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Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, la ausencia de ministros “frenteamplistas” en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) es un problema para el gobierno. Y es un problema que es responsabilidad del propio Frente Amplio, que “ha sido un exceso de democracia”.
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“Debemos ser el único gobierno del mundo que no tenemos un ministro en la Suprema Corte de Justicia”, se quejó el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio durante una visita el sábado 25 al comité de base 18 de Mayo. “No tenemos un ministro en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Somos minoría en la Corte Electoral y minoría en el Tribunal de Cuentas”, prosiguió.
“Debe ser el único caso en el mundo. El Frente Amplio ha sido un exceso de democracia. Creo que tenemos que ver cómo somos capaces de encaminar las cosas”, planteó.
Murro advirtió que los partidos de la oposición tienen un “gran poder en la Justicia”. E insistió: “A ver, compañeros, reitero, no tenemos un ministro frenteamplista en la Suprema Corte. No tenemos uno en el TCA, que es el que regula los procedimientos administrativos”.
“A ver, compañeros, reitero, no tenemos un ministro frenteamplista en la Suprema Corte. No tenemos uno en el TCA, que es el que regula los procedimientos administrativos”.
El precandidato usó una analogía religiosa para que los presentes comprendieran la relevancia del TCA: “Para los que creen en Dios, es lo que está más cerca de Dios, porque si el TCA dice que esto es vino, es vino. Y no hay adónde recurrir. Y bueno, tratá de mamarte con Salus”.
Los cinco cargos de la SCJ y del TCA son nombrados entre todos los partidos políticos, ya que requieren mayoría especial en el Senado. Si no hay acuerdo entre los legisladores, los cargos se ocupan por orden de antigüedad entre los ministros de los tribunales de apelaciones.
En este momento los partidos con representación en el Senado están negociando las designaciones para cubrir una vacante en la SCJ y otra en el TCA.
Los miembros del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral también son designados por el Parlamento.