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El abogado californiano David Torres-Siegrist tenía escasa experiencia como penalista. Y, sin embargo, a mediados del 2015 quedó inmerso en uno de los casos de más alto perfil de ese año: la corrupción en el mundo del fútbol.
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Torres-Siegrist era abogado de Eugenio Figueredo cuando el entonces dirigente de la FIFA fue detenido en Suiza, en mayo del 2015, acusado de corrupción y lavado de activos por la justicia norteamericana.
Ni bien su esposo fue detenido, Carmen Burgos viajó a Zurich para encontrarse con el abogado y contratar un bufete estadounidense de prestigio. Como todos resultaban demasiado caros Torres-Siegrist propuso ser él quien defendiera a Figueredo, según relata el libro Tarjeta roja, del periodista de Buzzfeed Ken Bensinger, publicado a comienzos de 2018.
El día antes de irse de Suiza, a Torres-Siegrist se le ocurrió pasar por la Embajada de Rusia. El abogado pensaba que quizás los rusos no estaban contentos con la investigación sobre la corrupción en el fútbol porque habían ganado la puja para organizar el mundial del 2018. Quizás ellos tendrían “un consejo útil para compartir”, razonó, según el libro. Como no había nadie, dejó su tarjeta de presentación al encargado de la seguridad de la sede diplomática.
A mediados de julio del 2015 Torres-Siegrist se reunió con el fiscal adjunto del Fifagate, Evan Norris, con la intención de conversar sobre la posibilidad de que Figueredo acordara cooperar con la Justicia de Estados Unidos. Pero el abogado se encontró con que el fiscal solo quería hablar de la fianza que debía pagar el acusado. “Quería US$ 15 millones”, dice el libro, que no se consigue en Uruguay. El formato de la cooperación “era algo que podían discutir una vez que Figueredo estuviera en Brooklyn”.
Camino a su reunión con Norris en Nueva York, Torres-Siegrist había pasado por la embajada rusa en Washington, donde se encontró con un abogado que le dijo que estaban analizando el caso de Figueredo. Su tarjeta de presentación había llegado a las manos correctas.
El 24 de julio del 2015 Torres-Siegrist se encontró con el consejero político de la Embajada de Rusia en Berna, quien le entregó un sobre con varios casos en los cuales Estados Unidos había perdido peleas para conseguir la extradición desde Suiza. La llave del éxito era lograr que el país de origen del acusado también presentara un pedido de extradición.
Después de ese encuentro, en menos de tres horas, el abogado de Figueredo tenía una visa para permanecer siete días más en Rusia y un pasaje para viajar a San Peterburgo, donde había una reunión sobre el mundial. Ahí se reunió con Vitaly Mutko, entonces presidente de la Unión de Fútbol de Rusia y cercano de Vladimir Putin.
Mutko le aseguró que estaba familiarizado con el caso de Figueredo y ansioso por colaborar. “Todos los recursos serán volcados a esto”, añadió.
La justicia suiza autorizó la extradición de Figueredo a Estados Unidos en setiembre, pero un mes más tarde, días antes de que venciera el plazo para hacerlo, la Justicia uruguaya presentó un pedido que competía con el de los norteamericanos.
Figueredo tenía una causa abierta en crimen organizado desde fines del 2013, cuando varios clubes y la mutual de futbolistas denunciaron corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Si bien el exdirigente rechazó las acusaciones en el inicio, ante la inminencia de la extradición informó que quería colaborar con las autoridades locales.
Figueredo prometió dar información concreta a la Justicia uruguaya sobre otros presuntos involucrados y entregar bienes adquiridos con el dinero de la corrupción.
Los suizos le dieron la razón a Uruguay y Figueredo viajó en diciembre de 2015 a Montevideo.
En lugar de los US$ 15 millones que querían los norteamericanos de fianza, el exdirigente entregó bienes valuados en US$ 10 millones. Después de cuatro años las autoridades todavía no pudieron rematar todos esos bienes, en parte porque faltaba documentación, y prevén que recibirán menos dinero.
En el marco de su acuerdo, gracias al cual pasó muy poco tiempo en prisión, Figueredo acusó al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá de haber recibido coimas, algo que ni siquiera el FBI había podido probar. Los datos proporcionados eran débiles y, después de una investigación exhaustiva, la Justicia archivó la causa contra Bauzá.
