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El acuerdo que firmó la Fiscalía uruguaya con el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Eugenio Figueredo provocó esta semana un nuevo dolor de cabeza a las autoridades.
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Producto de la negociación con el fiscal del caso en 2015, Figueredo había entregado una cantidad de bienes que poseía a título personal o a través de sociedades anónimas; a cambio recibió una reducción en la pena y el compromiso de la Fiscalía de oponerse a su extradición, en caso de que Estados Unidos la pida, hasta tanto no se extinga su pena en Uruguay.
Entre los bienes se encontraba la participación de Figueredo, a través de la off shore Gilson Overseas, en el fideicomiso que explota el Hotel Hyatt, ubicado sobre la rambla. El exdirigente era propietario de cuatro habitaciones valuadas, según el Fondo de Bienes Decomisados, en unos US$ 2,5 millones.
Como Figueredo dejó de pagar su cuota mensual después de caer preso en 2015, los otros socios del emprendimiento activaron la cláusula de rescisión del contrato con la sociedad anónima del exdirigente.
Ayer miércoles, la jueza civil de 2º turno, María Cecilia Shroeder, emitió un fallo en el que sostiene que la rescisión estaba ajustada a derecho y estableció que Gilson Overseas debe pagar una multa de US$ 116.996.
Las habitaciones del Hyatt han sido un problema casi desde que se firmó el acuerdo con la Fiscalía. La oferta inicial del fideicomiso al Estado era que participara en el emprendimiento hotelero, pero las autoridades lo rechazaron.
La decisión de la jueza Schroeder complica más las cosas y puede provocar que el Estado se quede sin las propiedades, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso. El valor total de esos bienes era la cuarta parte de los US$ 10 millones que la Fiscalía esperaba obtener gracias al acuerdo.
Primario.
La resolución se produjo menos de una semana después de que la Justicia penal otorgara a Figueredo la libertad provisional.
Consultado por Búsqueda acerca de la decisión, el fiscal Luis Pacheco explicó que la pena estimada para Figueredo, que todavía no tiene condena, es de cinco años, y que el exdirigente ya cumplió dos años en Uruguay (más de un año y medio en prisión domiciliaria) y casi ocho meses en Suiza. Eso suma “más de la mitad de lo que sería la pena, si tuviera sentencia”, con lo cual tiene derecho a pedir el cese de la prisión preventiva, explicó.
Pacheco dijo que también tuvo en cuenta que el exdirigente es primario, que hizo un acuerdo con la Fiscalía en el que identificó los bienes que tenía y que tiene una edad avanzada.
