Expertos proponen tres años para llegar a un “mercado maduro” de combustibles

En las dos etapas siguientes —de un año cada una—, además de establecer un nuevo “X” y el valor máximo de venta, la Ursea les fijaría a las distribuidoras o mayoristas un “precio máximo intermedio” para venderles a las estaciones de servicio. Ello contribuiría a proteger a los estacioneros de eventuales abusos y serviría a su vez como incentivo para que los sellos logren eficiencias y obtengan un margen mayor, explicaron los expertos. En la segunda etapa, además, se permitiría que los grandes consumidores se puedan abastecer directamente con los distribuidores, que las estaciones de servicio pudieran cambiar de sello y se habilitaría a empresas de bandera “blanca” o sin sello.

En la etapa final se liberaría la competencia en la distribución secundaria, no habría un precio intermedio ni uno máximo y únicamente se establecería el PPI en la planta de distribución primaria de Ancap. Este momento sería el de un “mercado maduro”, donde regiría una “libertad vigilada”: de existir “abusos”, el regulador podría fijar precios “en cualquier momento”, de manera excepcional.