Ramos, doctor en Ciencia Política especializado en temas de gestión de gobierno, patronazgos y partidos, conoce desde adentro las dificultades para impulsar una reforma. No llegó a estar un año como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, puesto al que renunció por diferencias con el director Gabriel Frugoni, jerarca durante el gobierno de José Mujica.
Los gobiernos siguen sin realizar rendiciones de cuentas claras, no se evalúa si no hay áreas que hoy el Estado no debería cumplir ni se piensa en profesionalizar más la gestión, dijo a Búsqueda Ramos, candidato a vicepresidente por el Partido Independiente en las elecciones de 2014 y senador suplente de Pablo Mieres.
—El tema es que en términos absolutos es imposible contestar eso. ¿El Estado sueco cuánto tiene sobre el PBI? Es un Estado con una industria bastante pesada, pero de alguna manera es una economía chica y abierta, y sin embargo tiene un peso del Estado enorme. Ahora, ¿cómo está bancado ese peso?, ¿bajo qué estructura y con qué grado de productividad y con qué tipo de servicios se cuenta? El Estado uruguayo tiene espacios de gordura y espacios de raquitismo. Hay que hablar de la calidad del gasto. Se dijo que en el Consejo de Ministros evaluaron y concluyeron que están bien en materia social, en materia de vivienda, pero ¿quién sabe si hiciste muy bien las cosas o no?, ¿qué documento entregaste para que la ciudadanía pueda evaluar cuál era tu meta y cuánto alcanzaste? Seguimos teniendo gobiernos sin accountability, sin rendición de cuentas claras. Es importante que los ministros comiencen el gobierno y digan: “Esta es la situación en la que estamos, este es el déficit, estos serán nuestros objetivos, vamos a invertir tanta plata en esto y vamos a obtener tales resultados y tendrá tal impacto en la política”. Eso no se hace. Si hiciste las cosas bien, si estás gastando demasiado o no, ¿cómo lo sabés? Entonces, el tamaño del Estado es muy relativo. Una tercera parte del presupuesto se va en salario y es un gasto bastante rígido, después están los intereses de deuda, que es un monto grande, y el déficit de la seguridad social es otro monto grande.
—¿En qué sectores el Estado está más gordo y en cuáles, más raquítico?
—En los temas de control hay raquitismo estatal. En política carcelaria falta. ¿Cuánto habría que trabajar e invertir para que la gente no reincida? ¿Cuánto habría que gastar en medio ambiente?¿El Estado no está débil en infraestructura? Y quizás haya otras áreas en las que el Estado desarrolla proyectos, cuya productividad, cuya evaluación sistémica no la sabemos. ¿Cuál es la razón de ser del IMPO? No sé. Todo se crea, pero ninguno se elimina. ¿Nunca hay un proyecto que queda en desuso o que ya no es imprescindible? Porque las decisiones en materia de dineros públicos siempre son trágicas: vestís un santo para desnudar otro. Nunca es: esto quizás ya cumplió su tiempo, o ante otras prioridades tengo que abandonarlo. Lo que hay es un fenómeno de expansión permanente en épocas de abundancia. No quiere decir que no se haga esfuerzo de redistribución del ingreso, el tema es cómo se hace. Lo mejor para curar estas cosas es hacer auditorías de gestión permanente. El gobierno inglés, cada tres años, se pregunta: ¿esto lo tiene que hacer el Estado? Si lo hace, ¿lo tiene que hacer con su plata, lo tiene que hacer con su personal? ¿Está dando los resultados adecuados? Y cuando cortan, cortan. Lo que pasa es que eso significa hacer reformas con perdedores, y nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Las reformas acá no tienen perdedores, o el que pierde no se nota porque no tiene una defensa corporativa.
—Dentro del gasto del Estado, está el peso de los funcionarios públicos. En los países desarrollados también tienen muchos funcionarios, ¿cómo es esa situación?
—Los países desarrollados tienen Estados fuertes. Es un mito que tienen Estados mínimos. Y también depende de la calidad del servicio, porque a veces las comparaciones son injustas. Está lo que es el Estado en la sombras, que no son funcionarios públicos, pero son empleados con dineros públicos. Por eso, cuando se habla de cargos de confianza hay que ver de qué hablamos, porque muchas de esas personas entran discrecionalmente al Estado y no revisten la categoría de (escalafón) Q por ley, pero son cargos de confianza. No sabemos cuántos cargos de confianza hay en el Estado uruguayo. Se dio un número, pero son los del escalafón Q. Pero los 100 cargos de alta responsabilidad de ASSE, ¿no son cargos de confianza? No son los Q, pero son los cargos de confianza. ¿En Codicen cuántos hay que no entraron por concurso? ¿En INAU, en el Inisa? En la Corte Electoral, donde desde el portero hasta los ministros son designados por los políticos, ¿esos no son cargos de confianza? Ahí entrás por confianza política. Ese gasto no necesariamente responde a necesidades del servicio, y aunque así lo hiciese, no quiere decir que vas a sacar la mejor productividad del funcionario. Porque a ese funcionario no lo elegiste primero por idoneidad, lo elegiste por confianza, personal o política, y si tiene idoneidad técnica mejor, pero pasa a un segundo plano. Y luego está la evaluación. ¿Cómo lo evalúas? La medida de la confianza es la confianza, no es el desempeño. Lo que tienden a hacer los países desarrollados es a tener cargos de confianza, pero como asesores, nuestros adscriptos. No tengo nada con que haya asesores, el tema es que en Uruguay no solo los tenés como cargos de asesores, sino también gestionando proyectos y grandes programas. Y al no ser los más idóneos, tenés un problema. No le digo “no” a los cargos de confianza, pero deberíamos replantearnos qué cargos de confianza queremos, no solo como asesores sino al frente de programas. Yo tendería a dejarlos en aquellos lugares donde hay diseños de políticas, no donde hay provisión de servicios. Pero los pasaría por un filtro técnico: que el ministro tenga una lista y diga: “Quiero a esta gente”, pero alguien, una comisión dependiente de Servicio Civil o el Senado, evalúe la situación.
Siempre espero que se abra una ventana de oportunidad para discutir esto. Dije, bueno, los escándalos de corrupción en ASSE van a llevar a discutir sobre esto, pero el tema pasó. Ahora se vuelve a discutir, pero no sé si esto, una vez que pase el run run, el sistema político lo absorba.
—Días atrás, al ser entrevistado en el programa No Toquen Nada, dijo que estaba “quemado” con este tema, que creía que el sistema iba a olvidarse de esto y que iba a pasar.
—Es que se queman los senadores, los gestores públicos. (El ministro de Salud, Jorge) Basso dijo que estaba trabajando en una ley; le deben estar pegando todavía, porque la ley no la veo. Si lo hacés le sacás a la fuerza de gobierno unos cuantos cargos de confianza. Eso implica que te tenés que replantear el sistema de alianzas, porque ya hiciste un reparto que dejó conforme a las distintas fracciones. También afecta finanzas, porque los partidos se financian con esto. Entonces, deberíamos trabajar en cómo hacemos para que estos señores que se llaman políticos, que están en partidos y que sostienen la democracia uruguaya, tengan incentivos para atarse un poco las manos y profesionalizar un poco la maquinaria; todo eso sin perder control sobre la política pública, sin pasar a ser partidos pobres. De ahí vienen las propuestas que planteo. Para que no sean pobres, que gasten menos en publicidad televisiva. Pueden abrir una fundación con la plata que sacan de los votos y ahí metés a todos los funcionarios-militantes a trabajar.
—¿Cómo ve algunos de los planteos respecto a que no entre nadie más al Estado? El intendente de Salto resolvió eso en estas horas.
—Eso es populismo. Envejecés la población de funcionarios y eso produce problemas muy grandes. No es un tema a resolver a mansalva. Más vale hacer las cosas bien, trabajar seriamente en esto. La población quiere señales rápido, simbólicas, pero lo rápido no debe ser a costa de lo eficiente. Entonces, lo que se puede hacer es formar una comisión interpartidaria que se ponga a estudiar estos temas y llegue, en un plazo relativamente breve, a una propuesta que satisfaga a la sociedad civil. Hay una demanda de la ciudadanía con esto, pero que no se canalice mal. La otra propuesta que vengo haciendo es que la Jutep tenga un papel proactivo y no reactivo.
—Sobre el ingreso al Estado de parientes de los jerarcas, hasta ahora hay un decreto, pero hay dirigentes que dicen que no hay una ley que les impida tomar estas medidas.
—Estas son cosas de ética que tienen que estar previstas y tienen que haber organismos y espadas filosas, sanciones.
—¿Por qué es tan difícil lograr una reforma, más allá de que de todos los partidos hablan de este tema?
—El sistema político no tiene los incentivos para hacerlo. El partido que llega al gobierno te dice: vas a empezar por mí. Me lo ha dicho gente muy respetable. Mis colegas del Instituto de Ciencia Política dicen: “Ustedes los reformadores no piensan en los partidos, piensan desde la gestión y no piensan que hay un sistema de partidos, que es muy bueno en su tarea de representatividad política, y tienen que trabajar con el sistema de partidos y, en todo caso, trabajar en modificar los incentivos que tiene”. Por eso estoy esperando que algo dé pie al debate, algo como el escándalo en ASSE o los autoconvocados. Es necesario que pase algo que haga que el sistema nuestro reaccione y se quiera profesionalizar más.