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Gustavo Viñales, profesor en el posgrado de Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, expuso, como representante del Laboratorio Fiscal y Tributario, una visión crítica del proyecto de derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias que tiene a estudio la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
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El miércoles 11, explicó que en la asignatura Garantías y Derechos de los Contribuyentes enfocan el tema con una doble mirada; una se relaciona con el ámbito de disputa legal entre la administración y los contribuyentes, donde ese proyecto —dijo— hace foco. “La otra mirada relevante tiene que ver con el cambio de paradigma de la administración tributaria en los últimos años, que ha dejado de ser una policía fiscal para pasar a ser un centro de servicios para los grandes contribuyentes... ¿Cuál es el paradigma? Que dentro de un marco de una administración tributaria, mirada como un centro de servicios que pueda brindar información y asistencia de calidad a los contribuyentes, los contribuyentes están dispuestos a cumplir voluntariamente en tiempo y forma y se procure -esto es sustancial- disminuir los costos de cumplimiento.
La gran mayoría de los contribuyentes en este país nunca van a llegar a utilizar este proyecto de ley que están proponiendo. Este proyecto de ley está pensado para grandes contribuyentes y sus asesores tributarios, sean abogados o contadores. La gran mayoría de los contribuyentes no van a llegar nunca a tener esta preocupación”, aseguró el contador.
“Por supuesto que hay aspectos generales (positivos). Yo valoro sustancialmente que hoy Uruguay esté discutiendo este tema, pero este proyecto tiene una mirada antigua de la administración tributaria; tiene una mirada en la disputa, en la patología del sistema y no en los problemas centrales de la mayoría de los pequeños contribuyentes, de los autónomos y de las medianas y pequeñas empresas”, argumentó.
Viñales reflexionó, en cuanto al derecho a obtener la devolución de lo pagado indebidamente con los reajustes correspondientes, que “Uruguay, claramente, tiene que avanzar en eso. Ahí hay un problema real que tiene que ver con el presupuesto, que no está previsto en esto. Todos los años, en este gobierno, los anteriores y, seguramente, el que siga, si no cambia la norma, las autoridades salen casi que a felicitarse por lo que devuelven por concepto de Fonasa; este año, entre setiembre y octubre, se devolverán $ 6.500 millones, que equivalen a US$ 170 millones. ¿Y cómo se genera eso? Por una retención en demasía a partir de que el contribuyente llegó al límite. ¿Cuándo se cumple eso? En el caso de algunos contribuyentes, con sueldos altos, eso se cumple en marzo; para otros, será en junio, en setiembre o en diciembre. Supongamos que, en promedio, el grueso de la masa de contribuyentes lo superó en setiembre. Y la devolución se hace en setiembre del año siguiente, sin actualización ninguna, cuando hoy la tecnología permitiría que al mes siguiente de que superó el límite no le retengan más ese aporte. Eso tiene un costo financiero. Hay que llamar al Poder Ejecutivo, al ministro de Economía del gobierno que fuera -en este caso, a la ministra de Economía-, y decirle: ‘Señores, acá hay un problema. Ustedes usan US$ 170 millones a tasa cero todos los años y lo devuelven un año después, felicitándose por que lo devolvieron’. Ese es el problema real de la mayor parte de los contribuyentes; no es que va a juicio, tiene que pagar y después reclamar. ¿Cuántos van al Contencioso Administrativo en el Uruguay? Pregunten a la administración tributaria: son muy pocos”.
El Laboratorio Fiscal y Tributario depende del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
