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Técnicos de los ministerios de Economía (MEF) y de Trabajo (MTSS) analizan una solución para poder pagarles los créditos laborales adeudados a los exempleados de la mutualista Casa de Galicia, que cerró sus actividades definitivamente en marzo de 2022. Un borrador de proyecto de ley con ese fin, al que accedió Búsqueda, que establece la creación de un fondo en el Banco de Previsión Social (BPS), denominado Fondo de Insolvencia Casa de Galicia, ya circula entre las partes involucradas.
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El contenido de este borrador, de nueve artículos, ha provocado varias críticas entre los afectados por el cierre, que han denunciado varios incumplimientos previos. “Este es un proyecto que, de concretarse, perjudicaría notoriamente a los trabajadores”, dijo a Búsqueda Graciela Yapor, abogada que patrocina a unos 200 exfuncionarios de Casa de Galicia.
Según el artículo 2 del borrador del proyecto, los beneficiarios serán aquellos trabajadores “con créditos posconcursales reconocidos”, lo que corresponde luego de quedarse sin trabajo (como indemnizaciones por despido o licencias no gozadas). Según datos que manejan los trabajadores, este representa unos US$ 34 millones de los aproximadamente US$ 42 millones que se les adeuda.
Sin embargo, más allá de cuestionar varios artículos, el noveno y último, en el que habla de una financiación de ese fondo “con hasta 54.700.000 de unidades indexadas provenientes de rentas generales”, genera particular inquietud. Ese monto, señaló Yapor, equivale a US$ 8,5 millones, una cuarta parte de lo que se adeuda por ese concepto.