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Fallo sobre vacunas usa “a la infancia para montar un espectáculo de desprestigio” y “se mofa” del “sufrimiento”, dice el gobierno
La apelación de Presidencia para levantar la suspensión de vacunación pediátrica contra el Covid-19 carga contra el juez Alejandro Recarey, a quien acusa de ser “parcial” y “relativizar” la pandemia
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“Los fallos se acatan. Pero se pueden criticar. Y este fallo es un disparate”. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, lucía molesto pero fue firme y contundente en la tarde del jueves 7 en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Allí, con esas palabras que pareció elegir con precisión para no salirse de tono, respondió a la sentencia del juez Alejandro Recarey, que horas antes suspendió temporalmente la vacunación pediátrica contra el Covid-19. Delgado dijo que la decisión de la Justicia, que dio lugar a una solicitud de amparo y ordenó la “suspensión inmediata” de la vacunación a niños menores de 13 años “bajo apercibimiento de desacato”, es “enormemente preocupante”. Y anunció esa misma tarde que ya se estaba trabajando en una también “inmediata” apelación judicial.
Según el fallo, la suspensión regirá hasta que no se publiquen “íntegros todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias a inocular”.
El recurso de apelación fue presentado por los abogados de Presidencia el lunes 11 y el proceso aún no ha finalizado. La vacunación sigue suspendida. La respuesta legal que el gobierno entregó por escrito a la Justicia tiene en su forma y contenido el mismo cariz de indignación ante el fallo que expresaron en distintas declaraciones públicas tanto dirigentes del oficialismo como desde la oposición. No hubo grieta en este asunto.
“La sentencia agravia desde el punto de vista jurídico y además hiere moral y socialmente porque utiliza a la infancia para montar un espectáculo de desprestigio nacional”, dice el texto a modo de conclusión. “Se criminaliza la labor que ha cumplido el Estado en la aplicación de una política sanitaria valorada por los uruguayos y reconocida internacionalmente. Y lo peor es que se mofa del sufrimiento de tantos uruguayos que han perdido seres queridos a causa del Covid-19”, agrega, y subraya que se entiende que la sentencia es “ilegítima” y “deberá ser anulada o revocada en todos sus términos”.
En el largo escrito se plantean distintos argumentos en contra del fallo que van desde la “forma de interrogar a los testigos” a “reiteradas violaciones al principio de igualdad”, “falta de legitimación activa”, “ausencia de actualidad e inminencia” y otra serie de “agravios ofensivos y carentes de sustento jurídico”. La apelación entiende que la sentencia “en general denota un desdén por la ciencia y menosprecia el esfuerzo realizado por los científicos para lograr minimizar los gravísimos daños de la pandemia”.
Según la respuesta del gobierno, el juez Recarey incurrió en un “prejuzgamiento” y eso es esgrimido como motivo suficiente para reclamar la nulidad de la decisión judicial.
“El principio de imparcialidad es una de las reglas inherentes al debido proceso”, señala el escrito. Y añade que conforme fuera advertido por Presidencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP), el magistrado “debió excusarse de inmediato” por “haber brindado su opinión concreta sobre el objeto de la causa, tanto antes de iniciarse el juicio como durante su tramitación”. Se señala que previo al juicio el juez ya “había escrito” en un artículo que la confidencialidad de los contratos con las empresas multinacionales proveedoras de las vacunas era “inconstitucional e ilegal” y que los “jueces debían buscar con ingenio la forma de levantarla”. Entonces se recogen una serie de citas textuales de Recarey que, según la apelación, “no parecen ajustarse en nada al rol del Poder Judicial en un Estado de derecho”.
La “falta de imparcialidad” surge también del interrogatorio de los testigos, sostiene la defensa de Presidencia, “quienes al declarar que las vacunas son seguras, eficaces, que sus componentes son públicos y accesibles a la población, provocó que insistentemente reiterara las preguntas de diversas maneras”. En algunos casos, señala, de “forma capciosa o llegando a advertir que le podía obligar a responder, todo lo cual, a criterio de los firmantes, se tradujo en una clara presión, motivando múltiples quejas en audiencia, tanto de los testigos como de quienes suscriben el presente escrito”.
Los abogados del gobierno también cuestionaron “la forma de dictar sentencia”. “Esta parte presentó una contestación de 60 páginas, aportó miles de hojas de prueba y la primera audiencia se extendió durante cerca de seis horas. No obstante, la sentencia se dictó en aproximadamente tres horas desde la presentación de los alegatos y de las respuestas del señor ministro de Salud Pública, existiendo además una audiencia de otra causa en el intervalo”, argumentaron.
Concentración frente al Palacio de los Tribunales en Montevideo por recurso de amparo contra vacunación por Covid a niños. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Información y derechos humanos
Según el escrito presentado por Presidencia, el derecho a la información de la población que exige la Justicia ha sido “cabalmente respetado por el Estado en la campaña de vacunación contra el Covid-19 llevada adelante por las autoridades sanitarias”. En este sentido, aseguran los abogados, “se ha informado constantemente a la población de las características de las vacunas, sus potenciales riesgos, las ventajas y la efectividad constatada”.
“Es un contrasentido hablar de violación de los derechos humanos cuando lo que se está preservando por el Estado —al poner a disposición de la población la posibilidad de vacunarse por decisión propia— es precisamente la vida y la salud lo tutelado, en cumplimiento de los deberes constitucionales”, agregan.
El documento concluye que es importante señalar al tribunal de alzada que todas las condiciones que la sentencia impuso al Estado para levantar la suspensión y cuya publicación exige es información que se encuentra disponible desde el inicio del plan de vacunación y en constante actualización en el portal del Estado y que en detalle fue agregada en la respuesta, donde citan una serie de links a distintas páginas web con información sobre riesgos, beneficios, efectos adversos y controles, aunque nada se aclara sobre los contratos de compra de las vacunas, que continúan siendo confidenciales.
