En Chile se hace un “bajo” uso de billetes y monedas con relación al total de medios de pago disponibles, y en la región le sigue Uruguay, aunque es más del doble. En el otro extremo está Ecuador.
En Chile se hace un “bajo” uso de billetes y monedas con relación al total de medios de pago disponibles, y en la región le sigue Uruguay, aunque es más del doble. En el otro extremo está Ecuador.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn Sudamérica, 46,1% de las transacciones —en promedio— se hacen con efectivo, según un informe elaborado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) con datos a junio de 2016. Ese porcentaje corresponde al dinero físico con relación al agregado monetario que abarca los medios de pago más a mano de los agentes económicos (M1); en Uruguay era casi 40%. Felaban señala que un menor empleo de dinero en efectivo favorece una mayor canalización de recursos a través del sector formal de la economía, de la trazabilidad de las transacciones efectuadas y la eficiencia en la asignación de créditos. La alternativa a las monedas y billetes son instrumentos de pago electrónico generalmente asociados a cuentas bancarias; varios países —entre ellos Uruguay— vienen promoviendo esta “bancarización”. Agrega que estos “cambios de orden legal, operativo, logístico, comercial y de seguridad vendrían a ser parte de un nuevo ordenamiento que quizás sea el más importante en la economía en el último siglo”.
En su análisis, divulgado este mes, la asociación de bancos latinoamericanos dedica un apartado a la experiencia uruguaya de políticas para la reducción del efectivo y la promoción de los pago electrónicos. Allí describe el alcance y propósitos de la llamada “ley de inclusión financiera” que entre otras cosas obliga a abonar sueldos y pasividades con instrumentos electrónicos. “Las implicancias de esta norma () están por escribirse todavía. Sin embargo, hay que destacar la implementación y diseño de una estrategia liderada por el Estado a través de un Ministerio y una amplia colaboración con otros entes estatales, tales como el Banco Central y las autoridades de impuestos. De la misma forma, el diálogo con el sector financiero para alcanzar normas en pro del bien común son temas que dejan lecciones de suma importancia para la institucionalidad de la región”, afirma la Felaban, cuyo único miembro activo de Uruguay es el estatal Banco República. Concluye que el plan tiene “aspectos destacables” y otros que para la banca “pueden ser objeto de polémica y, por supuesto, desacuerdos (topes a las tasas de interés, obligatoriedad de prestar servicios sin costo)”, si bien “el avance es importante para marcar un futuro de mayor inclusión financiera” en Uruguay.
La expansión del uso de tarjetas de débito y crédito encuentra resistencia de empresarios de Maldonado, los dueños de las estaciones de servicio, así como de otros agrupados en el centro de almaceneros y baristas. Se quejan por las comisiones aplicadas por los emisores de esos “plásticos”; los bancos privados, por su parte, sostienen que lo que cobran es razonable dados los altos costos y el contexto de baja rentabilidad que atraviesa su negocio (ver Búsqueda Nº 1.912).
Por su parte, el gobierno defiende el plan de bancarización. Al disertar la semana pasada en un foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el ministro de Economía, Danilo Astori, destacó que propició la apertura de 250.000 nuevas cuentas bancarias, en su mayoría por parte de “los más humildes”, así como el crecimiento de los pagos electrónicos y el aumento —a 48.752 a fines de 2016— de la red de equipos para registrar ese tipo de transacciones. “Uruguay se está acostumbrando, sin ninguna duda”, a modificar sus hábitos de pago, enfatizó.