En 2010, cuando recién comenzaba su mandato, el presidente José Mujica había afirmado que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Para 2012, cuando un proyecto en ese sentido se encaminaba a ser presentado en el Parlamento, el mandatario admitió que no lo conocía; “en algún momento lo voy a tener que considerar”, dijo. En diciembre de 2014, cuando el proyecto estaba a un paso de convertirse en la Ley 19.307, el todavía primer mandatario dijo en entrevista con Océano FM que estaba “más o menos de acuerdo” con ella y que si no había una regulación, “los tiburones de afuera se terminan tragando” a los medios de comunicación locales.
La ley de medios fue promulgada el 29 de diciembre de 2014. El decreto que la reglamentó, el 160/019, es del 5 de junio de 2019, ya en el tramo final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Para entonces, ocho de sus 202 artículos, como el 56, que impedía a los cableoperadores ofrecer servicios de banda ancha, habían sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Como si el tema tuviera un sino traumático, el proyecto de una nueva ley de medios que el actual Poder Ejecutivo envió al Parlamento en abril de 2020 no ha salido desde entonces del Poder Legislativo, empantanado en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes por diferencias entre socios de la coalición de gobierno. Y la derogación de la norma actual incluida en la Rendición de Cuentas está muy lejos de ser un paseo por el campo para el oficialismo.
Horas antes de que se entregara en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, una fuente del Poder Ejecutivo dijo a Búsqueda que lo que se quería era dar “una señal política clara” para que “se discuta y apruebe” la nueva ley de medios. Esta lectura aparece a estas horas como la más realista, ya que aunque la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados tenga desde ayer miércoles 6 de julio 45 días para llegar —o no— a un acuerdo sobre el tema, en esta etapa inicial la postura predominante es negativa a la derogación del articulado actual.
De acuerdo a un relevamiento hecho por Búsqueda, por el momento Ciudadanos, sector mayoritario del Partido Colorado, y Cabildo Abierto han manifestado en el seno de esa comisión no acompañar la derogación, de la misma forma que la oposición frenteamplista. Solo el Partido Independiente, a través de su diputado Iván Posadas, y el Partido Nacional están afines a la medida impulsada por el Poder Ejecutivo. El sector colorado Batllistas, representado por Conrado Rodríguez, aún no tiene una postura definida.
El objetivo del gobierno, contenido en la Rendición, es derogar la norma actual, salvo los artículos que ordenan la transmisión abierta de las instancias decisivas de competencias deportivas en las que participe Uruguay y la traducción de contenidos en la lengua de señas, tal como adelantara Búsqueda (Nº 2.180).
Paso previo
“Hay consenso en tener un instrumento legal a futuro y creo que esta (la derogación) es una muy buena primera etapa para comenzar a hacer una nueva historia”, dijo el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez, quien preside la comisión. El también blanco Álvaro Viviano habló de la necesidad de “acelerar los procesos” para una nueva normativa. “En el Partido Nacional estamos convencidos de que hace falta una normativa más acorde a los nuevos tiempos. La actual tiene un exceso de reglamentarismo y de un celo excesivo del Poder Ejecutivo en el control de los medios. Es una ley que se votó en 2014, se reglamentó años después y no tuvo casi marco de actuación”, señaló.
Quienes impulsan su derogación, más allá de resaltar las inconstitucionalidades señaladas por la SCJ, destacan que la ley creó organismos que jamás funcionaron, como el Consejo de Comunicación Audiovisual, responsable de su aplicación y cumplimiento. Esto también es señalado por el diputado independiente: “Siempre dijimos que esta es una ley inconstitucional empezando por el artículo primero, el que fijaba el alcance y notoriamente ponía restricciones a algunos medios y a otros no, porque lo que se desarrollaba a través de Internet quedaba exceptuado”, expresó.
En Batllistas, sector minoritario del Partido Colorado, no hay todavía una postura, manifestó Conrado Rodríguez. Hay sí un consenso de que la actual ley de medios “no es buena” y que “hay que derogar algunos artículos”. En cualquier caso, le gustaría saber “qué normativa queda” como paso intermedio hasta que se apruebe una eventual nueva ley.
El proyecto de Rendición de Cuentas incluye un artículo, el 207, donde se busca evitar vacíos legales generados por la derogación, restableciendo la legislación anterior a la promulgación de la ley de medios.
Esto incluye a dos decretos-ley de la dictadura, uno de 1977 y otro de 1984, que habilitan sancionar a medios que afecten “la imagen y el prestigio de la República”, atenten “contra la moral y las buenas costubres”, y que ya generaron cuestionamientos desde la oposición. Sobre este punto, Álvaro Rodríguez señaló que “eran los instrumentos legales vigentes hasta 2014. El Frente Amplio también los tenía. Y no pasaba nada”.
Elefante en un bazar
Desde el Frente Amplio el rechazo a la derogación fue inmediato, aunque confían en que esta no se concretará. El diputado del Movimiento de Participación Popular Gabriel Tinaglini lo calificó de “demencia”. Su par de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos dijo que, más allá de que la norma actual tuviera elementos a modificar, es “un retroceso y una medida a lo bruto, como tirar un elefante adentro de un bazar”.
Y si desde el oficialismo se criticaba “el celo excesivo” del Poder Ejecutivo en la actual ley, en la oposición se rechaza “la vuelta a un esquema de arbitrariedad donde el gobierno le da la onda a quien quiere y como quiere, sin proyectos ni contraprestaciones”, según Olmos.
La “frutilla de la torta”, de acuerdo con este diputado, es que “se basan en las declaraciones de inconstitucionalidad y mantienen una redacción que la SCJ también señaló que es inconstitucional”. Esto es en referencia al tercer inciso del artículo 209 del proyecto de Rendición, referido a uno de los cuatro artículos de la ley que sí se mantiene, y que señala que el Poder Ejecutivo “excepcionalmente podrá, mediante resolución fundada y previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones”, considerar qué “eventos de interés general” se pueden incluir a las transmisiones deportivas para ser televisados en canales abiertos.
“Si los partidos de la coalición de gobierno son coherentes en el debate, la derogación no tendría que salir”, indicó Tinaglini.
Desde Cabildo Abierto, señalado por los demás socios de la coalición de gobierno como la principal traba para la aprobación de una nueva ley de medios, el diputado Álvaro Perrone se limitó a decir que “por el momento” su partido no acompaña la derogación. Jorge Alvear, de Ciudadanos, tampoco mostró afinidad con esta iniciativa.
En el sector mayoritario colorado importa mucho la postura del diputado Martín Melazzi, integrante de la Comisión de Industria de la Cámara Baja. Consultado por Búsqueda, el legislador señaló que el lunes 4 Ciudadanos decidió manifestarse contra la derogación. En su lugar se quiere apoyar la nueva iniciativa, que se mantiene —modificada— en la comisión que él integra. “No vemos aconsejable derogar una ley de medios y poner en su lugar una mini ley de medios cuando ya hay un proyecto avanzado”, expresó. Derogar artículos puntuales, como el 56, sí es algo que ve más plausible, sobre todo pensando en los cableoperadores del interior del país.
De acuerdo con Melazzi, las diferencias existentes con Cabildo Abierto —relacionadas con la habilitación o no de las licencias para ofrecer televisión para abonados a empresas extranjeras y al tope de autorizaciones para un solo permisario de servicios de radio y televisión— ya estarían resueltas. “Cabildo presentó fuera de tiempo dos artículos que no se habían tratado antes: uno sobre la imparcialidad y pluralidad a la hora de comunicar, y otro respecto al financiamiento de los partidos políticos. Creemos que eso es para una comisión especial y que no tendrían que ser incluidos en la ley de medios. Nosotros apelamos a la sensibilidad de Cabildo para votar esta ley en el Parlamento”.
Más allá de un debate todavía embrionario, el diputado Álvaro Rodríguez se limitó a decir que la derogación “es la posición del Poder Ejecutivo y como tal hay que discutirla. Mi función es la de articular. Y ahí se verá”.
