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El petróleo puede abaratarse en el mundo pero las tarifas de los combustibles en Uruguay no siempre se mueven. También ha ocurrido que el crudo se encarece y que ello no se refleja en los valores del surtidor. Son precios administrados en función del negocio de la empresa refinadora estatal y de cuestiones macroeconómicas.
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Mientras dichas tarifas no se ajusten automáticamente las finanzas de Ancap estarán expuestas a lo que ocurra con los precios internacionales de los combustibles. Y dado que se trata de una empresa pública “esos riesgos son en última instancia riesgos fiscales”, dijo a Búsqueda Jan Kees Martijn, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el jueves 9 culminó el monitoreo anual de la economía uruguaya.
“A corto plazo, el gobierno adquirió una cobertura contra el riesgo de aumento de precios. En el mediano plazo, el riesgo podría ser totalmente eliminado si se permitiera que los precios internos se ajusten automáticamente a los precios internacionales. Hacer esto también promovería el ajuste eficiente del uso de combustible por parte de las entidades privadas a los cambios en el costo para el país en la importación de petróleo”, alegó.
La misión llevó ese planteo a sus reuniones con jerarcas del gobierno. “Si y cómo implementar esta sugerencia sería una pregunta para las autoridades”, dijo el funcionario del FMI al ser consultado por Búsqueda.
En la declaración que emitió el jueves la delegación del organismo hubo una recomendación sobre el momento en que dar ese paso: “a la mayor brevedad posible”, cuando venza el contrato de cobertura para Ancap. Eso es en junio de 2017.
Mientras que el barril de petróleo de la variedad brent bajó aproximadamente 36% desde 2010, la nafta súper 95 cuesta ahora casi 48% más que en ese año (ver gráfica).
Resiliencia y reformas.
Las conclusiones preliminares de la misión encabezada por Kees Martijn darán paso a un informe final que será elevado dentro de algunos meses al Directorio Ejecutivo del FMI para su debate y decisión.
La delegación marcó elogios y algunas observaciones a tener en cuenta por el gobierno.
Consideran que el país está mostrando “considerable resiliencia” frente a la recesión que atraviesan Argentina y Brasil. “La prudencia de las políticas macroeconómicas, la solidez de las instituciones y el éxito en la diversificación de los mercados y los productos dentro de los sectores predominantes de la agricultura y la silvicultura han contribuido a estabilizar la economía. Además, el país mantiene amortiguadores financieros sólidos que sirven de complemento al tipo de cambio flexible a la hora de absorber shocks externos”, valoró la misión. Pero acotó que “ningún país puede mantenerse completamente al margen y la economía uruguaya se ha desacelerado significativamente desde finales de 2015”.
El FMI revisó su estimación sobre el Producto Bruto Interno (PBI), subiéndola ligeramente a 0,7% para este año y 1,1% el próximo. Ayer miércoles 14 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que proyecta una expansión de 0,6% para 2016 y de 1% para 2017.
La probable inversión —cercana a siete puntos del PBI— en una tercera fábrica de pasta de celulosa llevaría a niveles de expansión más altos, señaló la misión del FMI. Kees Martijn acotó que el proyecto de UPM podría tener un efecto positivo en el crecimiento incluso antes de su materialización, al generar una mayor confianza en la economía uruguaya.
La misión agregó en la declaración que el “margen de maniobra de las políticas anticíclicas es limitado y se prevé que el programa fiscal de 2017 será procíclico (si se considera de manera aislada), ya que si Uruguay retrasara más la consolidación fiscal estructural, podría poner en peligro la credibilidad ante los inversores internacionales que ha ganado con tanto esfuerzo, y el ajuste podría terminar siendo más duro”.
Las medidas tributarias que se implementarán en el marco del “ajuste fiscal” previsto tendrán, según la misión, un “efecto desfavorable limitado en el consumo”. Del lado del gasto público —añadió— la “racionalización” en salarios y los egresos de las empresas públicas “será un factor importante para lograr una consolidación duradera y crearía espacio para la inversión pública crítica”.
La misión también instó a hacer reformas en materia previsional. El FMI estima que, a causa del envejecimiento de la población, el déficit anual del pilar administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) se incrementará “muy por encima de 2%” del PBI en 2050. “Nuestras simulaciones muestran que los cambios en los parámetros clave del sistema —en particular, alguna reducción en las pensiones o un aumento en la edad de jubilación con un cambio correspondiente en el cálculo de las prestaciones— podrían ayudar a estabilizar los gastos del BPS en 2065 como porcentaje del PBI. “La edad de jubilación es actualmente de 60 años en Uruguay, frente a 65 en muchos otros países de la región y economías avanzadas con expectativa de vida similar”, explicó Kees Martijn.
Paralelamente, la misión aconsejó revisar el mecanismo de tope legal al endeudamiento “para reforzar la credibilidad a largo plazo y la anticiclicidad de la política fiscal”.
La actual orientación de sesgo contractivo de la política monetaria parece correcta, opinaron los técnicos del Fondo. Creen, sin embargo, que las autoridades deberían estar preparadas para endurecer dicha política en 2017 en la medida de lo necesario para guiar la inflación hacia el rango establecido como meta. Estiman que el alza de los precios al consumo —en términos anuales— se mantendrá por debajo de 9% el año próximo y que el registro se irá reduciendo poco a poco, a aproximadamente 6% a mediano plazo.
La delegación insistió en la necesidad de terminar con los ajustes de sueldos asociados a la inflación pasada. Por otro lado, también consideró “esencial” hacer una “reforma” en la educación.
Su visita se enmarcó en la revisión anual a que deben someterse los miembros del organismo que no tienen programas de créditos vigentes. Uruguay dejó de tener acuerdos con el FMI en 2006.
