportes patronales al sector ante la pérdida de competitividad que enfrentó el sector manufacturero. El planteo fue desestimado por el gobierno.